El revolcón en las alcaldías locales por irregularidades en contratación

El revolcón en las alcaldías locales de Bogotá por cuenta de las irregularidaes en contratación advertidas por la Personería no cesa. El alcalde Enrique Peñalosa acaba de hacer efectiva la salida de los mandatarios de cinco localidades que se suman a otros dos que ya habían sido excluidos de la nómina del Distrito. La decisión se tomó en medio de un ambiente en el que se oyen distintas propuestas para reformar esos entes de gerencia que, administración tras administración, son un dolor de cabeza por problemas de gestión.

Hace dos semanas, cuando apenas ajustaban un año de servicio, Peñalosa les pidió la renuncia a los 20 alcaldes menores de Bogotá. Y luego de dos semanas de analisis de la gestión de cada uno, sobre todo en cuanto a contratación, determinó retirar de sus cargos a los mandatarios de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Kennedy y Puente Aranda, que se suman a los de Mártires y Teusaquillo, que ya habían sido removidos este año. Además le quitó el poder de ordenar el gasto público al alcalde de Barrios Unidos, el único que se negó a presentar la renuncia, y a quien mantuvo en el cargo por sus problemas de salud, a pesar de que el mandatario mayor "no está de acuerdo en cómo se están adelantando los procesos de contratación (en esa localidad)".

“No obstante el esfuerzo que venimos realizando, en febrero manifestamos varias alertas tras identificar malas prácticas en la contratación local que nos siguen preocupando. Por lo tanto, estaremos enviando toda la información sobre cualquier posible irregularidad a los órganos de control competentes”, sostuvo Miguel Uribe Turbay, el secretario de Gobierno de la ciudad, luego de anunciar la salida de los funcionarios.

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La administración de Enrique Peñalosa ha tomado cartas en el tema desde hace un año. Sus medidas apuntan, sobre todo, a reducir la libertad de la que disponen los mandatarios para manejar los 800.000 millones de pesos anuales que tienen de presupuesto. La alcaldía mayor prohibió, por ejemplo, la contratación a través de convenios de asociación, en la que los mandatarios locales podían prácticamente contratar a dedo.

Además, ahora obliga a que el 85% del presupuesto sea invertido en malla vial, parques y seguridad, y está aumentando el uso de licitaciones públicas como método de contratación: en 2012, el 10% de los contratos se firmaron por esa vía, mientras que el año pasado fue el 50%.

Sin embargo, el revolcón en las alcaldías locales podría ser mucho más grande de lo que estas renuncias y estas medidas parciales suponen. Este martes, precisamente, podría discutirse en el Congreso una reforma al estatuto orgánico de Bogotá que, entre otras cosas, busca cambiar la forma de elección de los mandatarios locales, un proceso que, según analistas, concejales y entes de control, propicia la corrupción.

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Los alcaldes tienen que superar un concurso de la Universidad Nacional como primer filtro. Luego, entre los que aprueban, los ediles de cada localidad escogen una terna que le presentan al alcalde mayor, quien finalmente selecciona a uno. La idea de la reforma promovida por Clara Rojas, representante a la Cámara por Bogotá, es que el concurso de méritos sea protagonista en una elección que finalizaría el alcalde mayor, pero sin la mediación de los ediles, para evitar que estos anden cobrando favores a los mandatarios locales. El proyecto, sin embargo, podría hundirse por falta de tiempos si esta semana no es discutido por la Cámara.

Para otros, la reforma debe ser más radical. El concejal Juan Carlos Flórez, por ejemplo, asegura que las alcaldías locales son una figura ineficiente que debe ser reemplazada. Y en la alcaldía mayor también ha sonado la idea de crear una entidad que maneje los recursos de las localidades, en vez de dejarlos bajo el control de los alcaldes locales.

Lo que queda claro es que las alcaldías locales están afrontando una mala hora de la que podrían salir transformadas. Por ahora, la alcaldía mayor está a la espera de designar el reemplazo de los cinco alcaldes locales que acaban de salir de sus despachos, mientras que la Personería -que tiene 354 indagaciones vigentes en las localidades, la mitad por presuntas irregularidades en contratación- anuncia que en junio tomará medidas disciplinarias contra algunos mandatarios.