Pelea de exportación: la disputa de Uribe y Cepeda aterriza en Estados Unidos

El dicho de que la ropa sucia se lava en casa no aplica en la política colombiana. El enfrentamiento más agudo de la última década ya no solo transcurre en los medios, las redes y los estrados del país. Hoy también involucra a abogados extranjeros, prestigiosas firmas de lobby y constantes intervenciones de congresistas estadounidenses. El pleito del expresidente Álvaro Uribe y el senador Iván Cepeda cruzó fronteras y se desarrolla en otras latitudes.

Este nuevo capítulo del pulso entre el líder del Centro Democrático y el senador del Polo comenzó cuando apareció la página web Free Uribe (Liberen a Uribe). Se describe como “un recurso informativo central sobre la detención arbitraria del expresidente” y en aspecto no dista mucho de un blog promedio. Su contenido en inglés suele repetir argumentos y acusaciones que el uribismo emplea desde que comenzó el proceso. En su estreno, el proyecto recibió un impulso inesperado por cuenta de un triunfo del expresidente en su intento por recuperar su libertad. Un día después de que Free Uribe apareció en la red, la corte concluyó que había perdido la competencia y remitió el expediente del caso a la Fiscalía. A partir de esto, cinco semanas más tarde una jueza tumbó la medida de aseguramiento que pesaba contra el ya exsenador. Por su parte, Cepeda se limitó a calificar a Free Uribe como “una campaña de desprestigio” contra él.

Entretanto, el 7 de octubre el congresista republicano Mario Díaz-Balart, del estado de Florida, elevó una serie de preguntas al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, sobre la visita de Cepeda a ese país en 2009 para entrevistar a exparamilitares extraditados. El congresista del Polo, quien para entonces dirigía un movimiento de víctimas, acompañó a Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, que formaban parte de la comisión de seguimiento del Congreso a la Ley de Justicia y Paz. Díaz-Balart sospecha que Cepeda le ofreció asilo político en Europa a Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, si accedía a incriminar a Álvaro Uribe, y por lo tanto pide investigar si eso ocurrió.

Estos señalamientos no son nuevos: Córdoba y Lara niegan que tal ofrecimiento haya sucedido, mientras que Sierra asegura lo contrario. Y varias de las preguntas planteadas fueron resueltas hace tiempo, como cuándo ocurrieron estas reuniones, quién más participó y qué otros reclusos se reunieron con Cepeda. Sin embargo, allanaron el terreno para que, al día siguiente, los abogados Víctor Mosquera y Hans Burgos, quienes han sido apoderados de figuras del uribismo como Marta Lucía Ramírez y Andrés Felipe Arias, respectivamente, también solicitaran al fiscal Barr abrir una investigación contra Cepeda.

Concertadas o no, estas acciones fueron el preludio de la conferencia de prensa que Free Uribe convocó la semana pasada. En ella, el excongresista republicano Connie Mack formuló nueve interrogantes a Cepeda sobre sus supuestos vínculos con Jesús Santrich y lo acusó de ser “el principal aliado político de las Farc”. La afirmación produjo titulares de prensa y en el aire quedó la duda de por qué tal empeño en la causa del expresidente. A Mack, quien dice ser su “viejo amigo”, lo anunciaron en las redes de Free Uribe como miembro de la campaña en septiembre.

SEMANA logró establecer que Mack, tras salir del Congreso en 2013, ha fundado tres firmas de lobby en las que impulsa iniciativas de toda índole por importantes sumas de dinero. Por ejemplo, entre 2018 y 2019 cobró 150.000 dólares a Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, para crear conciencia sobre “el proceso injusto” que le adelantan en Colombia por el escándalo de Odebrecht.

Esta ocasión se parece mucho. Hace una semana, Mack se registró ante el Departamento de Justicia como agente extranjero de Álvaro Uribe, y Liberty International, una de sus empresas, contrató con DCI Group, consultora que maneja Free Uribe, por 15.000 dólares mensuales para ofrecer “apoyo en comunicaciones y asuntos públicos”, como consta en el acta oficial. De igual manera, DCI tiene un acuerdo con 31416 S. A. S., de propiedad de Tomás Uribe Moreno, por 40.000 dólares mensuales. Pese a existir una amistad entre el expresidente Uribe y Mack, no cabe duda de que por sus gestiones este recibe generosas retribuciones. Cuando SEMANA preguntó a Tomás Uribe el motivo para contratar una consultora extranjera, aseguró que era para “defender el buen nombre y la imagen” de su padre.

Cepeda tampoco se ha quedado quieto. Al igual que su contraparte, el senador envió dos escritos al fiscal Barr para instarlo a investigar al exabogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena. Este permanece en detención domiciliaria por presunta manipulación de testigos y la Fiscalía lo acusó formalmente el jueves.

El congresista del Polo también le escribió al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, con el propósito de que revisen la situación de Cadena. Este, al parecer, estaría involucrado en asuntos del narcotráfico, pues trascendió que en su avión privado transportó a un miembro de una banda de narcos que opera en Brasil y la aeronave estaría reseñada en un proceso penal en Guyana. “Estados Unidos considera que el narcotráfico es uno de los principales motivos de preocupación para la seguridad de ese país, y el señor Cadena al parecer estaría involucrado en asuntos del narcotráfico”, señaló Cepeda. El pulso entre Uribe y Cepeda se profundiza, y ahora en inglés.