Bomba social en Cauca

Desde hace casi dos semanas, el suroccidente colombiano está en jaque en una historia que se repite cada cierto tiempo. El paro indígena, en protesta por los históricos incumplimientos de varios gobiernos con estas comunidades, resurgió con fuerza. Se inició con algunas concentraciones, evolucionó y pasó a bloqueos en la carretera Panamericana, la arteria que comunica a los departamentos del Valle, Cauca y Nariño con el resto del país, atizados con protestas y enfrentamientos con la fuerza pública.

Los bloqueos de la minga en siete puntos estratégicos de la carretera han generado pérdidas millonarias en la región, por el desabastecimiento de productos e insumos –como combustibles y algunos alimentos–, pero también por la imposibilidad de sacar las cosechas al mercado nacional.

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Tras los bloqueos, se acentuaron los choques entre manifestantes y el Esmad que dejaron mingueros heridos. Posteriormente la Policía denunció que atacaban a sus hombres con machetes y ácidos y hasta agredieron a un grupo de verificación de la Defensoría del Pueblo.

Pero la copa se rebosó el martes 19 de marzo cuando, a la altura del municipio de Mondomo, desconocidos recibieron a tiros a los uniformados del Esmad mientras les lanzaban artefactos explosivos. Como resultado, un policía murió y cuatro quedaron heridos.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), entidad que aglutina a los 126 cabildos existentes en el departamento, arreció sus denuncias en torno a violaciones de derechos humanos y la infiltración de la minga por parte de agentes del Estado. Mientras tanto, el Gobierno exigía levantar bloqueos y cesar las vías de hecho.

Y a medida que las partes se alejaban, los sectores productivos del país su unían para rodear al presidente Iván Duque, exigir diálogos sin bloqueos, y advertir las pérdidas económicas que Fenalco y el Consejo Gremial Nacional calcularon en 2.000 millones de pesos diarios. Es decir, que el paro indígena ya suma 20.000 millones de pesos en pérdidas.

Además, al paro se le han sumado elementos externos que no existían en otras mingas y fortalecen la de ahora. Por ejemplo, esta vez tiene el respaldo de otras organizaciones sociales como los Consejos Indígenas de Huila y Caldas; el apoyo de organizaciones campesinas como Fensuagro; la Coordinación Nacional Agraria (CNA); Marcha Patriótica; el Comité de Integración Macizo Colombiano (Cima); y hasta el partido político Farc. En total, se estima que este paro concentró a por lo menos 20.000 personas.

Ante este complejo escenario, una ventana de oportunidad se abrió en la noche del jueves cuando Gobierno e indígenas se reunieron y lograron acordar el viernes –al cierre de esta edición– una mesa técnica de trabajo para buscar una salida y ponerle fin a las protestas y bloqueos.

A pesar de este hecho esperanzador, otro incidente enrareció de nuevo el ambiente: en la tarde del jueves, ocho indígenas murieron tras una explosión en zona rural de Dagua, Valle del Cauca. Al momento del cierre de esta edición, las autoridades no habían dado una versión oficial.

Esto abriría un nuevo frente al Gobierno, con protestas, paros y marchas, en donde, además de los índigenas, campesinos y maestros, entre otros, ya tienen lista su agenda.

El problema indígena

Esta protesta nació más por un asunto político y de mecánica que por falta de plata. Así quedó claro cuando se supo por qué indígenas y Gobierno se levantaron de la Comisión Mixta en la que discutieron por más de dos meses las inversiones para sus comunidades.

Este Gobierno enfrenta un problema que viene desde 1999 cuando la administración de entonces firmó el primer compromiso ante la declaratoria de la emergencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas del Cauca. Desde entonces, cada presidente ha sentido la capacidad de convocatoria de la minga, pero esas protestas han culminado en la firma de nuevos compromisos casi nunca respetados.

Una cifra aclara este círculo vicioso: a la fecha las partes han firmado 1.523 acuerdos para cumplir lo incumplido y por eso en 2017 el entonces presidente Juan Manuel Santos quiso ponerle punto final a esa espiral. Para ello expidió el Decreto 1811, que fija mecanismos para ejecutar esos acuerdos mediante una comisión mixta entre el Gobierno y el Cric.

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Pero el proceso volvió a entrar en desgracia en diciembre pasado cuando los indígenas exigieron apropiar los 3,6 billones de pesos necesarios para ejecutar en este cuatrenio los compromisos adquiridos. El presidente Duque respondió que eso no era necesario porque “en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) existe una partida especial para las comunidades étnicas por 10 billones de pesos”.

Foto: La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, lograron acordar con los indígenas la instalación de una mesa técnica de trabajo.

Así, el meollo del asunto no parece ser la plata, sino la forma de apropiarla e invertirla. Por ejemplo, los indígenas aseguran que los 10 billones de pesos de los que habla el Gobierno no quedaron incluidos en el PND, sino como un anexo. Eso lo confirmó Gloria Alonso, directora de Planeación Nacional: “Las concertaciones con los indígenas se cerraron el mismo día que se radicó el PND, entonces sí nos quedó recogido en forma de un anexo”, dijo la funcionaria en una entrevista radial.

Ese detalle que parece de forma, en realidad es de fondo y así lo sintieron los indígenas. “El PND es una ley y lo que esté por fuera, pues no se cumple; si no está en el articulado técnica y jurídicamente es imposible cumplirlo; entonces solo hay una promesa de una plata”, explicó el senador indígena caucano, Feliciano Valencia.

Hay otro detonante, el político. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, varias veces dijo que, en la protesta indígena, “El tema no son las inversiones; el fondo es que ellos son sectores de oposición al Gobierno y quieren un debate político”.

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De paso se queja porque según ella los indígenas insisten en hablar directamente con el presidente Duque para tratar otros temas como el fracking, la JEP y hasta el problema de Hidroituango. Pero para los voceros del Cric esos temas son obvios y transversales porque de alguna manera se cruzan con la agenda de los puntos centrales de los compromisos, “como constitución de territorios ancestrales, autonomía, control territorial y justicia indígena”, explicó Neis Lame, consejero del Cric.

Las suspicacias políticas sobre el paro arreciaron cuando el sábado anterior durante una de las mesas de diálogo entre voceros del Gobierno y el Cric, hubo un momento tensionante cuando se apareció sin invitación el senador de la Farc Pablo Catatumbo, a quien de inmediato retiraron los consejeros indígenas.

Río revuelto

A medida que avanza el paro indígena aumentan las denuncias en dos vías: por un lado, sobre violaciones a los derechos humanos de los mingueros y, por otro, los señalamientos de infiltraciones de la protesta.

Aunque el Ejército y la Policía han sostenido que disidentes de las Farc infiltraron la minga indígena, el propio comandante de la Policía del Cauca, coronel Fabio Rojas, reconoció públicamente que no tenían pruebas.

En realidad el Ejército sí posee datos de inteligencia militar que concluyen que en esa zona del Cauca delinque un grupo disidente que se hace llamar columna móvil Dagoberto Ramos, liderado por un exguerrillero del Sexto Frente de las Farc, conocido con el alias de Majin Boo. Se trata de un curtido disidente con 14 años de experiencia en la guerrilla y que “pertenece a las etnias indígenas de la región”, explicó en una entrevista a La W el general Luis Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.

Las autoridades le atribuyen a esa organización criminal el asesinato en Mondomo del patrullero del Esmad Boris Alexánder Benítez Leclerc, quien de acuerdo con una fuente de Medicina Legal murió por causa de una herida de bala en el cuello. Mientras tanto, sus compañeros resultaron heridos con esquirlas de un artefacto explosivo.

El tema de los disidentes no es de menor cuantía, ya que para nadie es un secreto que, tras el repliegue de las Farc, la región se convirtió en el trofeo territorial que ellos se pelean a muerte con los Pelusos y el ELN. De hecho, en noviembre del año pasado la Organización Nacional Indígena (Onic) y el Cric denunciaron amenazas en panfletos firmados por disidentes. Allí manifestaban su rechazo al control territorial que ejerce la guardia indígena, incluso contra sus miembros, “(…) Columna Móvil Dagoberto Ramos Farc-EP, en las que se amenaza a los cabildos indígenas del Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Huila, especialmente su guardia indígena”, denunció la Onic.

Los platos rotos

En medio de ese coctel explosivo quedaron los ciudadanos, comerciantes y empresarios que nada tienen que ver con el problema, pero que están pagando los platos rotos.

Para tener una idea del impacto económico de los bloqueos sobre una de las principales arterias del suroeste del país, basta decir que por esa carretera circulan diariamente 179 vehículos de carga que movilizan un promedio de 2.000 toneladas en mercancías como manufacturas, arroz, avena y abonos. Además, por ese corredor transportan diariamente 124.000 galones en líquidos como petróleo, gasolina, biodiesel, bebidas y agua tratada, entre otros.

^{Foto: Los bloqueos han originado dificultades en el suministro de productos e insumos. Uno de ellos, el de combustibles, se ha sentido con mayor intensidad en Pasto, Nariño.}

Eso explica que el sector de transporte de carga, uno de los más golpeados, reporte pérdidas diarias por 190 millones de pesos. Para Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, el paro visibilizó otro problema del que poco se habla: “Colombia carece de vías alternas”.

En Asoleche también hacen su propio balance, y desconcierta. Explican que el paro impactó a 30.000 familias productoras y que las pérdidas diarias alcanzan 275 millones de pesos, “ya que en esa zona del país producen 250.000 litros diarios de leche que no pueden llegar a las plantas procesadores existentes en Caloto (Cauca) y Jamundí (Valle)”, afirmó Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Asoleche.

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En Nariño, la situación se ha tornado desesperada porque allí ya se siente el desabastecimiento de combustible. Lo prueba que solo ocho estaciones de gasolina reportan un inventario de apenas 320.000 galones.

La Cámara de Comercio de Pasto hizo un balance preliminar al revelar que productos de exportación hacia el centro del país como papa, mora, arveja, leche, café, banano, plátano, hortalizas, panela y limón, se encuentran represados y acumulando pérdidas millonarias. “Solo en papa se dejan de comercializar 350 toneladas y las pérdidas por día son de 270 millones de pesos”, dice el informe.

Ni hablar de lo que podría pasar con los 3 millones de aves que hay en las 280 granjas del departamento, ya que en la actualidad solo tienen alimento para 15 días. Por otro lado, aseguran que la demanda mensual de cemento es de 100.000 bultos, pero las ferreterías solo reportan un inventario de 5.000.

Esas cifras sumadas al desconcierto ciudadano hicieron que los gobernadores de los cuatro departamentos afectados (Valle, Cauca, Nariño y Putumayo) se reunieran con el presidente Duque al comienzo de esta semana. Del encuentro concluyeron la necesidad de tratar de tender puentes con el Cric para restablecer los diálogos, lo que derivó en la instalación de la mesa técnica de trabajo. Y aunque varios ministros y funcionarios públicos han estado en la zona, algunos, como Camilo Romero, gobernador de Nariño, han insistido en que “el presidente Duque debería ir al territorio”.

Quizás aún no sea tarde para atender esa sugerencia y de paso desactivar una bomba social que crece en una de las regiones más productivas del país. Porque que podría conectarse con otras que podrían generarle más dolores de cabeza al Gobierno. 

Confusa explosión

La muerte de ocho indígenas en el Valle no está clara y enrarece la situación.

Al cierre de esta edición las autoridades aún no habían logrado determinar las circunstancias en las que el jueves se produjo una explosión en el resguardo indígena Juntas, zona rural del municipio de Dagua (Valle del Cauca) que dejó un trágico saldo de ocho personas muertas y cuatro heridas.

Las comunidades indígenas dicen que un artefacto explosivo causó la masacre, luego de que alguien lo arrojó en el lugar en el que se encontraban las personas. Incluso algunos señalaron a la fuerza pública, pero esta versión fue perdiendo fuerza frente a las pruebas y testimonios que han aparecido en las investigaciones, además porque nadie reportó la presencia de uniformados cerca al lugar.

Alejandro Guevara, personero local, aseguró que a las tres de la tarde reportaron un accidente, luego de que se había tratado de la explosión de una mina y al final, que en el sitio había ocurrido una explosión en una de las viviendas del resguardo, El personero precisó que las autoridades indígenas exigieron suspender esa noche el levantamiento de los cadáveres y las tareas de investigación hasta cuando estuvieran presentes delegados de derechos humanos.

La tragedia que enlutó a los indígenas, enrareció aún más la minga, por cuanto en la explosión murieron justamente mingueros de las comunidades nasa, embera y waunan. Estaban en las concentraciones del Cauca, pero el miércoles pasado decidieron trasladarse hacia el Valle para establecer otro punto de concentración con 5.000 personas.

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Video y fotos en poder de las autoridades muestran a la mayoría de las víctimas sin brazos, con heridas en el frente y los costados de sus cuerpos. Por otro lado, el tamaño de los destrozos evidencia una explosión de gran potencia. Ese tipo de heridas es consistente con la forma como mueren quienes manipulan un material explosivo. Esta hipótesis explicaría también por qué las autoridades han enfrentado tantas dificultades para entrar y hacer su trabajo. Ojalá lo ocurrido quede aclarado lo más pronto posible.