La disidencia que amenaza con dividir La U

En 2014, el Partido de la U se consolidó como el más poderoso del país al obtener el 15 por ciento de las curules en el Senado y el 20 por ciento en la Cámara. Esa historia de éxito había comenzado ocho años atrás, cuando un grupo de uribistas creó esa maquinaria electoral con el propósito de reelegir a Álvaro Uribe. Entonces, sin ningún tipo de acuerdo ideológico sustancial, se juntaron electores que venían del Partido Conservador, Cambio Radical, Colombia Democrática, Convergencia Ciudadana y Alas Equipo Colombia.

Juan Manuel Santos diseñó esa fusión y se apoyó en ella para ganar las elecciones en 2010. Durante sus dos gobiernos logró que ese partido fuera su mejor aliado y eje de la coalición de la Unidad Nacional que le permitió sacar adelante la paz en el Congreso. Durante ocho años de Santos y cuatro del segundo periodo de Uribe, La U tuvo presidente propio, lo cual le permitió consolidarse como un partido de gobierno.

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Pero 2018 significó otra cosa para la colectividad. El partido venía de perder a los ‘Ñoños’, sus mayores electores, en los escándalos del cartel de la toga y Odebrecht. Y en las presidenciales se quedó sin candidato, pero sobre todo sin presidente.

A diferencia de los conservadores, que apoyaron a Duque al inicio, o de los liberales, que lo apoyaron en segunda vuelta, La U nunca tuvo una posición oficial. Tácitamente dejó en libertad a sus 56 congresistas de apoyar a quien quisieran. Más de la mitad se fueron con el uribismo pero, como llegaron tarde, en la campaña los consideraron alfiles de segunda categoría.

En la campaña, duquistas y antiuribistas convivieron en La U en forma civilizada. El problema surgió hace algo más de una semana cuando –por cuenta de lo establecido en el Estatuto de la Oposición– los partidos debieron declararse gobiernistas, de oposición o independientes. Inicialmente se pensó que La U se mantendría en la independencia, y así lo entendieron la opinión y Aurelio Iragorri, director del partido. Sin embargo, las negociaciones con el gobierno, encabezadas por el consejero político Jaime Amín y la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, poco a poco inclinaron la balanza a favor de este.

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Después de varias reuniones entre esos dos funcionarios y algunos miembros de la bancada, entre los que se destacaron los senadores Eduardo Pulgar, Andrés García Zuccardi, José David Name y Johny Besaile, hermano de Musa, una mayoría decidió defender la posición oficialista. Iragorri llamó a votar y 25 congresistas apoyaron respaldar al presidente Iván Duque, mientras que 14 decidieron mantenerse como independientes.

A pesar de que fue una decisión consultada, puso en riesgo la unidad del partido. Inmediatamente los dos senadores más mediáticos de la colectividad, Armando Benedetti y Roy Barreras, clamaron por hacer una “escisión” del mismo, argumentando la inconveniencia de apoyar a Duque. Creen que el Ejecutivo quiere una coalición sin representación política. Aunque esa idea puede interpretarse como un reclamo porque a La U no le tocaron puestos en el orden nacional, en el fondo tuvo que ver con críticas a la manera como el gobierno logró alejar a la mayoría de la independencia. Al insinuar que hubo mermelada, Benedetti catalizó la división. “El gobierno de @IvanDuque lleva casi un mes diciendo que está haciendo historia porque no ha dado mermelada, pero hoy en la casa de la Sociedad Económica, con más de 15 congresistas, se acabó el cuento de hadas cuando crearon expectativas de futura mermelada y mantuvieron la que hay”, trinó.

Por otro lado, el senador Barreras anunció que defenderá “el legado de Santos”, y a pesar de que La U no tiene un origen ideológico, acudió a argumentos de ese tipo para justificar la escisión. “No pido que nos vayamos a la oposición, pero sí a la independencia. No podemos apoyar a un gobierno que ganó atacando la paz y que va en contravía de la defensa de las libertades individuales que el partido ha apoyado durante estos años”, asegura.

El director de la U, Aurelio Iragorri, envió una carta a Iván Duque para invitarlo a discutir las propuestas temáticas de La U, que se declaró partido de gobierno.  No ha recibido respuesta. Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA 

Roy y Benedetti tienen con ellos a 14 congresistas más. Allí están los senadores Roosvelt Rodríguez, Germán Darío Hoyos y José Ritter López, y 11 representantes a la Cámara, dos de los cuales inicialmente habían respaldado el gobiernismo. Aunque no son mayoría, entre todos suman más votos que los 25 duquistas, lo cual los lleva a creer que podrían quedarse con la personería. El miércoles de la semana pasada se reunieron decididos a avanzar en la idea de separarse. “No podemos insistir en mantenernos unidos con diferencias tan profundas”, insiste Barreras.

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Para el gobierno eso implica que, en la práctica, carece de mayoría en el Congreso. En el caso del Senado, si bien formalmente mantiene una coalición de 54, al quitar a los cinco disidentes realmente solo tiene el apoyo de 49 de 108 parlamentarios. Algo similar ocurre en la Cámara. Eso sin contar con que, dado el carácter técnico y poco político de los ministros, será aún más difícil para el Ejecutivo convencer a los recién llegados de que voten sus iniciativas.

La convivencia política en La U se volvería imposible, como la prueba que, a menos de dos meses de instalado el Congreso, el grupo ‘disidente’ logró sacar adelante en la Comisión Primera del Senado el proyecto de curules especiales para las regiones azotadas por el conflicto. Esa iniciativa, derivada del acuerdo de paz, se hundió en la legislatura pasada por la acérrima oposición del Centro Democrático y el Partido Conservador. Tampoco es del gusto del actual gobierno. Sin embargo, ganó en la comisión con el liderazgo de La U y el apoyo de Cambio Radical, el Partido Liberal, la Alianza Verde y Gustavo Petro.

Otra habría sido la historia si se hubiera presentado un acuerdo programático entre La U y el gobierno para justificar la declaratoria del partido como gobiernista. Sin embargo, nunca lo discutieron. Iragorri le insistió al gobierno considerar algunos temas, consignados en una carta que le envió al presidente. Entre ellos, fortalecer la educación pública, promover el desarrollo rural integral y respetar el acuerdo de paz con prioridad en las víctimas. Al cierre de esta edición no había recibido respuesta. A eso se suma el hecho de que los congresistas Pulgar, Name y Besaile, quienes acercaron la mayoría de La U al gobierno, no son propiamente reconocidos en el Congreso por su fortaleza ideológica.

¿Es este el fin de La U? ¿Tiene sentido la escisión? ¿Cuál es el futuro inmediato del partido que hasta hace poco era el más poderoso burocrática y electoralmente? Quienes promueven la disidencia argumentan que la escisión es posible gracias a que la Ley de Partidos permite que estos se dividan cuando las fracciones son irreconciliables por razones programáticas. “Eso es lo que nos está pasando”, asegura Barreras.

No obstante, una cosa dice la ley y otra la realidad política. Una escisión de ese tipo requiere que los estatutos del partido la avalen, y en el caso de La U no tiene claridad al respecto. Se pueden reglamentar, para lo cual los dieciséis congresistas que defienden la separación enviaron una carta al Consejo Nacional Electoral para preguntarle si, en caso de división, ambos grupos representados en el Congreso podrían mantener la personería.

De no ser posible, el bando que defiende la escisión trataría de incluir en la reforma política un artículo que permitiera a los congresistas dividir sus partidos por una sola vez o, en su defecto, desplazarse hacia otros. El sector de los dieciséis considera que sumar una votación tan alta les da la legitimidad para quedarse con el logo de La U y defender la independencia, y que los gobiernistas deben volver al uribismo y–por tanto– sumarse al Centro Democrático.

De fondo, esa discusión se refiere a una pregunta que va más allá de las normas: quién se va y quién se queda con el partido. Esa pregunta tiene relevancia si se considera, además, que hay concejales, diputados y alcaldes elegidos por La U.

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No parece fácil llegar a consensos. Iragorri podría esperar a que quienes defendieron el gobiernismo se echen para atrás y aprovechen que el Estatuto de la Oposición les permite a los partidos cambiar de posición una sola vez. Esa posibilidad podría concretarse si el gobierno incumpliera el propósito de mantenerles las cuotas regionales a quienes se las habría prometido.

Tomar una decisión pronto es importante para La U. En 2019 vienen las elecciones regionales, y el aval a candidatos a alcaldías y gobernaciones puede desvalorizarse con un partido tan dividido. La posibilidad de la escisión no es del todo clara, pero en todo caso su unidad tiene poco futuro, a menos que el gobierno avance en su idea de convocar un ‘pacto nacional’ que le permita agrupar a los congresistas en torno a una causa común, o que los gobiernistas regresen pronto a la ‘independencia’.

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