NACIÓN
Penas más altas y cambios al Código Penal: el plan que alista el Gobierno para combatir la criminalidad
Los ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia trabajan en un borrador que esperan convertir en ley en el Congreso de la República.
El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Defensa, del Interior y de Justica, alista un documento para combatir la criminalidad en el país. El borrador, que esperan tramitar en el Congreso y convertir en ley, plantea una severidad en las penas, así como modificaciones al Código Penal, el Procedimiento Penal y el Código de Policía, además de regular las armas menos letales y blancas.
Uno de los puntos clave del borrador, y en el que más hace énfasis el Gobierno, es aumentar las penas para procesados por delitos dolosos. Así mismo, este nuevo plan contra la criminalidad plantea la creación del delito de “intimidación o amenaza con arma de fuego, armas, elementos o dispositivos menos letales y arma blanca”, que penalizaría con hasta 72 meses de cárcel a quien incurra en esa conducta.
Frente al delito de hurto –subraya el borrador– habría modificaciones. El Gobierno propone que cuando la cuantía de lo robado no supere los cuatro salarios mínimos legales mensuales la pena esté contemplada entre 18 y 36 meses.
No obstante, el documento precisa que cuando lo robado sea superior a cuatro y no pase de ocho salarios mínimos legales mensuales, la pena sea entre 24 y 48 meses. De igual manera, el porte de armas blancas podría ser penalizado con hasta 36 meses de cárcel para quien lleve estos elementos en el transporte público o durante eventos masivos.
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Sobre la judicialización de delincuentes, el borrador agrega que habría una modificación al Código de Procedimiento Penal para que no queden libres tan fácilmente. Con el cambio, los jueces podrán tener en cuenta si en la comisión del delito se utilizaron armas de fuego, convencionales, hechizas, menos letales o armas blancas.
Así mismo, a la hora de evaluar si hay riesgo de no comparecencia del capturado al proceso, los jueces también deberían valorar si se resistió a la captura mediante actos violentos o si este intentó huir.
Hurto disparado en Bogotá
Este borrador se conoce justo después del informe de SEMANA que desvela los últimos actos de delincuencia que tienen a Bogotá contra las cuerdas. Pero, ¿cuál es la razón para que Bogotá se haya convertido en la capital del terror en Colombia?
El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, reconoce con preocupación lo que está pasando y le dijo a SEMANA: “La dinámica criminal cambió y así lo hemos advertido. No es un asunto exclusivo de Colombia. Hay alertas de Interpol que indican un reacomodamiento del delito en la pospandemia. El país vive una situación inédita, no solamente por las consecuencias de la covid-19 y la crisis económica, sino porque las dinámicas cambiaron después de los acontecimientos del 28 de abril”.
Aunque algunos quieren culpar a la Policía de no hacer su trabajo de manera más efectiva, el general Vargas tiene su propia explicación. “Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y creemos que la Fiscalía y los jueces también hacen el suyo como corresponde. El problema es de ley, tenemos un sistema garantista que privilegia la ausencia de medidas de aseguramiento y es eso lo que genera reincidencia. Colombia debe dar ese debate porque la corresponsabilidad frente al crimen no es solamente de la Policía”, dijo el oficial.
Las cifras de la criminalidad en Bogotá hablan por sí solas. Entre enero y agosto de este año, en comparación con 2020, aumentaron los homicidios (15,3 %), los homicidios en atracos (32 %), el hurto a personas (22,8 %), el robo de celulares (18 %), las lesiones personales (41,3 %) y la extorsión (23,7 %).
En particular, los atracos tienen aterrorizados a los ciudadanos, así como la violencia que los asaltantes están infligiendo a sus víctimas.
