Paro nacional: ¿Dónde están las decenas de desaparecidos?

David llevaba varios días participando en las marchas. Se reunía con sus amigos en el Parque Obrero de Itagüí y se unían a las manifestaciones de manera pacífica. No es un muchacho temerario, ni mucho menos; sin embargo, en medio de una confrontación que hubo con el Esmad, lo montaron a una patrulla sin mediar palabra. No le hablaron de derechos y tampoco le dijeron que era parte de un procedimiento. Estuvo metido en un calabozo, donde fue golpeado, y cuatro horas después lo dejaron libre. Durante ese tiempo, sus amigos y familiares lo creyeron muerto. De otras decenas de ciudadanos hoy no se tiene noticia o, simplemente, estuvieron retenidos más tiempo.

En Armenia, por ejemplo, un periodista denuncia: “Aquí varios muchachos fueron capturados, los golpearon y luego los liberaron sin un peso, pero no en Armenia, sino en otros municipios, como Filandia, Circasia o Pijao. Muchos son de barrios vulnerables y salieron porque necesitaban desahogar su frustración por las condiciones adversas en las que han tenido que vivir”. En un país como Colombia, donde la desaparición forzada ha sido un mecanismo para acabar con la diferencia, no deja de ser preocupante que haya denuncias de más de 400 desaparecidos tras una semana de protestas. ¿Dónde están los muchachos?

Más allá de las preocupaciones por la infraestructura, hay que levantar la voz por quienes no aparecen y por quienes han muerto en medio de esta tormenta. Según diferentes organizaciones civiles que le han seguido la pista al tema, la gravedad de los sucesos registrados ha hecho que las cifras y las informaciones de todos los casos no se hayan podido unificar.

Por ejemplo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice) señaló que, hasta este jueves, el listado de denuncias por personas desaparecidas desde el inicio de las movilizaciones el pasado 28 de abril llegaba a 471, y que esta base de datos había sido elaborada por las más de 26 organizaciones participantes de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MDTDF) y entregada a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Defensoría del Pueblo. Una cifra realmente escandalosa.

De ese total de casos documentados, 92 personas ya han aparecido, después de ser “privadas arbitrariamente de la libertad y ser llevadas a Centros de Traslado por Protección (CTP), Comandos de Atención Inmediata (CAI) y otros sitios no autorizados por la ley”. Estos ciudadanos denunciaron haber sido “golpeados y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de violencia sexual y basada en género, en el caso de mujeres e integrantes de la población LGBTI”.

Dos de los reportados fueron hallados sin vida en el río Cauca, según la información recolectada por Movice. Uno de los cuerpos fue identificado como Brahian Gabriel Rojas López, y el otro no ha sido reconocido; ambos habían desaparecido después de participar en la movilización en La Arena de La Virginia (Risaralda) el 28 de abril.

De acuerdo con estas organizaciones, en los 471 casos documentados por la MDTDF “está comprometida la responsabilidad de integrantes de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”. Por lo que la MDTDF solicitó a la Fiscalía General de la Nación esclarecer los hechos y, además, crear un reporte de personas capturadas en el marco de la protesta.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, también entregó un balance. Según la institución, los casos de posibles desapariciones llegan a 145. De estos, 55 habían logrado ser ubicadas y 90 aún estaban pendientes por verificar su paradero.

Los posibles hechos de uso excesivo de la fuerza y violencia de parte de la fuerza pública siguen creciendo cada día. Este viernes, la Defensoría actualizó su balance de verificación, en el que señaló que se han registrado 3.481 actividades contra las políticas del Gobierno nacional en 689 municipios del país. Esto ha dejado “354 personas lesionadas y 38 miembros de la fuerza pública heridos durante las manifestaciones”. Sin embargo, las cifras siguen siendo recibidas por las organizaciones sociales con desconfianza, pues señalan que no reflejan realmente la magnitud de los hechos y las evidencias que testimonian las imágenes y los videos difundidos por los mismos marchantes.

Una búsqueda urgente

La desaparición en Colombia es un fantasma que no debería estar deambulando, menos en un momento en el que se reclama por el cansancio que la ciudadanía tiene frente a la indiferencia gubernamental que se ha acumulado por años.

Luz Marina Hache Contreras, integrante de Movice, dice que ella ha vivido durante 34 años y ocho meses con el dolor de una desaparición, la de su compañero Eduardo Loffsner Torres. Por eso insiste en que las organizaciones se unieron para que los jóvenes no sufran lo mismo, para que hoy este delito no se siga normalizando y las movilizaciones no estén bajo ese manto.

“Por eso exigimos un protocolo del mecanismo de búsqueda urgente; que la primera búsqueda se haga por medio de ese mecanismo”, comenta haciendo énfasis en que las primeras 72 horas de desaparecida la persona –y más en la situación que se vive en la actualidad– son claves, pero “las autoridades de cualquier índole se han negado a atender a los familiares con el argumento de que no han pasado 72 horas”.

Han conocido casos, incluso, en el que la Policía ha negado el ingreso a la defensa de los detenidos. Antioquia es uno de los lugares que preocupa ante los datos recogidos por las organizaciones, pues hasta ayer (7 de mayo) tenían información de 135 personas desaparecidas. Claro, también está el reclamo por el Valle del Cauca, Bogotá, Meta, Pereira y, en general, el país, donde se han presentado estas denuncias. “Es preocupante porque no queremos que esta generación tenga que vivir lo que nosotros ya vivimos”, dice Hache Contreras.

Desde el Movice advierten que hay suficientes elementos probatorios de policías de civil y carros que no están marcados con las insignias de la institución y que están atacando a la gente, y mencionan que prueba de esto son los videos que circulan en las redes sociales, que han servido como el grito desesperado cuando no hay respuesta institucional.

Ante esto, el llamado a la comunidad internacional ha sido la constante. José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas en Human Rights Watch –la organización no gubernamental que vigila el respeto de los derechos humanos–, compartió el pasado 3 de mayo en su cuenta de Twitter que un equipo “está documentando casos de abuso policial y violencia durante las protestas en Colombia”. E invitó a quienes tienen denuncias a que se comuniquen con él: “Mis DMs (mensajes directos) están abiertos a cualquier testigo presencial o víctima de abusos que quiera contactarnos bajo total confidencialidad”.

Sin importar las distintas cifras que muestran las organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo, las denuncias sobre desaparición y capturas ilegales son el síntoma de que las vulneraciones de derechos no son una invención. Es necesario que las autoridades actúen con prontitud para dar con el paradero de quienes se reportan como desaparecidos. El largo prontuario del país –con más de 120.000 casos entre 1958 y 2018– es la evidencia de que este es un mal que corroe el alma de la sociedad.