Por qué Peñalosa considera que su revocatoria no tiene justificación

Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá, se declaró respetuoso del mecanismo de revocatoria siempre y cuando este proponga el mejor funcionamiento de la democracia. Sin embargo, les aseguró a los magistrados del Consejo Nacional Electoral que el proceso que se adelanta en su contra no tiene justificación.

“La ley señala que la justificación de la revocatoria tiene que ver con el cumplimiento del programa de gobierno inscrito. Pues estamos cumpliendo estrictamente con ese programa que inscribimos ante la Registraduría…”.

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Defendió la ejecución de sus iniciativas con que apenas este año se debe medir la administración de su gobierno, pues los planes de desarrollo se aprueban el primer año de mandato pero en la práctica empiezan a ejecutarse a partir del segundo, y se prolongan hasta el primer año del alcalde siguiente.

El Plan de Desarrollo ‘Bogotá, Mejor para todos’, dijo Peñalosa, fue aprobado por el Concejo, incluido por aquellos cabildantes que hoy respaldan la revocatoria, con vigencia hasta 2020, aunque su administración culmine el 31 de diciembre de 2019.

Para el alcalde, el 1 de enero de 2017 comenzó la ejecución de su Plan de Desarrollo, pues en ese momento contó con el presupuesto aprobado por el Concejo capitalino. Ese mismo día empezó la recolección de firmas, “cuando ni siquiera hemos comenzado a gobernar”, dijo Peñalosa.

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El alcalde, como si estuviera en rendición de cuentas, mencionó algunas de sus ejecuciones en materia de salud y educación, y aseguró que está cumpliendo con la primera línea del Metro, pues este es uno de los motivos de la revocatoria. “El Metro está avanzando, al final de este año estaremos abriendo la licitación. Los diseños toman un año, cuestan más de 25.000 millones de pesos (…) Estamos avanzando y cumpliendo estrictamente el programa de gobierno inscrito”.

"Revocatorias costarían casi 100.000 millones de pesos": Registrador

Juan Carlos Galindo, registrador nacional del Estado Civil, dio apertura a la audiencia pública de la que dependerá el futuro de los procesos de revocatoria que hay en marcha en el país, un total de 107 solicitudes contra alcaldes (en su mayoría) y gobernadores. El proceso contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, es el que más acapara la atención. 

El registrador Galindo, además de informar sobre el número de solicitudes de revocatoria, expuso las cifras del impacto fiscal que tendrían estos procesos, en caso de llegar a las urnas.

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Aunque aclaró que no tiene la cuantificación exacta, el estimado de la autoridad electoral es que las 107 revocatorias le costarían a la organización electoral la cifra de 98.388.447.025 pesos, pues en cada proceso electoral implica la confluencia de varias autoridades: Policía, Ejército, Fiscalía, Procuraduría, además de funcionarios y contratistas de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.

Galindo explicó que esa cifra se elevaría a casi  200.000 millones de pesos en caso de que se revoquen los mandatos y sea necesario convocar a elecciones atípicas para escoger nuevo alcalde.