Vándalos: ¿llegará la justicia?

El Estado pierde muchas batallas contra los vándalos que protagonizan las peores escenas de caos, violencia y destrucción por estos días. Además de las peligrosas refriegas que estallan cuando la Policía o el Esmad los enfrentan, gran cantidad de situaciones pasan factura y dificultan la lucha eficaz contra los encapuchados, que súbitamente aparecen para destruir todo lo que encuentren a su paso. 

Luego de una semana de paro nacional las autoridades han capturado 188 personas en el país. Allí están muchos de los vándalos, que encapuchados han dado ribetes de violencia a algunas movilizaciones. Muchos de ellos usan las universidades como trinchera para lanzar sus artefactos pues saben que allí están protegidos, lo que hace mucho más difícil capturarlos.

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El episodio más brutal tuvo lugar en Neiva el martes. Arnoldo Verú Tovar, de 43 años, miembro de la Policía Metropolitana de esa ciudad, recibió de lleno el impacto de una poderosa papa bomba lanzada por un grupo de encapuchados desde los predios de la Universidad Surcolombiana. La detonación le voló el casco al policía y lo dejó gravemente herido en rostro, cuello y manos. De inmediato sus compañeros lo trasladaron al hospital y desde entonces permanece en cuidados intensivos con pronóstico reservado. Afronta un trauma craneoencefálico severo y las lesiones en los tejidos blandos requerirán de varias cirugías plásticas.  Las autoridades de Neiva ofrecieron 15 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar a los responsables. En ocho días de paro 341 uniformados han resultado heridos.

Los delincuentes se esconden en una capucha y arrojan papas bombas y botellas con combustible para sembrar el caos. Cuando los capturan, judicializarlos se convierte en una odisea. En Bogotá robaron un bus y lo estrellaron contra la puerta de un supermercado para saquearlo.

La semana de confrontación también deja un récord de 328 hechos vandálicos. La mayoría han tenido lugar en Bogotá (250) pero ciudades pequeñas como Facatativá (12), Pamplona (2) o Yumbo (1) también han sido blancos del salvajismo, lo cual resulta preocupante. También inquieta que del total de hechos vandálicos registrados en el país solo 269 se hayan reflejado en una noticia criminal. Esto quiere decir que 69 acciones destructivas no han sido judicializadas. Los vándalos atacan principalmente sedes o estaciones de Policía, edificios públicos, entidades bancarias, el transporte público y los locales comerciales.

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En Cali, la ciudad más afectada después de Bogotá, Fenalco reportó que solo el 21 de noviembre vandalizaron más de 50 establecimientos en varias zonas de la ciudad. El cierre de Unicentro ese día dejó pérdidas por 2.000 millones de pesos. El sistema de transporte masivo, MIO, registró 40 estaciones atacadas y 18 buses terminaron pintados con grafitis y con vidrios rotos. Ese día las pérdidas para el MIO se habrían acercado a los 2.000 millones de pesos. “Y el daño no es solo económico, también afecta la percepción de la ciudad y la confianza entre la ciudadanía”, dice Andrés Villamizar, secretario de seguridad de Cali.

En Popayán, la Policía capturó a 25 personas por los hechos vandálicos cometidos contra la sede de la alcaldía y del Icetex. La Fiscalía los llevó ante los jueces y les imputó “porte de explosivos” pues lanzaron papas bombas y botellas incendiarias. Pero quedaron en libertad porque el juez consideró que según la ley esos artefactos no son explosivos.

Las autoridades han judicializado a los vándalos en Bogotá y Cali sobre todo por el delito de perturbación del transporte público. “Pero nos hemos encontrado con que los jueces al unísono han dicho que eso hace parte del derecho a la protesta, además que no comporta medida de aseguramiento porque la pena comienza en 15 meses”, explica la fiscal Claudia Carrasquilla, Delegada para la Seguridad Ciudadana en la Fiscalía General. Y agrega: “Cuando nos vamos por el delito de violencia contra servidor público, no alcanzamos a recibir la denuncia del servidor, ni la valoración médica porque los policías afectados deben quedarse conteniendo la oleada de personas”. 

Los más buscados

Además de las casi 200 personas capturadas, la Policía ha aprehendido a otras 1.540 en las marchas en el país. Se trata de gente encapuchada u otro tipo de sospechosos que no estaban ejerciendo vandalismo, y por tanto sin posibilidad de judicializarlos. En esas situaciones la Policía solo puede tomar la medida administrativa de “conducirlos”, es decir, alejarlos del lugar y retenerlos para dejarlos en libertad al cabo de 12 horas, luego de los disturbios.

En síntesis, las autoridades enfrentan tres grandes problemas a la hora de judicializar con eficacia a los vándalos. Por un lado, no es fácil identificarlos ya que suelen tirar la piedra y esconderse en los campus estudiantiles. A la hora de los enfrentamientos las autoridades no entran allí por respeto a la autonomía universitaria y para evitar choques mayores. Por otro lado, el pie de fuerza es insuficiente. Cuando surge una situación lo más urgente es evitar que los vándalos hagan de las suyas. Si los policías que repelen los ataques se dedicaran el resto de la jornada a judicializar a los delincuentes, el lugar atacado queda nuevamente a merced de ellos. Y, finalmente, hay un corto circuito entre quienes le ponen el pecho a las situaciones en la calle y los jueces que hacen exigencias a la hora de las audiencias para legalizar las capturas. 

¿Qué hacer ante esta situación? En Cali el martes tuvo lugar un Consejo de Seguridad encabezado por el alcalde Maurice Armitage y el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Todas las autoridades involucradas expusieron sus problemas a la hora de enfrentar el vandalismo y al final surgió una estrategia que está dando buenos resultados. 

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Decidieron que había que hacer un esfuerzo conjunto por identificar a los vándalos. De ahí salió la idea de elaborar un cartel con los más buscados y ofrecer recompensas por información que permita ubicarlos y judicializarlos.  Por las redes sociales –el canal por el que los violentos ponen a correr su mensaje de miedo y terror– difundieron el cartel de los más buscados con fotos y algunos datos preliminares de cada uno de estos. 

La Policía pudo identificar a 31 presuntos vándalos que participaron en los desmanes y ataques del 21 de noviembre. Siete de ellos resultaron ser menores de edad, a quienes las autoridades restituyeron sus derechos con un llamado de atención a los padres. Ahora trabajan en ubicar a los 24 más buscados con una recompensa de hasta 3 millones de pesos por información que permita su captura.

Las autoridades se sorprendieron ante la reacción de la ciudadanía en las redes frente a la idea del cartel de los vándalos más buscados. Los cibernautas comparten y comentan positivamente las publicaciones que la Policía hace con fotos de los delincuentes en acción y un número para llamar a dar información de sus identidades. Y lo más importante, efectivamente la ciudadanía se comunica y da pistas sobre los buscados. 

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“Ese instrumento ha funcionado, la misma comunidad ha identificado muchas de esas personas encapuchadas, luego nos contactan y nos señalan quiénes son. Así además podemos impulsar investigaciones estructurales más allá de los hechos coyunturales”, dice la fiscal Carrasquilla.

La estrategia empezó en Cali y ya la han replicado las ciudades donde se han presentado desmanes protagonizados por encapuchados. Se ha convertido en un importante aliciente que la propia gente que marcha desenmascare a los vándalos. Una protesta pacífica, sin violencia ni delincuentes, es la mejor forma de darle legitimidad a los reclamos sociales. Por ahora los jueces tienen la palabra para castigar de manera ejemplar a todos aquellos vándalos que acudieron a la violencia para deslegitimizar las marchas. Porque la impunidad en estos casos es más grave que la capucha.