Paro indígena: una historia de nunca acabar

El paro indígena, al cierre de esta edición, completaba cinco días de protestas y bloqueos sobre la vía Panamericana, que une a tres departamentos del suroccidente del país. Y tenía al sector productivo de la región pagando los platos rotos de las diferencias entre el Gobierno y los manifestantes.

En ese periodo, los gremios de transporte de carga, pasajeros y pequeños productores de leche hablan de pérdidas que superan los 5.000 millones de pesos, que van en aumento.

Durante varios años, los caucanos vienen padeciendo las consecuencias de las movilizaciones indígenas que siempre desembocan en el bloqueo de esa arteria vial. La estrategia de presión es tan evidente que Feliciano Valencia, reconocido líder de la guardia indígena, lo advirtió en un video que circuló por redes sociales: “La metodología que hemos acordado es presionar en la vía Panamericana y dialogar con el Gobierno aquí en Monterilla (Caldono)”.

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La estrategia no es nueva y en el pasado les funcionó incluso durante el Gobierno Uribe, cuando los bloqueos eran más intensos. Al final, todos los mandatarios terminan sentados en la misma mesa con los indígenas para firmar sus demandas, pero las incumplen por la misma razón: falta de presupuesto.

Ese círculo vicioso es tan evidente que, desde la firma de los primeros compromisos en 1999 cuando se declaró la emergencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas del Cauca, a la fecha se han renegociado 1.500 nuevos compromisos. Todo ello motivó al Gobierno de Juan Manuel Santos para expedir el Decreto 1811 de 2017, el cual fija mecanismos para ejecutar esos acuerdos. Es decir, crearon una norma para cumplir lo incumplido y establecieron una comisión mixta entre el Gobierno y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) para definir las inversiones. Ahí está el meollo del asunto y el motivo de la actual protesta.

La armonía entre el Cric y el Gobierno Duque duró solo hasta diciembre, cuando los indígenas le exigieron apropiar los 3,6 billones de pesos requeridos para ejecutar en los próximos cuatro años los compromisos adquiridos por Gobiernos anteriores.

Ante ello, la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, les respondió que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) ya existe una partida especial por 10 billones de pesos para las minorías étnicas. “Sentémonos a mirar qué le corresponde al Cauca –les dijo–, y ellos ya no quisieron y se pararon de la mesa”, explicó. Pero atizó la hoguera al afirmar que “el tema no son las inversiones; el fondo es que ellos son sectores de oposición al Gobierno y quieren un debate político”.

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Algo muy distinto argumenta Neis Lame, el consejero mayor del Cric. Según él, “Lo que nos hizo parar de la mesa mixta es que con este Gobierno los diálogos se volvieron regresivos; ya habíamos progresado con inversiones en algunos sectores, pero empezaron a desmontarlas”. Lo dijo tras aclarar que esos recursos son para invertir en sectores como territorio, salud, educación, derechos humanos, jurisdicción especial indígena y comunicaciones.

En síntesis, nadie niega que a los indígenas del Cauca el Estado les debe ese dinero, y ante tantos incumplimientos, lo justo es ejecutar las obras. Pero como expresó el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, “Son situaciones de unas magnitudes fiscales tan enormes que requieren una revisión a fondo”.

El escenario es tan caótico que en esta protesta sucedió un hecho inusual: 16 líderes gremiales del Cauca le escribieron una carta pública al presidente Iván Duque para manifestarle su apoyo en la crisis actual, pero con una solicitud: no negociar en medio de los bloqueos de la Panamericana.

Los caucanos y en especial los líderes gremiales solo tienen claro que esta protesta no puede tener como resultado “(…) la firma de nuevos acuerdos que nos sigan arrastrando, históricamente, a incumplimientos y demandas contra el Estado colombiano”. Pero parece que estas diferencias no tienen fin.