Parapolíticos y Farc, ¿todos en la cama...?

Si hay algo que haya marcado la historia política y judicial reciente del país es el escándalo de la parapolítica. La alianza criminal entre dirigentes políticos de varias regiones del país y grupos paramilitares que se adueñaron de distintos territorios a sangre y fuego. Llegó, incluso, a tomarse por lo menos el 30 por ciento de los escaños del Congreso en el 2006. Y cada vez que se asoma aquel recuerdo en la opinión pública hay revuelo.

Y eso es precisamente lo que acaba de pasar con una proposición de la ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz (JEP). Una propuesta que abrió la puerta para que todas las personas condenadas por sus relaciones con las autodefensas puedan recuperar sus derechos políticos, y en consecuencia, pudieran revivir para la vida política. Hasta los habilitaría para aspirar de nuevo a ser congresistas, o a ocupar cualquier otro cargo de elección popular.

La idea fue del senador conservador Juan Diego Gómez. Tiene como objetivo que todo condenado por la Corte Suprema de Justicia que decida acogerse a la JEP tenga la posibilidad de asumir los beneficios contemplados en esta jurisdicción. Eso, del papel a la realidad, se traduce en que los más de 60 políticos sentenciados por haberse beneficiado del accionar ilegal y criminal de los paramilitares podrían volver al debate electoral.

Rocío Arias, Eleonora Pineda, Álvaro ‘el gordo’ García o –entre muchos otros– Javier Cáceres, recordados en su momento por las condenas que se les impusieron por aliarse con paramilitares, no tendrían que acudir a la vieja práctica de heredar sus curules para no perder el poder político, sino que, por el contrario, podrían volver a aspirar a ocuparlas.

En caso de aprobarse la idea, solo podrían hacerlo en las regionales del 2019 o hasta en las legislativas del 2022, ya que la JEP entrara en vigencia hasta marzo del próximo año y por tiempos no alcanzarían a presentarse a los comicios que se vienen en el 2018.

“La Corte Suprema de Justica será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Si la Corte confirmara la sentencia condenatoria, la sustitución de la sanción se realizará por la Sala de Revisión imponiendo las sanciones propias o alternativas de la Jurisdicción Especial para la Paz siempre y cuando el condenado reconozca verdad completa, detallada, y exhaustiva, dependiendo del momento en el que efectúe tal reconocimiento, y siempre que cumpla las demás condiciones del sistema respecto a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y la no repetición”, dice la propuesta.

El senador Gómez y su copartidario, el presidente conservador, Hernán Andrade, son de la tesis de que este debate hay que darlo de cara al país, porque –para ellos y los sectores de Cambio Radical, del Centro Democrático, liberales y de ‘la U’ que los respaldan– consideran inviable que los responsables directos de delitos considerados como atroces, tal cual se sabe de los jefes de las Farc, puedan aspirar a cargos de elección popular y los llamados parapolíticos no puedan hacerlo. Eso, a su juicio, es dejar la paz del país a medias, porque un sector importante quedaría en desventaja frente a la ahora exguerrilla.

Claro que hay otro sector del Congreso, también representativo, que se opone a esa posibilidad y califica la propuesta como un ‘mico’ para desnaturalizar la JEP. Incluso, entre sus argumentos está que hasta los jefes paramilitares, como ‘Jorge 40’ o Salvatore  Mancuso, terminarían beneficiados con esto y se les abriría la puerta para ahora sí llegar por vías legales a tomarse el Congreso.

Entre este sector está la precandidata presidencial y senadora de Alianza Verde, Claudia López, quien argumenta que este tipo de decisiones no pueden ser viable en Colombia, pues les abre las puertas de las instituciones del país a los responsables de –entre otros delitos– masacres y desplazamientos masivos.

Ante lo candente del tema, que ha generado revuelo en los círculos políticos y judiciales del país. La plenaria del Senado no pudo tomar ninguna decisión. 21 votos a favor y 26 en contra de la propuesta. Una votación que traduce lo espinoso del asunto.

Pese a ello, la propuesta sigue viva y ahora la decisión la tendrá que adoptar la Cámara de Representantes, escenario del round definitivo de la JEP, y donde se advierte que el debate será de alto calibre.

Afuera del Capitolio, para la ciudadanía será  difícil de asimilar ver a los jefes de las Farc como miembros del Congreso entre otras porque los identifican como los responsables de graves delitos, pese a que firmaron la paz con un gobierno colombiano. Y si a ello se suma que lo mismo pasará con los parapolíticos, la discusión se torna más aguda.

Una salida salomónica fue la que planteó el senador liberal Luis Fernando Velasco: las personas que hayan sido procesadas a través de la jurisdicción de Justicia y Paz –marco jurídico con el que se juzgó al paramilitarismo– no puedan verse beneficiados con el articulado propuesto por los conservadores.

No obstante, esta propuesta también quedó en veremos, pues obtuvo 10 votos favorables y 40 negativos, por lo que no alcanzó ni a negarse ni a aprobarse.

Esto apenas fue un abrebocas del  álgido debate que seguirá vigente en el Congreso y que, a juicio de observadores, puede desnaturalizar la reglamentación de la JEP, pero que –para otros sectores– ayudará a cerrar todas las heridas de un conflicto de más de 50 años.

Lo cierto es que las Farc llegarán al Congreso en el 2018 y los colombianos tendrían que asumir, aunque un tiempo después, que al lado de los jefes de la antigua guerrilla también estén en el Capitolio los parapolíticos, un escenario inédito. La pregunta que se abre es: ¿Colombia está preparada para un situación de esa naturaleza?