Pederastas y terroristas podrían conseguir beneficios judiciales con la reforma a la justicia que cocina el Gobierno

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregó nuevos detalles sobre una controversial propuesta que se estaría cocinando en la reforma a la justicia que prepara el gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa llegó a la Comisión de Expertos que crea la reforma por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como una posible solución para descongestionar el sistema penal y reducir los índices de impunidad frente a delitos graves.

El ministro Osuna explicó que “lo que está previsto en esas propuestas de reforma es que la fiscalía del caso y el juez de control de garantías puedan llegar a un acuerdo que permita, a partir de la información que suministra una persona capturada, una persona sindicada, a partir de su colaboración con la justicia, por ejemplo, descubrir dónde están los bienes, las rutas, para desmantelar toda la estructura criminal, ofrecerle a esa persona una condena anticipada sin necesidad de ir a juicio y por supuesto una condena que entre el mínimo y el máximo legal que se permite, pues se pueda contener algún beneficio dentro de la ley para esas personas”.

Sobre esa propuesta de preacuerdos en delitos graves existiría una coincidencia de criterios de los integrantes de la Comisión que crea la reforma a la justicia, y según el ministro Osuna, desde 2004 existiría una especie de trabas que se podrían convertir en mecanismos de allanamiento a cargos, colaboración con la justicia, rapidez en la imposición de penas y beneficios a cambio de colaboración.

El ministro Néstor Osuna también detalló que “hoy en día tenemos un grave problema de impunidad con los delitos sexuales porque al llegar hasta los juicios, a los delitos sexuales muchas veces la prueba se desvanece, se producen prescripciones, se produce impunidad. Si logramos una condena mucho más pronta, certera, con una pena de cárcel que siempre será una pena de muchos años de cárcel, pero además gracias a la colaboración que prestó el sindicado, podemos desarticular una red, podemos reparar a la víctima, podemos recuperar el dinero, si es que hay dinero, pues podrá aplicarse ese premio”.

El jefe de la cartera de Justicia también fue claro en explicar que si el delito se da de manera individual, los jueces y fiscales serán los encargados de definir si se le otorga algún tipo de beneficios. “Eso es destrabar el sistema acusatorio y eso es lo que queremos hacer, no queremos ser benéficos con nadie, queremos es que no haya impunidad y que haya sanciones rápidas, no que aunque haya, digamos, la amenaza de 50 años de pena, a los 6 años resulta que las pruebas se difuminaron”, agregó Osuna.

El exfiscal general Jorge Perdomo, integrante de la Comisión, detalló que “hay algunas propuestas en materia de permitir preacuerdos en casos que tradicionalmente han estado prohibidos, como los casos de delitos cometidos contra menores de edad. Esto se da en un muy buen momento porque se ha establecido que muchos delitos que se cometen contra menores de edad, se dan por organizaciones criminales, y con la prohibición de preacuerdos con estos temas no permite hacer investigaciones y desarticular esas redes grandes de delincuencia que hay”.