Paro nacional: nuevo round entre Fiscalía y Justicia Penal Militar por procesos contra policías

La discrepancia jurídica entre la Fiscalía y la Justicia Penal Militar sobre la competencia en los casos que involucran a miembros de la fuerza pública durante las protestas del paro nacional, tiene un nuevo capítulo. El fiscal Francisco Barbosa le pidió al ministro de Defensa, Diego Molano, un informe detallado con las investigaciones que se adelantan en la Justicia Penal Militar, contra miembros de la fuerza pública a lo largo de las jornadas de protesta, desde el pasado 28 de abril, cuando se inició el paro nacional.

Incluso, el fiscal le dice al ministro que a la hora de entregar ese informe se indica el lugar y fecha de los hechos, además del nombre de la persona que aparece involucrada, es decir del uniformado que esté siendo investigado por hechos delictivos en el marco de la protesta y con ocasión de su función como policía o militar.

“Particularmente solicitó la revisión inmediata de las diligencias y elementos de prueba relativos a los casos que dentro del marco ya descrito, se relacionen con la presunta comisión de homicidio, lesiones personales y delitos sexuales”, se lee en la solicitud que elevó el fiscal Francisco Barbosa al ministro Molano.

El fiscal le pide al ministro de Defensa que entregue de manera detallada las investigaciones que se adelanten por la participación de civiles armados y que dispararon en contra de manifestantes, junto a la Policía Nacional, en las pasadas protestas del 28 de mayo y cuando se cumplió un mes del paro nacional, específicamente en el sector de Ciudad Jardín, en el sur de Cali.

“Hechos sobre los cuales un fiscal destacado de esta institución asumió conocimiento desde el pasado 29 de mayo, lo anterior con miras a que la Fiscalía General de la Nación cumpla con las competencias constitucionales y legales que le corresponden”, enfatizó el fiscal.

Francisco Barbosa le hace una advertencia al ministro Diego Molano al momento de redactar el informe con el número de investigaciones y los hechos que son materia de indagación por la Justicia Penal Militar, le insiste que tengan en cuenta “los estándares normativos y jurisprudenciales que delimitan la competencia de la Justicia Penal Militar”.

Uno de los primeros requisitos para que las investigaciones terminen en el escenario de la justicia ordinaria o la Penal Militar, tiene que ver, según el fiscal, en que por regla general de los procesos penales arranca en la Fiscalía, incluso cuando las investigaciones o los hechos materia indagación, ocurran o se cometan en el marco de operativos de la policía o el ejército. “La Justicia Penal Militar en este orden de ideas es excepcional de interpretación restrictiva y está diseñada para proteger bienes jurídicos propios de las instituciones castrenses”.

En segundo término, el fiscal le aclara al ministro que la Justicia Penal Militar no puede investigar casos que delimiten derechos humanos, consagrados por la convención americana sobre los derechos humanos y de ser así, en esos casos rige lo que se conoce como la ruptura del vínculo del hecho investigado con la actividad del servicio de policía, es decir quedaría en poder de la justicia ordinaria.

Finalmente el fiscal explica que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que los excesos de la Policía “en el marco del control de disturbios, despeje de vías con ocasión de la protesta, son competencia de la justicia ordinaria”, resaltó el jefe del ente acusador en la carta que envió al ministro de Defensa.

Para el fiscal Francisco Barbosa es importante que el Ministerio de Defensa responda a la mayor brevedad y así poder adelantar las investigaciones que corresponden de acuerdo al ordenamiento jurídico y establecer responsabilidades.