Santos toma medidas extremas frente al paro camionero

El acuerdo para levantar el paro camionero sigue embolatado. Tras 38 días de cese de actividades, bloqueos y manifestaciones, el presidente Juan Manuel Santos decidió poner en cintura a los participantes de las protestas.

Inmovilizar e incautar los vehículos que se usen para bloquear las vías, cancelar la licencia de conductores, además de los permisos de operación a propietarios y empresas que participen en los bloqueos son algunas de las decisiones que este jueves tomó el Gobierno.

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Aunque el diálogo sigue abierto, el mandatario advirtió que "la violencia, las amenazas, los atentados contra las personas y los usuarios de las vías no pueden ser expresiones de protesta aceptables ni tolerables".

Esto, por cuenta de tres episodios que en los últimos días le subieron el tono al paro camionero: el accidente del gobernador de Boyacá, la muerte de un presunto protestante y los evidentes problemas de desabastecimiento de alimentos que se registran en varias zonas del país.

De ahí que entre las medidas que se adoptaron también se haya acordado un protocolo para mitigar los efectos. Es decir, se habilitarán vehículos particulares para transportar carga y se establecerá un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los transportadores que quieren trabajar.

Las decisiones van en todas las direcciones. Otra tiene que ver con el aumento del número de miembros de la fuerza pública en las carreteras del país, que han "protegido más de 1.700 caravanas contra las agresiones ilegales".

Acompañado de todo el gabinete, el mandatario anunció que se impondrán multas de hasta 480 millones de pesos. "Reitero una vez más la disposición para encontrar soluciones concertadas, pero realistas para los reclamos de los transportadores", dijo.

Aunque Santos no habló con nombre propio, sí refirió a un tema que viene empañando la negociación y que la exministra de Transporte Cecilia Álvarez puso sobre la mesa a través de un video colgado en Youtube.

"Es inaceptable que para levantar el paro haya que mantener un sistema de chatarrización que se ha convertido en un foco de corrupción y que en lugar de cumplir el objetivo de disminuir la sobreoferta de camiones esta produciendo el efecto contrario", advirtió Santos.

Otro de los que vienen avivando la polémica en medio del paro camionero es Andrés Villegas Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), condenado por su participación en el cartel de la falsa chatarrización, quien denunció en Caracol Radio que Pedro Aguilar sería el jefe de una red de corrupción en la que además están involucrados funcionarios responsables del registro de vehículos.

"Esta corrupción la tiene identificada el fiscal general, quien anoche informó que va a proceder contra ellos. Estos individuos han convertido el programa de chatarrización en un negocio particular en el que las principales víctimas son los pequeños transportadores. No se puedo tolerar un cartel del transporte, que fija los precios y prohibe la competencia", agregó Santos.

"La posición de estas personas en la mesa no busca defender los intereses de los pequeños transportadores y no protege el derecho a un trabajo decente de los conductores, a quienes -según los mismos conductores- no se les pagan sus prestaciones", puntualizó.