De líder camionero a capo de las defraudaciones

Durante muchos años, Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), se sintió intocable, desafió al Estado y estaba convencido de que el largo brazo de la justicia jamás lo tocaría. El martes 14 de febrero se dio cuenta de su error. Ese día las autoridades lo arrestaron junto con otras 29 personas vinculadas con el sector del transporte, entre las que se encuentran varios directivos como Alfonso Medrado, de la ACC, así como Pedro Miguel Castro y José Delio Rodríguez.

Aguilar y sus camaradas fueron detenidos después de una larga investigación adelantada desde hace meses por la Fiscalía General de la Nación y la Dijín. Los cargos en su contra son graves y están soportados en un arsenal de pruebas. Los fiscales les imputan los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.

Las autoridades señalan a Aguilar de ser el cerebro del llamado cartel de la chatarrización que básicamente consiguió apropiarse aproximadamente de 600.000 millones de pesos del erario, al conseguir mediante documentos falsos que el Estado les pagara subsidios por la supuesta chatarrización de más de 12.000 camiones.

Aguilar estaba en la mira de la justicia desde hace varios años por este tema. Sin embargo, su nombre cobró relevancia en junio del año pasado cuando promovió el mayor paro camionero en la historia del país, que se prolongó por 45 días y que dejó pérdidas económicas cercanas a los 3 billones de pesos, desabastecimiento en las principales ciudades del centro del país y un aumento en la inflación.

Aguilar tenía nueve investigaciones por denuncias penales desde 2006. No obstante, solo en 2016, gracias al testimonio de Andrés Villegas, quien fue muy cercano a él e hizo parte de los cuadros directivos de la ACC, la Fiscalía consiguió evidencias concretas que señalaban a Aguilar como el jefe del cartel de la chatarrización.

El modus operandi de Aguilar y otros camioneros era simple y muy efectivo. En complicidad con funcionarios, presentaba para chatarrizar camiones viejos que nunca salían de circulación, pero por los cuales cobraban compensaciones que podían llegar hasta 90 millones de pesos por cada vehículo. Al mismo tiempo ingresaban nuevos camiones con el mismo cupo.

Estos personajes falsificaban documentos para que volquetas, camiones pequeños y vehículos con más de 20 años de uso fueran reconocidos como chatarra. También falsificaban tarjetas de propiedad con las que conseguían que les pagaran por chatarrizar camiones que solo existían en el papel. Funcionarios de varias Secretarías de Tránsito de municipios del Valle del Cauca y de otros departamentos hacían parte de la banda y también fueron detenidos.

En 2014, el hermano de Aguilar, Luis Eduardo Aguilar Rodríguez, cayó por hechos similares al comprobarse que recibió 3.640 millones de pesos producto de la supuesta chatarrización de 52 camiones. Jenny Johana Castillo, la esposa del hoy detenido presidente de la ACC, también está involucrada en el millonario desfalco y está prófuga de la justicia. La situación del otrora poderoso líder camionero y varios de sus compañeros no es fácil y de ser encontrado culpable enfrenta una pena que supera los diez años de cárcel.