Paro Nacional: La Fiscalía indaga responsabilidad de alcaldes por omisiones en las protestas

Para la Fiscalía es claro que por los muertos, heridos y desmanes ocurridos en diferentes partes del país, tiene que haber responsables, sean civiles, funcionarios o delincuentes los llamados a dar explicaciones en la justicia. De ahí que con la nueva directiva para la atención e investigación de casos ocurridos en el marco de las protestas, firmada por el fiscal general Francisco Barbosa, los procesos se investigarán en contexto.

Además, la investigación en contexto podría facilitar el recaudo de material probatorio y entender mejor las dinámicas de la protesta: cuándo realmente un hecho se convierte en una conducta criminal. Sin embargo, lo que llama la atención de esa metodología de investigación es que podría vincularse a las autoridades distritales y municipales por la omisión en sus funciones.

La Fiscalía indaga en la presunta responsabilidad que tendrían alcaldes de las diferentes ciudades y las zonas más afectadas con los desmanes, casos de prevaricato, en otras palabras dejar de ejercer su función. Desde el ente acusador aseguraron que los alcaldes deben proteger el derecho a la protesta y garantizar la seguridad de los ciudadanos que no participan de las manifestaciones.

“El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, desde el 28 de abril, delegó más de 35 equipos conformados por grupos de fiscales, policía judicial del CTI y la Policía Nacional, y personal de Medicina Legal, expertos en cada una de las líneas abordadas para garantizar los derechos fundamentales y el acceso a la justicia”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.

A propósito, hace unos días algunos gremios y un grupo de comerciantes en la ciudad de Cali advirtieron que demandarán al municipio tras falta de protección y acción a la hora de garantizar su derecho al trabajo. Aseguran que en las zonas afectadas por las manifestaciones son víctimas de amenazas para impedir abrir los negocios y continuar con su actividad comercial.

“Ante los excesos y situaciones irregulares presentados en los últimos 40 días en la ciudad de Cali en los que la peor parte la han sufrido y la están llevando las que además son las empresas que generan más del 82 por ciento del empleo de la ciudad y merecen todo nuestro respaldo”, señalaron desde la Fundación Defensa de Inocentes los encargados ahora de adelantar las demandas contra la Alcaldía de Cali.

La directiva de la Fiscalía se convierte en una guía para que los fiscales que adelantan las investigaciones puedan analizar el entorno y conocer realmente la situación que afecta a los ciudadanos, por supuesto tomar decisiones sobre la responsabilidad que tendrían quienes deben garantizar la protección de todos los ciudadanos que se manifiesten o se queden en casa.

Al respecto, la Procuraduría General de la Nación también advirtió que tienen abiertas varias investigaciones que relacionan a funcionarios públicos por posibles faltas disciplinarias, algunas se encuentran en etapa preliminar y otras ya como procesos formales que podrían derivar en sanciones del Ministerio Público.

El fiscal general Francisco Barbosa entregó también un balance del puesto de Mando Unificado Judicial y que condensa las cifras o datos respecto a la protesta desde el pasado 28 de abril. El jefe del ente acusador aseguró que al menos 224 personas han sido objeto de imputación de cargos por diferentes delitos como el daño en bien ajeno, terrorismo, violencia contra servidor público, hurto, homicidio y hasta secuestro.

“En materia de infraestructura, a nivel nacional, se han presentado ataques a 194 Centros de Atención Inmediata (CAI) y 203 vehículos de la Policía Nacional, 62 estaciones de servicio, 242 sedes bancarias, 107 cajeros automáticos, 318 entidades públicas, 38 peajes y 364 saqueos en almacenes”, advirtió el fiscal general Francisco Barbosa.

Las personas que fueron judicializadas, la mayoría se encontraban en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali y los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca y Nariño.