Judicial

Patrullera Andrea Cortés radicó una tutela para tumbar el fallo que la sacó de la Policía

La acción judicial presentada por la primera policía transexual en Colombia fue admitida para su estudio por un juez administrativo de Bogotá.

7 de diciembre de 2021
Andrea Cortés Guarín
Andrea Cortés Guarín | Foto: Euforia.org.es / Instagram andycor94

La expatrullera de la Policía Andrés Cortés Guarín, la primera oficial transexual de la institución, quien fue retirada de su cargo cuando presuntamente fue grabada hurtando unos productos cosméticos en un almacén, está dando la pelea para tumbar la sanción en su contra. El Juzgado 38 Administrativo de Bogotá admitió una tutela que presentó contra el fallo emitido por la Policía Nacional, que la destituyó e inhabilitó por once años para ejercer cargos públicos.

En la acción judicial la patrullera, reconocida por ser la primera policía transexual en la historia de Institución, pide que se tumbe el fallo que emitió al considerar que se le vulneraron sus derechos al debido proceso y a la legítima defensa.

SEMANA conoció que el despacho judicial ya le notificó al jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de Bogotá, al inspector delegado especial de la Policía Metropolitana y al inspector general de la Dirección General de la Policía Nacional para que emitan sus respectivos conceptos frente a las pretensiones de la tutela.

El pasado 4 de octubre, la Dirección Interna de la Policía determinó que la patrullera incurrió en una falla de tipo disciplinario al no pagar una crema de contorno de ojos, avaluada en 141 mil pesos, de una droguería ubicada dentro de un centro comercial de Bogotá. La prueba reina en este proceso que duró menos de tres meses, fue el video de una cámara de seguridad que grabó a la patrullera pagando dos productos en la caja registradora.

Tras haber cancelado, y aprovechando la distracción de la vendedora, la patrullera –quien estaba ese día con su uniforme y carnet– mete dentro de la bolsa de papel un producto que estaba muy cerca de la caja registradora y salió. En su respectiva denuncia la vendedora de la droguería sostuvo que al hacer el cierre vio que la caja no cuadraba, por lo que tuvo que revisar las cámaras de seguridad. En ese momento notó que la patrullera no había pagado por el producto que ella le había ofrecido cuando estaba realizando la compra.

En el fallo disciplinario se señala que en efecto la uniformada incurrió en una falta gravísima a título de dolo “por apropiarse de pertenencia de particular en beneficio propio”; en otras palabras, por robar un elemento para su uso exclusivo. En este sentido, se señaló que tanto la denuncia presentada por la vendedora como la grabación aportada no dan espacio a dudas. “No hay incongruencias entre lo dicho y lo visto en los videos”.

En el fallo se puso de presente que existía un antecedente judicial, situación por la cual se agravó la sanción disciplinaria. Fuentes cercanas a la Policía indicaron que en la hoja de vida la patrullera Cortés existía un llamado de atención por incumplir la orden que le dio un superior jerárquico.

La defensa de la patrullera aseguró que el proceso disciplinario fue parte de una persecución por la orientación sexual de su cliente, advirtiendo que buscaría la forma de reversar el fallo. Sin embargo, al considerar que no contaba con las garantías procesales en la Policía, no presentó el respectivo recurso de apelación para que se resolviera en segunda instancia, sino que prefirió buscar otros escenarios judiciales. Debido a esto optó por la acción de tutela para que se le garanticen sus derechos procesales.

La patrullera ha advertido que este proceso disciplinario la afectó gravemente, puesto que fue señalada como una ladrona pese a que nunca tuvo la intención de robarse la crema facial. Esto le ha generado un cuadro de depresión y ansiedad que ha venido tratando con un especialista. Para ella, en efecto, todo se ha tratado de una recriminación de sus superiores por su orientación sexual.

Hace dos semanas la patrullera salió victoriosa en una batalla judicial para que la Dirección de Sanidad de la Policía retomara el procedimiento de cambio de sexo. Para esto se ordenó que se reanudara la junta médica y se ordenaran los respectivos exámenes para la reasignación.