Paro nacional: capturan otro policía por el asesinato de Santiago Murillo en Ibagué

Santiago Murillo fue asesinado durante las protestas del pasado primero de mayo en la ciudad de Ibagué, el responsable de este crimen sería un miembro de la Policía Nacional, por este caso ya son tres los uniformados capturados, el más reciente, un patrullero que fue vinculado a la investigación un mes después de ocurrido el crimen.

Como parte de esta investigación la Justicia Penal Militar ordenó la captura del mayor Jorge Mario Molano Bedoya, comandante de la estación Norte de la Policía de Ibagué y el teniente Pablo Andrés Parra, comandante del CAI Éxito en la misma ciudad. Los dos uniformados fueron vinculados al proceso luego de que reconocieron haber disparado durante las protestas.

“La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial informa que, una vez se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos el día 01 de mayo de 2021, en el municipio de Ibagué, Tolima... En desarrollo de la investigación, se allegó material probatorio y evidencia física que dio lugar a vincular a dos oficiales de la Policía Nacional por el presunto delito de homicidio”, se lee en un comunicado de la Justicia Penal Militar.

La captura de los uniformados se convirtió en la manzana de la discordia para la Fiscalía. Una vez conocieron las decisiones de la Justicia Penal Militar se enfilaron esfuerzos por arrebatarle la investigación a la jurisdicción castrense. Primero, lo dijo el propio fiscal Francisco Barbosa al indicar que no permitirán que los procesos por violaciones a los derechos humanos estén fuera de la justicia ordinaria, en otras palabras en la Fiscalía.

“En el marco de la defensa de los derechos humanos, la Fiscalía propondrá conflicto de jurisdicciones, por conducto de un juez de control de garantías, para mantener la competencia de investigar y esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de este joven”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado.

La Justicia Penal Militar fue más amable al responder al ente acusador, pero no soltaron la investigación. El juez de instrucción penal militar incluso ordenó una nueva captura de un patrullero que, al parecer, el día de los hechos disparó su arma de dotación, pero a diferencia del mayor y el teniente, no informó, ni entregó su arma al CTI.

La defensa de los dos oficiales interpuso, luego de recaudar el material probatorio, una revocatoria de la medida de aseguramiento que regresó a la libertad a sus clientes: el mayor Molano y el teniente Parra. Las evidencias encontradas por la defensa, al parecer, dan cuenta que los dos uniformados estaba en un lugar diferente y a pesar de haber accionado su arma de dotación, no serían los responsables del asesinato.

En esa discrepancia entre la Fiscalía y la jurisdicción castrense, el fiscal Francisco Barbosa envió una carta al ministro de Defensa Diego Molano en la que pedía de manera inmediata un informe sobre las investigaciones que se adelantaban en la Justicia Penal Militar con el detalle de las personas involucradas y los hechos indagados. La carta no ha sido respondida por el Ministerio pero quienes se anticiparon a cuestionarla, fueron los expertos penalistas.

“Es un atentado contra la independencia judicial lo que pretende hacer el fiscal enviando una carta a quien ni siquiera la podía responder, porque cualquiera en este país medianamente informado, sabe que la Justicia Penal Militar ya no depende del Ministerio de Defensa” señaló el abogado del profesor Francisco Bernate.

Con esta captura, la del patrullero ya serían tres los uniformados judicializados por el asesinato de Santiago Murillo en Ibagué y aunque dos ya quedaron en libertad, el proceso continúa mientras en la Corte Constitucional se define el conflicto de competencias.