¿Por qué el Gobierno no va a cumplir las exigencias del movimiento estudiantil?

Se completaron dos semanas de marchas y protestas en las que profesores y estudiantes universitarios pidieron acciones inmediatas, para solucionar la crisis económica por la que atraviesan las instituciones públicas de educación superior. Como en otras ocasiones, la distancia entre las exigencias de la comunidad académica y las propuestas del gobierno es demasiado amplia y la posibilidad de llegar a un punto intermedio es casi imposible.

A las peticiones económicas de los estudiantes se suman otras exigencias que requerirían dispendiosos trámites legislativos y hasta constitucionales o que buscarían transformar radicalmente el sistema educativo superior, algo en lo que el gobierno no está dispuesto a ceder. Pese a que la administración y los alumnos todavía no se han sentado formalmente ante una mesa de negociaciones, el Ejecutivo se ha comprometido a mejorar la economía de la educación superior pública. El gran problema radica en que no hay plata para satisfacer las demandas de la comunidad académica y que las transformaciones que piden deben hacerse a largo plazo y con pocos recursos.

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Luego de las multitudinarias marchas del miércoles 10 de octubre en las principales ciudades del país, Duque anunció que adicionaría 500.000 millones de pesos al presupuesto de 2019 para educación superior pública. Sin embargo, la comunidad académica no recibió bien la noticia. Para sus miembros ese aumento no alcanza para cubrir el déficit de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y de 15 billones de inversión.

Por eso, los estudiantes llamaron a una nueva jornada de manifestaciones para el 17 de octubre. El día anterior a las movilizaciones, el presidente anunció que, en el marco del presupuesto bienal de regalías, buscaría un billón de pesos para invertir en la educación superior en los próximos dos años, e hizo un llamado al Congreso para que le ayuden a cumplir esa meta. Este nuevo anuncio tampoco les gustó a los estudiantes y el 17 volvieron a marchar.

¿Por qué, si el gobierno comparte la preocupación por la situación de las instituciones públicas de educación superior, los estudiantes siguen empeñados en continuar las protestas? Aunque el tema de la crisis es complejo y estructural, buena parte de su solución radica en la cantidad de fondos que deberían girarse al sistema educativo superior.

Para los estudiantes, los 1,5 billones de pesos ofrecidos por la administración Duque no cubren ni el 10 por ciento de lo que ellos piden. En términos presupuestales, exigen un desembolso inmediato de 3,2 billones de pesos adicionales a la base presupuestal de las universidades públicas, para suplir el déficit de funcionamiento y 15 billones de pesos para mejorar la infraestructura. También piden aumentar el presupuesto de Colciencias y del Sena. Esas demandas no se pueden cumplir, ya que el presupuesto general de la Nación, que se aprobó el pasado jueves, aumentó 41,4 billones para educación (4,4 billones para las universidades públicas).

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Pero las exigencias van más allá de cuestiones presupuestales. La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), los dos órganos más importantes del movimiento, pidieron derogar las leyes que tienen que ver con la financiación contingente al ingreso, con la acreditación de los programas de licenciatura y con la inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior. Según los estudiantes, este marco legislativo vulnera la autonomía universitaria consagrada en la Constitución.

Por su parte, los rectores de las universidades públicas, congregados en el Sistema Universitario Estatal (SUE), mantienen una posición un poco más moderada y le solicitan al gobierno destinar los 500.000 millones de pesos adicionados exclusivamente a la base presupuestal de las 32 universidades públicas del país. También le piden reembolsar el porcentaje del IVA social que iba a destinarse para las universidades públicas, pero que fue utilizado por el Icetex para cubrir otros compromisos como los de Ser Pilo Paga.

A todas estas peticiones, que en conjunto representan más de 20 billones de pesos, el gobierno ha contestado que no puede cumplirlas. Si bien la administración de Duque es consciente del déficit presupuestario de la educación superior pública, reconoce que no hay plata. Tanto el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, como la ministra de Educación, María Victoria Angulo, han dicho en varios escenarios que ellos no pueden prometer irresponsablemente cosas que no pueden cumplir sin antes solucionar el hueco fiscal de la cartera de Educación.

Pese a esa traba fiscal, el ministerio viene trabajando desde antes de las protestas estudiantiles en un plan denominado Programa de Acceso y Equidad a la Educación Superior o Generación E, en el que invertirá los 500.000 millones de pesos adicionales anunciados por Duque. La primera mala noticia, tanto para los estudiantes como para los rectores, es que ese dinero no irá a la base presupuestal de las universidades públicas. De acuerdo con las fuentes de la cartera de Educación consultadas por SEMANA, ese monto se dividirá en tres componentes: fortalecimiento de la universidad pública, gratuidad para estudiantes de escasos recursos y la transformación de Ser Pilo Paga para asegurar su supervivencia.

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En cuanto al primer programa, el ministerio destinará 279.000 millones de pesos para fortalecer la universidad pública, 223.000 millones en infraestructura y 56.000 a la base presupuestal. Por otra parte, la cartera utilizará 121.000 millones en expandir la gratuidad en el sistema de educación superior público. “Contrario a lo que muchos piensan, ingresar a la universidad pública no significa que esta sea gratuita; el estudiante siempre tiene que pagar una matrícula y hacerse cargo de su manutención. Con estos 121.000 millones nosotros buscamos beneficiar a estudiantes de escasos recursos para que no tengan que pagar la matrícula y para subsidiarles sus gastos diarios. Por supuesto, buena parte de estos recursos entrarían directamente a las universidades públicas”, explicó un funcionario del ministerio. Este segundo componente beneficiará a 320.000 jóvenes.

Finalmente, los 100.000 millones de pesos restantes servirán para transformar Ser Pilo Paga. La idea es que los 15.000 beneficiarios escojan la universidad acreditada en la que quieran estudiar, pero en esta ocasión habrá topes en la matrícula y la universidad beneficiada deberá aportar el 25 por ciento del costo. Para fortalecer este fondo el ministerio buscará el apoyo de la empresa privada.

Desde el gobierno, el presidente Iván Duque y la ministra de Educación María Victoria Angulo han dicho que no serán irresponsables prometiendo cosas que no pueden cumplir debido a los pocos recursos fiscales con que cuenta en la actualidad el Estado.   

Adicional a este plan de contingencia, la administración también se comprometió a gestionar un billón de pesos por medio del plan bianual de regalías. Esa apuesta solo podrá hacerse realidad si las expectativas sobre el aumento del precio del petróleo se mantienen y si en el Congreso hay ambiente para sacar adelante el tema.

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Como van las cosas, llegar a puntos intermedios de acuerdo entre la comunidad académica y el gobierno será casi imposible. No obstante, también es importante que todos los actores relacionados con la educación pública entiendan que la solución de la crisis no solo tiene que ver con el aumento de recursos, sino con una reforma estructural y la modernización de la Ley 30 de 1992. Un camino que debe empezarse a recorrer para salvar a mediano y largo plazo a la educación superior pública. 

LOS PROTAGONISTAS

¿Qué piden los estudiantes?

La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees),y la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), los dos órganos más importantes del movimiento estudiantil universitario le solicitan al gobierno:

• Un desembolso inmediato de 3,2 billones de pesos adicionales a la base presupuestal de las Universidades Públicas para cubrir el déficit de este año.

• Un plan de pagos de 10 años para cubrir el déficit de 15 billones de pesos.

• Incrementar a 4,5 billones de pesos el presupuesto a las Instituciones de Educación Superior públicas del país.

• Aumentar el presupuesto de Colciencias a 700.000 millones de pesos.

• Acabar con los intereses en los créditos del Icetex.

• Aumentar el presupuesto de la Esap en un 10 por ciento.

• Asignar 434.000 millones de pesos adicionales para el Sena.

• Congelar el costo de las matrículas de las IES privadas.

• Derogar la Ley 1911 de 2018 de Financiación Contingente al Ingreso.

• Derogar la Resolución 18583 de 2017 que obliga a los programas de licenciatura acreditarse.

• Derogar la Ley 1740 y el Decreto 1280 sobre inspección y vigilancia de la IES.

¿Qué piden las directivas de las Universidades Públicas?

• Que los 500.000 millones de pesos adicionados al presupuesto de educación se destinen exclusivamente a la base presupuestal de las 32 universidades públicas del país.

• El retorno de los dineros de Ser Pilo Paga, y que sean usados para financiar la educación pública superior.

¿Qué ha ofrecido el gobierno?

• Aumentar en $500.000 millones de pesos el presupuesto de la educación superior.

• En el marco del Presupuesto Bienal de Regalías, gestionar un billón de pesos de recursos para la educación superior en los próximos 2 años.