Paramilitarismo: detalles de los nuevos macrocasos que abordará la JEP

La justicia transicional sigue avanzando en Colombia. Además de las siete grandes investigaciones que ya adelanta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), este año habrá tres procesos nuevos relacionados con paramilitarismo.

El tribunal se ocupará de temas muy complejos, ocurridos en el marco del conflicto armado, como violencia sexual, desplazamiento y masacres. Incluso desaparición forzada, que es probablemente uno de los fenómenos más escabrosos del paramilitarismo tras varios años de amenazas a la población civil, especialmente en zonas rurales del territorio nacional.

Para la JEP es clave abordar los fenómenos de lo que se conoce como macrocriminalidad. La Justicia Transicional se ocupará de estos temas que incluso han sido pedidos por familias de víctimas y las propias víctimas. Las dudas son cómo ocurrieron, dónde, pero también quiénes fueron los responsables de tantas muertes.

Por ejemplo, la crudeza de estos hechos quedó plasmada en un informe que le entregaron el Ejército y la Fundación Colombia Líder a la Justicia Especial para las Paz (JEP). El documento, que sirve como base, condensado en relatos crudos, con cifras, citas académicas y contexto de las ocho divisiones de la institución militar, describe cómo las Autodefensas Unidas de Colombia penetraron el poder, se movieron por varias regiones, impusieron su ley y se llevaron por delante a centenares de víctimas.

El texto, elaborado durante casi seis años con apoyo de varias universidades del país y conocido en exclusiva por SEMANA, le permitirá a la JEP identificar la verdad del resurgimiento del paramilitarismo hasta su extinción desde la visión de los militares que enfrentaron este fenómeno ilegal en el país, e incluso en algunos casos se dejaron permear por su oscuro poder militar.

Hace pocos días, SEMANA reveló en primicia el fallo de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que declaró como un crimen de guerra y de lesa humanidad la masacre de San José de Apartadó registrada entre el 20 y el 21 de febrero de 2005. En la acción ejecutada por paramilitares, con cooperación de varios integrantes del Ejército, fueron asesinadas ocho personas, entre ellos cuatro menores de edad.

En la decisión se advierte la gravedad de los hechos que se presentaron en el Urabá antioqueño, una región marcada por la violencia y la lucha por el territorio entre grupos armados ilegales. “La atrocidad de la masacre y el dolor infligido con ella a la comunidad en general son evidentes”.

El 15 de febrero de 2005, en el desarrollo de la denominada Operación Fénix, adelantada por la Brigada XVII del Ejército, se realizó una avanzada hasta la zona conocida como Cerro Castañeda, lugar en el que se juntaron con paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, “uniformados y con material de guerra, con el fin de localizar campamentos subversivos”.

Seis días después, el 21 de febrero, los paramilitares asesinaron con machete a Luis Eduardo Guerra Guerra; a su hijo de once años, Deiner Andrés Guerra Tuberquia, y a la compañera sentimental del primero, Beyanira Areiza Guzmán, de 17 años, “quienes fueron retenidos, interrogados y torturados en el sitio rural de su retención, en proximidades del río Mulatos”.