A prisión los ocho capturados por el caso del Centro Comercial Andino

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y a puerta cerrada concluyó este viernes la audiencia en la que la jueza 47 de Control de Garantías ordenó la reclusión en centro carcelario de ocho personas sindicadas de ser responsables del ataque al centro comercial Andino, al igual de otros 15 atentados terroristas en el país. Los jóvenes apelaron la medida, pero no se anticipa que la jueza cambie de opinión. 

Todos son señalados por las autoridades de integrar el Movimiento Revolucionario Popular (MRP), que está en la mira de las autoridades desde hace varios meses. Seguimientos, interceptaciones, videos, fotografías hicieron parte de la investigación con la que la Fiscalía se dispone a llamarlos a juicio por los delitos de concierto para delinquir con fines terroristas, terrorismo, homicidio y hurto agravado.  Las autoridades van tras la pista de otras tres capturas. Estos son los argumentos que la Fiscalía entregó de cada uno de ellos. 

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Natalia Trujillo Nova:

Abogada, egresada de la Universidad Nacional. La Fiscalía la señala de ser presuntamente quien realizaba la inteligencia informática sobre los posibles puntos donde se realizarían actividades terroristas. Existen evidencias de lo que serían descargas de internet con relación a los lugares contra los que pretendían atentar. Información de inteligencia encontró indicios de busquedas de información de la joven con relacion al Centro Comercial Andino: planos del sitio, entradas y salidas, acceso a cámaras de seguridad.

Alejandra Méndez Molano:

Abogada egresada de la Universidad Nacional, contratista de una ONG de Derechos Humanos. Según las autoridades, la joven habría sido la encargada de ubicar los inmuebles que utilizaba el MRP (Movimiento Revolucionario Popular) como fachada para realizar las reuniones de planeación, instrucción y ejecución de las actividades terroristas. Se le señala de ser presuntamente la persona a cargo de realizar inteligencia previa a los sitios donde se ejecutarían los ataques terroristas.

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Lizeth Rodríguez Zárate:

Abogada, señalada por la Fiscalía de presuntamente almacenar explosivos, dispositivos electrónicos y elementos como brazaletes y banderas características del MRP. Para las autoridades, habría sido la persona encargada de recolectar información en los objetivos o sitios que pretendían atentar con explosivos.  En el momento de su detención portaba una pistola con un proveedor y cartuchos. Al allanar su lugar de residencia, fue encontrado material explosivo y sistemas electrónicos de activación, banderas, brazaletes y capuchas negras.

Lina Vanessa Numpaque: 

Según las autoridades, ella sería la coordinadora entre los explosivistas y el grupo de inteligencia. También se le sindica de ser presuntamente la encargada de transmitir a los demás miembros de la estructura las órdenes impartidas por Boris Ernesto Rojas. También habría tenido funciones con relación a la publicidad: panfletos, comunicados en internet y videos. En algunos de ellos, la estructura terrorista se adjudica una serie de atentados en Bogotá.

César Barrera Tellez:

Se le sindica de ser el encargado de actividades de inteligencia y verificación en los lugares donde tenían previsto instalar los artefactos explosivos. También sería la persona que daba las instrucciones concretas a quienes materializaban los atentados; habría almacenado sustancia explosiva y sistemas de activación utilizados para cometer los ataques.

Boris Ernesto Rojas Quijano:

De profesión abogado, es señalado de ser presuntamente el líder y coordinador de grupo terrorista. Según información de inteligencia, sería el ideólogo y reclutador de las personas que hoy día integraban el MRP. Concentraba su accionar criminal especialmente en las universidades donde supuestamente promovía acciones contra de la institucionalidad gubernamental.

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Andrés Mauricio Bohórquez:

De profesión abogado. Según las investigaciones, su rol en la organización sería el de construir o armar los artefactos explosivos improvisados (AEI). Es señalado como el explosivista del grupo y, según las autoridades, habría recibido instrucción técnica de explosivos a campo abierto, además de directrices políticas e ideológicas de parte de alias Chiqui y el Profe. Estos últimos son integrantes del ELN. Existen evidencias de movimientos de alias El Calvo en donde supuestamente iba a sitios alejados de la ciudad a probar los artefactos para posteriormente entregarlos a las personas encargadas de instalarlos en los lugares donde fueron detonados, como bancos, la DIAN y las EPS. Se le sindica de ser responsable del secuestro de una persona y la activación de un artefacto explosivo improvisado con panfletos en la sede administrativa de la DIAN.

Juan Camilo Pulido Rivera:

De profesión abogado. Para las autoridades, su función en la organización sería la de construir o armar los artefactos explosivos improvisados. Las evidencias apuntan que recibía instrucción técnica de alias El Calvo, con quien también habría acudido a lugares alejados de la ciudad para alistar dichos artefactos para los ataques terroristas. También se le sindica de secuestro por el caso de la sede de la DIAN. Visajes y El Calvo fueron capturados en flagrancia en la localidad de Engativá, cuando probaban un artefacto explosivo que al parecer iba a ser activado de manera remota (con celular).