Paro nacional | Recapturan a mayor de la Policía por el asesinato de Santiago Murillo en Ibagué

Un nuevo capítulo se da en la investigación que se adelanta por el homicidio del joven Santiago Murillo en Ibagué, caso que el país recuerda por los lamentos de su mamá, quien, al conocer de la muerte de su hijo, pedía entre gritos y sollozos que se la llevara con él. En esta ocasión, la Fiscalía ordenó la captura del mayor Jorge Mario Molano Bedoya, quien fue detenido en la URI de Usaquén.

Murillo fue asesinado durante las protestas del pasado primero de mayo en la ciudad de Ibagué y el responsable de este crimen sería un miembro de la Policía Nacional. Por este caso ya son tres los uniformados capturados. En el caso del mayor Jorge Mario Molano Bedoya se trata de una recaptura, pues su detención ya había sido ordenada, pero en esa ocasión por la Justicia Penal Militar, que días más tarde le dio la posibilidad de defenderse en libertad. Ahora, en contradicción con esa decisión, la Fiscalía lo pone de nuevo tras las rejas.

En este caso se han estado disputando la jurisdicción entre la Fiscalía General de Nación y la Justicia Penal Militar generando un choque de trenes entre las dos jurisdicciones. En principio, la Justicia Penal Militar ordenó la captura del mayor Jorge Mario Molano Bedoya, comandante de la Estación Norte de la Policía de Ibagué y el teniente Pablo Andrés Parra, comandante del CAI Éxito en la misma ciudad. Los dos uniformados fueron vinculados al proceso luego de que reconocieron haber disparado durante las protestas.

En su momento, la JPM dijo que “la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial informa que, una vez se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos el día 1.° de mayo de 2021, en el municipio de Ibagué, Tolima (...) en desarrollo de la investigación se allegó material probatorio y evidencia física que dio lugar a vincular a dos oficiales de la Policía Nacional por el presunto delito de homicidio”.

Una vez conocieron estas decisiones se enfilaron esfuerzos por arrebatarle la investigación a la jurisdicción castrense. Primero, lo dijo el propio fiscal Francisco Barbosa al indicar que no permitirán que los procesos por violaciones a los derechos humanos estén fuera de la justicia ordinaria; en otras palabras, en la Fiscalía.

“En el marco de la defensa de los derechos humanos, la Fiscalía propondrá conflicto de jurisdicciones, por conducto de un juez de control de garantías, para mantener la competencia de investigar y esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de este joven”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado.

La Justicia Penal Militar no soltó la investigación. El juez de instrucción penal militar incluso ordenó una nueva captura de un patrullero que, al parecer, el día de los hechos disparó su arma de dotación, pero a diferencia del mayor y el teniente, no informó ni entregó su arma al CTI.

En esa discrepancia entre la Fiscalía y la jurisdicción castrense, el fiscal Francisco Barbosa envió una carta al ministro de Defensa, Diego Molano, en la que pedía de manera inmediata un informe sobre las investigaciones que se adelantaban en la Justicia Penal Militar con el detalle de las personas involucradas y los hechos indagados. La carta no ha sido respondida por el ministerio.