Paro nacional: ¿Qué puede esperar Colombia del informe de la CIDH?

Esta semana, la visita de cuatro integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), liderados por su presidenta, Antonia Urrejola, fue el foco de atención nacional. Luego de semanas de polémica por la esperada llegada del organismo internacional, los diplomáticos, provenientes de Washington, cumplieron una detallada agenda, que empezó el 7 de junio en Bogotá y finalizó el jueves 10 con la salida de los comisionados del país.

Estos cuatro días estuvieron entre Bogotá y Cali, dialogando con diferentes actores protagonistas en medio del paro. Conversaron con el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y miembros del gabinete. También se reunieron con la Defensoría, la Fiscalía y la Procuraduría, las cuales, a su vez, rindieron informes.

Los comisionados dialogaron con congresistas tanto cercanos al Gobierno como de la oposición. El representante Juan David Vélez le contó a SEMANA que desde el Centro Democrático entregaron un informe con varios puntos, entre ellos, evidencias de que el Gobierno ha garantizado la protesta pacífica, sin tolerar el vandalismo y los bloqueos, y siendo enfáticos en que estos vulneran los derechos de los colombianos.

Otro punto expresado por el Centro Democrático a la CIDH fueron las evidencias de injerencias de grupos armados al margen de la ley con alcance transnacional, como el ELN y las disidencias de las Farc, y el apoyo de naciones, como Venezuela y Cuba, que pretenderían desestabilizar al país y al Gobierno.

La Comisión de Paz, liderada por Roy Barreras, entregó otro documento en el que asegura que son, por lo menos, 70 fallecidos y “centenares de desaparecidos”. Los congresistas pidieron que los casos alcancen tribunales internacionales. En contraste, la vicepresidenta habló de 21 fallecidos, y la Fiscalía investiga 19 desaparecidos. Ese mismo día, la CIDH habló con las altas cortes, entre ellas, la JEP.

¿Una comisión imparcial?

Una alerta emanada de varios sectores con la visita de la CIDH es la imparcialidad que pueda tener. Diana Perafán, lideresa del Cauca, aseguró que la información sobre bloqueos en la región no fue atendida por los comisionados. “Sentí una gran decepción, porque asistí a una obra teatral donde todos se conocían, y lo único que pude percibir es la construcción de un argumento basado en derechos humanos para generar un golpe de Estado”, aseguró. Perafán agrega que allí se buscó deslegitimar a la fuerza pública.

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, hizo una denuncia similar. Dijo que tanto en Cali como en Popayán había recibido críticas de que en las visitas no escucharon a víctimas del vandalismo y terrorismo, tampoco a empresarios y afectados por los bloqueos. “Comentan que hay sesgo. Puede afectar la credibilidad en su labor”, señaló Pinzón.

A esos reclamos se sumaron voces críticas que no ven en la CIDH un organismo independiente. El abogado Abelardo de la Espriella afirmó que tienen un sesgo ideológico de izquierda, y Salud Hernández habló de que Colombia no es una dictadura y que sus instituciones, en medio de errores, funcionan.

La periodista puso otro argumento sobre la mesa: algunos miembros, como la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, cuando se desempeñaba como directora de Amnistía Internacional en México, dejó ver en sus informes cierta inclinación política. Este mismo reclamo sobre los organismos internacionales en general ya se ha realizado en otras partes del mundo. Unos señalan que favorecen a determinados sectores; otros, que en su momento funcionaron para mediar conflictos, pero que hoy las dinámicas son distintas.

Entre los informes recibidos por la CIDH en Colombia, se encuentran los de organismos que han mostrado determinadas inclinaciones. En los documentos está incluido el de las ONG Temblores, Indepaz y Paiis. Allí piden, a modo de conclusión, que haya un “desmonte definitivo del Esmad”, que dejen de usar las armas no letales y que haya una reforma a la Policía, similar a la que proponía la oposición. Otro informe cuestionado, y que se llevaron los comisionados, es el de Human Rights Watch, criticado porque desde el título sienta una posición.

Un Gobierno abierto al diálogo

El presidente Duque y su gabinete se mostraron dispuestos a la investigación de la CIDH. La vicepresidenta Ramírez estuvo atenta a las necesidades de los comisionados en el país, además de que había viajado hace unos días a abrirles las puertas para su investigación.

“Fue una visita importante para mostrarle a la CIDH que las instituciones colombianas están funcionando”, le contó la vicepresidenta a SEMANA, quien sintió que fueron receptivos con la información y entendieron el contexto. Aun así, es consciente de que el informe puede ser crítico, pero fue enfática en que las pérdidas han sido incalculables y que no se tolerarán violaciones a los derechos humanos.

El presidente Duque sabe que en estos momentos los ojos del mundo están puestos sobre Colombia y abrir las puertas demostró que no hay nada que esconder.

La CIDH no se ha pronunciado oficialmente, pero la próxima semana entregará el informe con todos los detalles de su visita. Solo hasta entonces se podrá saber si realmente escucharon a todas las víctimas del paro nacional.