Paro nacional: las polémicas actuaciones de congresistas opositores

“Actúen, rebélense. Ustedes tienen que pensar. Ustedes no son asesinos ni lo van a ser nunca. Rebélense. A ustedes también los están golpeando, me duelen ustedes y me duelen ellos...”. Estos reclamos, a gritos, a los policías no sucedieron en las calles en medio de los centenares de arengas que se viven en el paro nacional.

La escena ocurrió en el Congreso de la República en medio de un debate parlamentario, y la persona que gritaba era una representante a la Cámara: María José Pizarro. “Sálganse, ¿qué hacen aquí?”, agregaba con más fuerza Ángela María Robledo, una de sus colegas del Capitolio. Los policías habían entrado porque otro representante, John Jairo Hoyos, contó con mucho sentimiento lo que había sucedido en Cali por el paro nacional. Se armó un debate y, en ese momento, dos representantes entraron en conflicto. La pelea subió de tono, y las autoridades ingresaron a la sala.

El controvertido episodio se convirtió en una de las imágenes inéditas que ha arrojado el paro. “Lo sucedido fue sacado de contexto”, explicó la representante Pizarro, quien, sin embargo, pidió disculpas. La escena, que parecía de novela, se ha repetido varias veces. Congresistas, en diferentes episodios, intervienen agresivamente para evitar la actuación de la Policía, no solo en el Parlamento, sino a lo largo y ancho del país, e incluso en medio de escenas de vandalismo.

¿Se están extralimitando? La Procuraduría lo investiga. Por ahora, tres congresistas ya tienen un proceso formalmente abierto: María José Pizarro, Alexánder López y Wilson Arias. Todos estos expedientes son el resultado de quejas ciudadanas interpuestas ante la entidad, algunas anónimas. En el caso de Arias, lo investigan por, supuestamente, haber utilizado su cargo para instar a que liberaran a unas personas, detenidas en flagrancia durante los disturbios en Cali. Los hechos sucedieron el pasado 30 de abril, y el mismo congresista del Polo Democrático fue quien los compartió en Twitter.

En el video se ve al congresista, con el tapabocas mal puesto, señalar una patrulla de la Policía y acercarse a quienes la manejaban. “Soy Wilson Arias, senador de la república. Usted tiene unos muchachos allá detenidos. ¡Grave!”, dice fuertemente. El senador asegura que los jóvenes han sido “golpeados y torturados”. La patrulla arranca, y el senador se queda reclamando a gritos frente a la cámara. “Están siendo golpeados inclementemente… Vamos tras de ustedes”, agrega, y se monta a su carro para perseguirlos. “No me pidan que me quede en la casa viendo las paredes. Mi obligación es salir a estar con el pueblo pacífico”, escribió el congresista al compartir el video.

A López lo investigan por hechos similares. El primero de mayo se conoció un video en redes sociales en el cual aparece el congresista en medio de una aglomeración en Cali. “Libertad, libertad, libertad”, grita la multitud, mientras resuenan las cacerolas. El senador está en primera línea frente a la patrulla y la hace abrir. Y de ahí salen seis jóvenes detenidos, ondeando banderas de Colombia y en medio de aplausos. El senador les da palmadas en la espalda cuando cada uno recupera la libertad. “Están masacrando a la juventud y quieren que uno se quede en la casa comiendo palomitas”, le dijo López a SEMANA.

Y Pizarro es investigada por pretender utilizar su investidura para intervenir ante los agentes del Esmad en medio de un plantón en la plaza de Bolívar el pasado 5 de mayo. “Estoy en el Capitolio y le pido por favor a Claudia López y a la Policía que detengan las acciones violentas del Esmad en la Plaza de Bolívar. Son ellos quienes están provocando a los manifestantes”, escribió ella en Twitter este día, mientras las imágenes se transmitían en un Facebook Live. La actuación de los congresistas ha causado polémica. En medio de los excesos y abusos del vandalismo del paro nacional, algunos –en especial los congresistas del Centro Democrático– han denunciado que no es a los parlamentarios a los que les corresponde impartir autoridad o frenar la acción de las autoridades.

En Colombia, el rol de los congresistas siempre ha sido entendido ampliamente, y se considera que para que puedan ejercer su labor deben ser libres para poder opinar y debatir, con la seguridad de que no tendrán represalias judiciales por esa labor. Eso quedó claro en el proceso 8000 con la famosa sentencia de Carlos Gaviria sobre la inviolabilidad del voto parlamentario. En ese momento, la Corte Suprema les abrió investigación a 109 representantes para determinar si el voto de absolución a Ernesto Samper se había dado a cambio de prebendas. La Corte determinó que los congresistas son inviolables en sus debates y no pueden ser perseguidos por sus votos.

Sin embargo, afuera del Congreso no es claro que tengan esa misma inmunidad y, por eso, hoy estas actuaciones están bajo la lupa. Para los congresistas de la oposición, lo que se teje realmente es una “andanada”, como lo califica Pizarro. “Esto es un falso positivo, un montaje disciplinario... No hay ningún argumento ni ninguna prueba”, asegura López.

El congresista agrega que “ese mismo día a las once de la mañana yo reclamaba la presencia de la Procuraduría, porque había más de 40 jóvenes, detenidos de manera ilegal. Nunca llegaron”. Esta semana, 35 dirigentes expidieron un comunicado en el que consideraron que el organismo de control “está propiciando el escenario para silenciar a la oposición”.

Como telón de fondo de esta controversia, hay un tema de mucho calado. En el Congreso avanza el proyecto de ley que busca ajustar las funciones de la Procuraduría al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Gustavo Petro. Como se recordará, este alto tribunal aseguró que un organismo no judicial no podía sacar de la política a quienes habían sido elegidos popularmente. Así las cosas, con el estatus actual, ninguno de estos congresistas podría tener una sanción semejante con estas investigaciones.

El fallo de la CIDH tiene frenada a la Procuraduría frente a sus actuaciones contra políticos en el paro. Hay, al menos, tres casos que han llamado la atención, pero que no se han traducido en sanciones. Por ejemplo, el alcalde de Zipaquirá, Wilson García Fajardo, que incita en un video a que se hagan bloqueos a Bogotá, y el alcalde de Paipa, Fabio Medrano, que apoya el paro en varios videos y sale a las marchas.

La representante Ángela María Robledo, quien hasta ahora tiene una indagación por el episodio del Congreso, ha sido muy crítica del rol que cumple ahora la procuradora Margarita Cabello y de los poderes adicionales que tendría si el proyecto es aprobado así como va. “El proyecto da superpoderes a Cabello. Es un monstruo para la persecución política, cuotas burocráticas y para hacerle trampa a la CIDH”, señaló.

La procuradora, por su parte, ha explicado que el proyecto es necesario para garantizar la lucha anticorrupción en el país. En medio de tantas complejidades del paro, el papel de los congresistas está hoy cuestionado. El director de la Policía, general Jorge Vargas, le dijo a SEMANA que se investiga si hay políticos detrás de los actos de vandalismo. Lo mismo ha dicho el fiscal Francisco Barbosa. Si eso fuera verdad, el paro nacional abriría un capítulo adicional en la ya maltrecha historia de la justicia y el Congreso.