Patrullero de policía va a juicio disciplinario por muerte de joven durante protestas del 2020

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al patrullero, Jorge Andrés Lasso Valencia, en su condición de integrante de patrulla de la Estación de Policía de Suba, investigado por la muerte de Angie Paola Baquero Rojas, durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá.

Los hechos objeto de investigación se registraron en inmediaciones de la carrera 102 A con calle 132 de la capital, durante los disturbios registrados tras una velatón adelantada con ocasión del homicidio del estudiante de derecho, Javier Ordóñez, en el CAI Villa Luz.

Según la investigación, la joven falleció de manera violenta aparentemente por un disparo efectuado por Lasso Valencia, quien presuntamente y de manera intencional disparó su arma de dotación, cuando se encontraba reforzando el dispositivo de seguridad en el CAI Aures.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, el patrullero recibió un arma de dotación con munición calibre 9 mm a las 8:16 de la noche, y la devolvió a las 2:27 de la mañana del 10 de septiembre de 2020, con novedades de gasto de 6 proyectiles.

Entre tanto, la bala encontrada en el cuerpo de la mujer posiblemente tiene características de identidad con el arma asignada al investigado, tal como se certificó en el informe de balística del 6 de octubre de 2020 realizado por la Fiscalía General de la Nación.

El ente disciplinario agregó que hasta este momento se ha demostrado “que el uniformado disparó a sabiendas que se encontraban manifestantes y no manifestantes y a pesar de haber dirigido el disparo contra el pavimento, en una de las seis ocasiones que realizó los disparos, aparentemente la trayectoria de uno de ellos, por efecto del rebote, ingresó al cuerpo de Angie Paola Baquero”.

La investigación

Jorge Andrés Lasso hace parte de un grupo de uniformados investigados e imputados por la Fiscalía tras el asesinato de cuatro personas en el marco de las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá. Junto a él hay otros nombres como Andrés Díaz Mercado y Jhon Andrés Gutiérrez.

Los policías estaban de turno en el CAI Verbenal en el norte de Bogotá cuando se desató una jornada de revueltas ciudadanas por el asesinato del estudiante de Derecho Javier Ordoñez. En esas revueltas cuatro personas perdieron la vida por impactos de arma de fuego.

Los investigadores y fiscales del caso presentaron en la imputación de cargos las declaraciones y pruebas de balística para demostrar que los impactos de bala en el cuerpo de las víctimas salieron de las armas que portaban o que tenían como dotación los uniformados el 9 de septiembre de 2020.

Solo en el caso de este patrullero, Andrés Díaz, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento, por considerar que los hechos materia de investigación son graves y que el uniformado puede representar un peligro para los testigos del proceso.

No obstante, la defensa del uniformado se opuso a la solicitud de la Fiscalía tras considerar que las pruebas no son concluyentes, además de que el uniformado ha estado atento a todas las diligencias y citaciones que hizo el ente acusador, así como porque tiene arraigo en la ciudad de Bogotá. En otras palabras, no hay riesgo de fuga.

La representación de víctimas leyó un extenso documento en el que enumera casos, decisiones, estudios y pronunciamientos -incluso internacionales- que dan cuenta de graves hechos de violaciones de derechos humanos por cuenta de la Policía contra la población civil. En esa medida, no solo sustentan su oposición a enviar el proceso a la Justicia Penal Militar, sino la necesidad de la medida de aseguramiento.

“Disparó en 21 oportunidades, aún cuando no lo podía hacer, en un escenario de protesta social con la intención clara y evidente de causar la muerte, que en este caso únicamente concretó respecto del ciudadano Germán Puentes Valero, es decir no se trata de un resultado eventual o aleatorio”, señaló la representación de víctimas al pedirle a la Fiscalía modificar la imputación a más gravosa.

La víctima de este caso estaba por llegar a su residencia cuando observó las manifestaciones que estaban ocurriendo en la localidad de Suba y durante la revuelta fue impactado con una bala de calibre 9 milímetros que, según los peritos de balística y la necropsia en Medicina Legal, fue disparada con el arma del patrullero ahora imputado.

Germán Puentes falleció mientras otras personas lo estaban trasladando a un centro médico de urgencia. En el hospital, su fallecimiento fue confirmado por los médicos.