Parapolítica | Corte Suprema confirma condena contra Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia

La Corte Suprema de Justicia confirmó este miércoles la condena de 95 meses de prisión (7 años y 11 meses) contra el exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales.

Según la sentencia, el exgobernador Ramos recibió dinero del asesinado excomandante del bloque Centauros, Miguel Arroyave. Y se menciona una reunión de finales de 2000, en Medellín, en el centro comercial Obelisco, en la que también habría participado alias Jota, del Bloque Metro.

A Ramos, según señala la Corte, se le atribuyeron cinco circunstancias concretas: “relaciones con el Bloque Metro y el Cartel de la gasolina, de los cuales recibió apoyo; contactos directos con Carlos y Vicente Castaño y entrega de dineros por parte de estos; aportes de Sierra Ramírez a la campaña de 2002; apoyo económico entre 2000 y 2001 por parte de Miguel Arroyave, y la reunión celebrada en los primeros meses de 2005 en la finca Bellanita”.

La decisión inicial de la Corte deja claro que Ramos “contaba con la experiencia y preparación para comprender la ilicitud de su obrar, no obstante lo cual se determinó en la comisión de la conducta punible”.

En el expediente se leen varios testimonios de jefes paramilitares que dan cuenta de cómo en la región hacían presencia los bloques Cacique Nutibara, Minero, Metro, Bananeros, Elmer Cárdenas, Central Bolívar y el Frente Cacique Pipintá, entre otros.

“No se trató en este proceso, desde luego, de cuestionar las relaciones sociales o políticas del procesado que por sí mismas no denotarían una situación objetiva de peligro para la seguridad, sino de la manera en que se articuló con un grupo armado al margen de la ley para alcanzar propósitos electorales”, advierte la Sala Penal en la decisión.

A finales de 2021, la Sala Especial de Primera Instancia lo condenó a casi 8 años de prisión, señalando que Ramos sí tuvo vínculos con las AUC y recibió apoyo de grupos armados ilegales para sus campañas.

Además de los 7 años y 9 meses en prisión, Ramos también debe pagar una multa de $7.000 millones y la sanción de inhabilidad de por vida. La condena explica que se da por los delitos de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales.

Señala el fallo que evidentemente existen pruebas de cómo hubo una estrecha relación con “diversos contactos examinados”, especialmente durante los años 2001 a 2007.

Se citan además varios testimonios que reposan en el expediente. Por ejemplo, “se habla de relación con integrantes de los bloques Héroes de Granada o Centauros, conforme acreditaron Juan Carlos Sierra Ramírez y Andrés de Jesús Vélez Franco; con el Bloque Metro y el Cartel de la gasolina, acorde con la versión de José Raúl Mira Vélez, y articulado por Metroseguridad y la llamada Oficina de Envigado –dedicadas a patrocinar bandas y combos en la ciudad de Medellín–, conforme depuso Jorge Eliécer Valle y de la recepción de dineros y apoyos a sus campañas políticas, como lo narraron Carlos Enrique Areiza Arango y Yecici Alberto Castañeda, todos los cuales articulaban a su vez la efectiva comisión de múltiples delitos en la región que pertenecía al ámbito de su influencia”.

Uno de los apartes más reveladores del fallo inicial es que la Corte deja claro que Ramos puso la función pública al servicio de estos grupos paramilitares “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia”.

Como dato curioso, en medio del agite electoral que afronta Colombia, a Ramos se le vio en un encuentro o reunión en Medellín con el entonces precandidato a la Presidencia Alejandro Char a comienzos de marzo.