Paro nacional | Abren investigación a juez penal militar del caso Santiago Murillo

En un verdadero calvario se convirtió para el juez 188 de la Justicia Penal Militar adelantar la investigación contra los uniformados de la Policía Nacional comprometidos con el asesinato del joven Santiago Murillo, en Ibagué, en el marco de las jornadas de protestas del pasado primero de mayo. El juez, que es un mayor, ordenó la captura de dos oficiales y un patrullero, decisión que ha tenido que explicar y defender de otra autoridad, la Fiscalía.

Primero, cuando el juez penal militar ordenó la captura de los oficiales de la Policía, la propia Fiscalía se anticipó a interponer un conflicto de competencia y a pedir que la investigación se quede en la justicia ordinaria. Los argumentos fueron expuestos ante un juez de control de garantías que al cerrar la audiencia compulsó copias para que se investigue a su homólogo penal militar.

Ahora se conoció que a través de los delegados ante el Tribunal, la Fiscalía abrió una investigación contra el juez penal militar por un presunto prevaricato. Entre los jueces de esa jurisdicción y algunos expertos penalistas se habla de una posible extralimitación de funciones del ente acusador.

Incluso el fiscal Francisco Barbosa remitió una carta a modo de exigencia al ministro de Defensa, Diego Molano, en la que pidió un reporte detallado de las investigaciones que cursan en la jurisdicción castrense y con los pormenores de cada proceso. Eso para el abogado Andrés Garzón es una equivocación del jefe del ente acusador, pues no es la forma de acudir a la información que está en cabeza de los jueces de instrucción.

“En el fondo, el fiscal Francisco Barbosa tiene razón, pero no es la forma porque le está mandando una carta a quien no tiene que entregarle la información. Quien se la va a entregar es la dirección de la Justicia Penal Militar, no el ministro, esto después del Decreto 302 de 2021 que creó la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar”, dijo el abogado Garzón.

Fuentes del proceso que se adelanta en la Justicia Penal Militar aseguraron que los jueces están en plena disposición de trabajar con la Fiscalía para esclarecer los hechos del pasado primero de mayo y cuando falleció Santiago Murillo, pero los fiscales a cargo, aparentemente están más interesados en “amedrentar” a los jueces de instrucción con decisiones como inspecciones judiciales a los despachos donde terminan por llevarse o copiar las investigaciones que se adelantan.

Para el profesor Francisco Bernate, el fiscal no se equivoca solo en la forma, sino en el contenido y la intención de su solicitud al Ministerio de Defensa. En criterio de los expertos, el jefe del ente acusador no puede pedir información que es parte de la reversa de los jueces de instrucción, que también gozan de independencia judicial y no responden a órdenes de la Fiscalía.

“Cualquier persona medianamente informada sabe que hubo un acto donde el presidente de la República posesionó al exfiscal Fabio Espitia, que entre otras cosas le entregó el cargo al actual fiscal. Así que enviarle una carta al Ministerio de Defensa tiene los mismos efectos que enviársela a la alcaldía de Facatativá”, señaló el profesor Bernate.

El asunto con la investigación que abren desde la Fiscalía y contra este juez de instrucción penal militar, no solo ponen en duda las decisiones que se tomaron desde la jurisdicción castrense, sino que advierte usurpación de funciones, pues de acuerdo con la misma jurisdicción, debería ser el Tribunal Penal Militar quien investigue a este juez.