Paro armado: Defensoría exige respeto por misiones médicas y personal de salud

Algunas regiones de Colombia continúan en un confinamiento impuesto por presuntos miembros del Clan del Golfo, quienes desde el pasado 5 de mayo anunciaron a través de un comunicado emitido por redes sociales la realización de un paro armado en zonas rurales de Antioquia, Córdoba y Chocó.

Hasta el momento se han presentado acciones hostiles en un total de 11 departamentos de esta región del país, según las denuncias ciudadanas hechas a través de redes sociales.

Los internautas han compartido videos y fotos de más de 60 vehículos incinerados por los delincuentes, y los momentos de angustia que han padecido las familias de estas zonas rurales, donde han llegado los presuntos paramilitares con ráfagas de tiros.

Además, los criminales han bloqueado algunas vías, haciendo imposible el tránsito seguro de las personas y los cuerpos médicos, como ambulancias, que han sido requeridos en los caseríos. Estos bloqueos han afectado también la entrega de material sanitario e insumos para las personas con tratamientos vitales.

Sobre este hecho se pronunció este domingo la Defensoría del Pueblo a través de su cuenta de Twitter, donde exigió a los delincuentes respetar las misiones médicas, ambulancias y personal de salud. “Impedir el paso de medicamentos para pacientes que requieren tratamientos vitales, como diálisis, pone en riesgo la vida”, trinó la institución.

De acuerdo con la Defensoría, estos grupos armados ilegales están poniendo a correr contrarreloj a las personas que dependen de estas entregas para mantener su estabilidad frente a enfermedades crónicas.

“Uno de los laboratorios especializados ya reporta que desde el jueves pasado no ha podido hacer las entregas de los insumos renales para 162 pacientes con diálisis en casa, en el sur de Córdoba, y para el lunes deberían llegar a otros 245 pacientes en el sur del Atlántico”, sentenció en la citada red social.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a los responsables de estos actos terroristas “para que se permita el paso de vehículos de las misiones médicas detenidos en las vías de La Apartada, Sampués y Magangué”.

El paro armado impide transportar cadáveres

Ante esta situación de orden público también se pronunció la Asociación de Personerías del Bajo Cauca (Aspebac), que emitió este sábado un comunicado manifestando su preocupación por la situación que viven los pobladores de la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

Asimismo, la asociación hizo un llamado a la institucionalidad nacional y departamental a reestablecer el orden y garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“Al tercer día de paro armado tenemos desabastecimiento de alimentos, suspensión de los servicios públicos en salud y educación; se aborda situaciones como la imposibilidad de transportar cadáveres, víveres, personas que requieren atenciones médicas en diferentes localidades. Se prevé desabastecimiento de oxígeno a razón de la suspensión del servicio de transporte” (sic), reza el documento.

De acuerdo con la Aspebac, el cierre de las estaciones de gasolina también perjudica la prestación de los servicios médicos en la región, pues se impide el suministro de combustible a las ambulancias, imposibilitando las remisiones.

“Urge que la Fuerza Pública salga a las calles a generar tranquilidad a la comunidad. Los comerciantes no aguantarán un día más de cierre, por lo que la estrategia de acompañamiento a esto es prioritaria. La escalada de violencia tiene cerrada la vía que comunica a la capital del departamento con la región Caribe”, finaliza el comunicado firmado por José Gabriel Navarro, presidente de la asociación.