Paro nacional | La deuda del presidente Duque con el Tribunal de Cundinamarca

El informe que la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal de Cundinamarca, le pide al presidente de la República Iván Duque sobre la asistencia militar que ordenó en varias ciudades, no es un asunto nuevo, forma parte de una discusión jurídica sobre el cumplimiento o desacato a la orden de abstenerse a marchar el pasado 28 de abril y primero de mayo, que emitió el mismo Tribunal y que fue ampliamente criticado por diferentes sectores políticos y sociales del país.

Las movilizaciones, marchas y hasta revueltas, que incluyeron enfrentamientos con la fuerza pública, ocurrieron en los dos días que el Tribunal de Cundinamarca ordenó no salir a las calles para evitar la propagación de la covid-19. Los magistrados, al tratar de resolver si el Gobierno, los promotores del paro y la fuerza pública incurrieron en un desacato, convocaron a varias audiencias que en las últimas dos semanas se cumplieron, con invitados como el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas; el ministro de Defensa, Diego Molano, y los gobernadores del Valle del Cauca, Nariño, Huila y Norte de Santander.

En ese listado de asistentes a las audiencias, la magistrada Nelly Villamizar contempló al presidente de la república y, aunque en algunos autos se explicó que era requerido para una declaración jurada, luego aclararon que se trataba de un informe sobre las actividades desarrolladas por el Gobierno respecto a la asistencia militar que ordenó el presidente, no que tenía que asistir a rendir una declaración.

Desde el pasado 31 de mayo se desarrollaron las audiencias de cara a determinar el grado de responsabilidad en el desacato o cumplimiento del auto del Tribunal que ordenó suspender las movilizaciones. En los encuentros también estuvo el ministro del Interior, altos consejeros de la Presidencia y alcaldes de las ciudades de Cali, Pasto y Neiva.

En las reuniones los magistrados escucharon qué acciones y procedimientos tomaron las autoridades para frenar la jornada de violencia que terminó en enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. En las audiencias también se fijaron los protocolos para los procedimientos de control del orden público en el marco de la protesta y la vigilancia que debieron hacer entidades como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Los magistrados del Tribunal le explicaron a los representantes legales de la Presidencia de la República la importancia de recibir los informes del primer mandatario sobre las decisiones y argumentos que llevaron a tomar la determinación de acudir a la asistencia militar en diferentes ciudades del país. El documento se requiere, pues será el sustrato de la decisión que la próxima semana tomará el Tribunal de Cundinamarca respecto al cumplimiento o el desacato de la providencia del 27 de abril sobre la suspensión de las movilizaciones.

En las audiencias también estuvieron los representantes del Comité Nacional del Paro, algunas centrales obreras y sindicales, que entregaron sus argumentos sobre la responsabilidad que tendrían en el desacato o cumplimiento de la sentencia objeto de discusión.

En consecuencia, y luego de recibir el informe de la Presidencia, el Tribunal tomará una determinación que incluirá las responsabilidades del caso sobre el desacato a la sentencia y las medidas que debieron tomar las autoridades correspondientes de cara a garantizar la protección de los Derechos Humanos, el respeto por el derecho a la protesta y evitar los ataques a la fuerza pública.