Patrullero no aceptó cargos por homicidio durante protestas contra la Policía en Bogotá

La Fiscalía presentó las pruebas en contra de Jorge Andrés Lasso, patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá, implicado en el asesinato de una mujer que, según el ente acusador, participaba de las protestas del 9 de septiembre de 2020, que se desataron luego de que en el barrio Normandía, al occidente de la capital, un grupo de uniformados hicieran descargas eléctricas con pistolas táser contra el ciudadano Javier Ordóñez, quien luego murió en un CAI cercano debido a golpes contundentes, según reveló Medicina Legal.

La víctima fue identificada como Angie Paola Baquero, de 29 años de edad, guardia de seguridad que trabajaba en las instalaciones de la Secretaría de Integración Social del Distrito.

Según el fiscal del caso, Angie Paola caminaba con su compañera sentimental y cuando el resto de manifestantes corrieron, al percatarse de que uniformados de la Policía estaban disparando desde un árbol, ella se movilizó junto al resto de personas y en ese momento recibió un disparo en el abdomen, por el cual falleció posteriormente en una clínica de la localidad.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía aseguró que tiene en su poder declaraciones de las personas que estaban junto a la víctima y también un análisis balístico que confirmó que el impacto de bala y el proyectil encontrado en el cuerpo de Angie Paola, corresponden al arma del patrullero ahora imputado.

“La inferencia razonable parte desde el momento que se logra establecer que él (patrullero Lasso) es la persona que portaba aquella arma con la cual se logró la identificación del proyectil en el cuerpo de la occisa”, señaló la fiscal del caso en la audiencia de imputación de cargos contra el patrullero.

En la diligencia, la representante de las víctimas le pidió una aclaración a la Fiscalía al asegurar que Angie Paola no participaba de las protestas en contra de la Policía, como lo trató de demostrar el ente acusador al hacer la imputación de cargos.

“Ellas no fueron en contra de la Policía y esto carecería de sustento; también esta defensora de víctimas no escuchó, o no se hizo solicitud por parte de la Fiscalía de una medida de aseguramiento privativa de la libertad; por ende, solicito que de acuerdo a las sentencias de la Corte Constitucional…”, señaló la representante de víctimas, cuando fue interrumpida por el juez de control de garantías, quien aseguró que no era el escenario para solicitar la medida de aseguramiento.

Ante la imputación por el delito de homicidio simple que hizo la Fiscalía, la defensa del patrullero no interpuso recurso, al asegurar que esta imputación es apenas un acto de comunicación de la Fiscalía y que más adelante presentarán las pruebas para demostrar su inocencia.

De inmediato, el juez procedió a explicarle al patrullero Lasso las implicaciones de la imputación de cargos que hizo la Fiscalía y los beneficios que tendría de aceptar su responsabilidad en esta diligencia, todo como antesala a la pregunta fundamental en este procedimiento de si aceptaba o no los cargos.

“Esta aceptación de cargos tiene que ser voluntaria, consciente, informada y asesorado por su defensor, de manera libre, para que tenga prosperidad la aceptación de cargos… y hechas esas advertencias se le pregunta concretamente a Jorge Andrés Lasso si acepta o no los cargos formulados por la Fiscalía en esta audiencia”, leyó el juez de control de garantías.

Sin mayores detalles ni utilizar su derecho a expresar algún argumento, el patrullero Lasso negó los cargos imputados por la fiscal del caso. “Señor juez, no aceptó los cargos”, dijo el patrullero Lasso.

Se trata, entonces, del primer patrullero imputado formalmente por los homicidios en el marco de las protestas del 9 de septiembre de 2020, en las que murieron 13 personas que salieron a las calles a manifestar su rechazo, en diferentes estaciones de Policía y CAI, como consecuencia del asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez en el CAI de Normandía.

Hoy estaba contemplado realizar las audiencias de imputación contra otros dos patrulleros, también acusados de disparar contra los manifestantes, pero se aplazaron al interponer, por parte de la defensa, conflicto de competencias.