El papa y el lobo también tendrán que rendir cuentas en Colombia

Por lo ocurrido esta semana en el Vaticano, parece que los tiempos eternos de la Iglesia católica empezaron a cambiar. Al parecer podría llegar el final del infierno terrenal vivido por los miles de víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos.

El Encuentro sobre la Protección de Menores en la Iglesia, presidido por el papa Francisco, duró tres días. Asistieron cardenales, obispos y expertos que hablaron de forma clara, contundente y pública del daño que el abuso sexual le ha hecho no solo a niños, jóvenes y adultos, sino también a la propia Iglesia.

Este sínodo extraordinario mostró e iluminó el camino que debe seguir cada una de las conferencias episcopales para sanar las heridas, sancionar a los culpables y evitar que estos crímenes vuelvan a presentarse. Pero víctimas y expertos consultados por SEMANA en Colombia se mostraron escépticos, en especial por la respuesta que han recibido hasta ahora.

Los más críticos son los miembros de la Comisión de la Sociedad Civil contra los Crímenes de Pederastia, una especie de comisión de la verdad que ha logrado reunir a unas 50 personas abusadas por sacerdotes. Uno de los líderes es el abogado Élmer Montaña, quien como fiscal tuvo que investigar numerosos casos de abuso contra menores y jóvenes, incluidos varios cometidos por sacerdotes en Cali. Según él, para darles justicia integral a las víctimas, primero hay que destruir las barreras que les dificultan denunciar, tener derecho a la verdad y a la reparación, y a que sus victimarios reciban sanciones o condenas.

La primera barrera está en el sistema de justicia, tanto civil o penal como eclesiástica. Muchas víctimas sufrieron los abusos hace 25, 30 o más años, cuando eran niños y jóvenes, lo que significa que estos delitos prescribieron desde el punto de vista judicial. Como dice Montaño, “tenemos documentados 50 casos, la mitad de ellos están en esta situación”. A esto se suma la lentitud con la que los jueces abordan estos casos.

“La otra barrera está en la misma Iglesia, que si bien recibe las denuncias y las empieza a investigar, no llega a ninguna parte. Crean comisiones, conformadas por los mismos sacerdotes o superiores, que reciben los testimonios, atienden a las familias y, tras dos o tres reuniones, el caso queda congelado, engavetado o perdido en la propia justicia eclesiástica, cuyo caso debe ir a Roma”, dice Montaño.

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De puertas para afuera, aseguran otros miembros de la Comisión, la Iglesia asume una actitud de rechazo, de apoyo a las víctimas, pero en los estrados judiciales lo primero que hace es negar cualquier responsabilidad, que endilga inmediatamente al sacerdote, con el fin de no quedar como terceros civiles responsables. Con esto, han tratado de crear una jurisprudencia a su favor, “incluso afirmando, como ocurrió con el sacerdote William Mazo en Cali, que la culpa era de los niños, por maleducados, por vestir de forma deportiva; o de sus padres, por confiar en exceso en el sacerdote”, dice el abogado que lleva ese caso.

A esto se suma la actitud de la propia Iglesia o de buena parte de sus miembros, que tratan de mantener en silencio lo ocurrido o, en algunos casos, reparar económicamente a las personas.Y cuando estas denuncian, aparecen las presiones de los religiosos, que tratan de desprestigiarlas o de azuzar a feligreses fanáticos para que los acosen, persigan o señalen.

Todo este esquema lleva a que la mayoría de los abusados se abstenga de denunciar, de guardar silencio, así tenga 50 años o más. Y lo más grave, sin superar los estragos psicológicos, afectivos o emocionales que les dejaron los depredadores sexuales. Este es el caso de Jhon Jairo*, de 40 años, quien desde los 16 consume drogas. El sacerdote del colegio en el que estudiaba, que a la vez era párroco de su barrio en Girardot (Cundinamarca), lo metió en ese mundo para poder abusar sexualmente de él. Nunca pudo superar lo ocurrido.

El cardenal Rubén Salazar pronunció en el Vaticano una de las intervenciones más claras y contundentes contra del abuso a menores.

Como lo dijo a SEMANA Andrés, un profesor y padre de familia a quien un sacerdote abusó y violó por años en la iglesia del 20 de Julio en Bogotá, “las víctimas queremos que las investigaciones y juicios lleguen a instancias finales, reparen integralmente a las víctimas, y sancionen y retiren a los depredadores sexuales que hay en la Iglesia, tratándolos como tal y no como pecadores o desviados de la ley de Dios”.

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El caso del sacerdote Víctor Blanco muestra el clásico proceder de una parte de Iglesia. La justicia lo condenó hace unos 15 años por abusar de menores en Cali. En 2003 recibió una pena de 64 meses pero obtuvo una rebaja de 24 meses y, tras cumplirla, la comunidad religiosa lo acogió de nuevo. La gente lo vio oficiando misa y cerca de menores, hasta que las presiones llevaron a la Iglesia, al parecer, a sacarlo del país. “Ese señor es un depredador sexual: en una de las fundaciones en las que atendía a niños huérfanos o pobres ponía a los más grandecitos, de 13, 14 o 15 años a violar a los más pequeños, de 7 u 8 años, mientras él veía todo detrás de unas cortinas. Después, los hacía confesar, mientras se masturbaba”, dice Herrera.

El propio cardenal Rubén Salazar hizo un buen resumen de lo ocurrido en Colombia y muchos países en su valiente intervención en el Vaticano el jueves pasado: “Tenemos que admitir que muchas veces la Iglesia –en persona de sus obispos– no supo y todavía, en ocasiones, no sabe comportarse como debe para afrontar con rapidez y decisión la crisis provocada por los abusos. Muchas veces procede como los asalariados que, al ver venir el lobo, huyen y dejan desprotegido el rebaño. Y huye de muchas maneras: trata de negar la dimensión de las denuncias presentadas, no escucha a las víctimas, ignora el daño causado en quienes sufren los abusos, traslada a los acusados a otros sitios donde siguen abusando o trata de llegar a compromisos monetarios para comprar el silencio”.

Monseñor Luis Manuel Alí Herrera es obispo auxiliar de Bogotá, psicólogo clínico y miembro de la Comisión Pontificia de Protección a Menores creada en 2015. Alí Herrera es claro y contundente al hablar sobre la forma errada en que la Iglesia ha afrontado las denuncias de abuso. Lo es más frente a lo que se debe hacer en Colombia, pero también en Latinoamérica, donde están el 40 por ciento de los casos de denuncias de abusos a menores. “Estamos trabajando con las víctimas en función de que haya justicia, verdad, reparación integral y no repetición. Para atender las denuncias de presuntos casos de abuso sexual, la arquidiócesis de Bogotá creó la Oficina para el Buen Trato y estableció tres rutas de atención, en las que expertos de diferentes profesiones están atentos para atender los casos, ya sea que se presenten en un barrio o una comunidad; en colegios o fundaciones que forman parte de la diócesis, o en caso de que ocurran en un ambiente eclesial por parte de un religioso o un empleado”.

Por su parte, monseñor Luis Manuel Alí, obispo auxiliar de Bogotá, anunció el programa piloto para atender e investigar las denuncias.

Presentado el caso, inmediatamente la Oficina le informa a la Fiscalía para que también adelante su labor de investigar, en lo posible, de manera conjunta. “Además de trabajar psicológicamente con las familias y las víctimas, de ofrecer ayuda religiosa si lo quiere, como novedad está que de inmediato toman medidas cautelares contra el sacerdote o religioso acusado: le suspenden provisionalmente, le retiran de todo servicio religioso y puede terminar trasladado a una fundación nuestra en la que no tenga contacto con niños, menores o potenciales víctimas. Si resulta culpable, queda expulsado”, dijo monseñor Alí Herrera.

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La diócesis presentó en diciembre pasado a la Conferencia Episcopal de Colombia esta ruta, trabajada con instituciones y expertos de varias profesiones. Y espera que las demás diócesis del país la asuman y la adapten a sus realidades. En este momento hay tres casos asumidos en este nuevo sistema. Y frente a los ocurridos hace décadas, el obispo auxiliar dijo que “de acuerdo con los nuevos lineamientos, estos no prescriben, lo que significa que tendrán que ser atendidos. Ese es uno de los retos que tenemos”.

Mario Gómez, fiscal delegado para la infancia y la adolescencia, que ha liderado en esa institución la lucha contra el abuso de esta población, dijo que ya han tenido acercamientos con la Iglesia para conocer las rutas y nuevos lineamientos. Algo que debería empezar con los 80 casos de abusos de niños y adolescentes que investiga actualmente la Fiscalía.

Por ahora, lo ocurrido en Roma, junto con los cambios que se anuncian en Colombia, podrían representar las soluciones definitivas y rápidas para las víctimas. Eso esperan los colombianos: que la Iglesia y el Estado hagan hasta lo imposible por sanar y erradicar a esos lobos vestidos de pastores de Dios.