¿Qué es lo que pide Piedad Zuccardi a la Corte Suprema?

Luego de la polémica generada por un supuesto complot orquestado por Piedad Zuccardi y sus abogados para enlodar a funcionarios de la Fiscalía -encargados de investigar su caso, así como el sorpresivo cambio de un testimonio en su contra-, este lunes se reactivó el proceso en contra de la antigua parlamentaria.

La exlegisladora es investigada por concierto para delinquir por su presunta cercanía con grupos paramilitares.

En esta oportunidad, Zuccardi tomó la palabra y cuestionó fuertemente el papel de la Corte Suprema de Justicia al indicar que “hay desigualdad de armas y no se me permite defenderme”. Igualmente precisó: “Lo único que estoy pretendiendo es una investigación integral propia de un Estado democrático y de derecho. Sin proceso no hay derecho”.

Le solicitó al magistrado Bustos que respete el debido proceso y le permita defenderse. “Se han hecho múltiples diligencias por funcionarios sin competencia para ello y se ha negado la participación de mi defensa. Ciento diez pruebas de 40 testigos de más de 14 procesos y en ningunos tuve derecho a controvertirlos”.

Respecto del polémico tema de las interceptaciones donde presuntamente estaría gestando un complot para favorecerse, manifestó que “las conversaciones no hablaban de urdir algún complot contra la Corte o contra las funcionarias adscritas al mismo, estaba ejerciendo el legítimo derecho a la defensa”.

El pronunciamiento de Zuccardi se dio a la hora de pedir a la Corte que permita como prueba una inspección judicial al proceso que por los mismos hechos se lleva en la Procuraduría, teniendo en cuenta que, en su criterio, ahí sí hay testigos directos que la exculpan mientras que en la Corte hay sólo testigos de referencia o de ‘oídas’.

Esta posición encontró respaldo en el delegado de la Procuraduría en este caso, Jairo Salgado, quien pidió que las transcripciones entre los diálogos deben ser excluidas materialmente del juicio para preservar el principio de lealtad jurídica.

Para el delegado del Ministerio Público, “es legítimo hacer una estrategia de defensa. En las grabaciones se habla de un hecho legítimo, que es reabrir una investigación en contra de dos investigadoras del CTI.

En la audiencia, la Corte Suprema de Justicia avaló los testimonios en el juicio de Enilce López Romero (la‘ Gata’), el desmovilizado Manuel Antonio Castellanos (el ‘Chino’) y los excongresistas condenados por parapolítica Vicente Blel, Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella.

Igualmente, declarará Miguel Pinedo Vidal, quien indicará que una serie de parlamentarios sí tenían permiso presidencial para reunirse con cabecillas paramilitares.

La Corte, además, ordenó el testimonio del esposo de la congresista, Juan José Romero, y ordenó que se trasladen declaraciones entregadas en el marco de otros procesos de los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.

El alto tribunal decretó también el testimonio de Aléider García Soto, el ‘Primo’, a quien la defensa a controvertido porque supuestamente aparece manifestado con su puño y letra su intención de declarar cuando, al parecer, es analfabeta.

En este caso, la defensa también ha reprochado la inclusión del testimonio de Galo Arturo Torres en el proceso teniendo en cuenta que la propia Corte ratificó una condena en su contra por calumniar a Zuccardi.

En su intervención, el abogado defensor, William Adán Rodríguez, había solicitado el testimonio de Mancuso, así como de las dos investigadores del CTI implicadas en el supuesto complot y del excomisionado de Paz Víctor G. Ricardo.