¿Por que se extendió el periodo de la Comisión de la Verdad? Responde el magistrado Jorge Ibáñez

SEMANA conversó este martes, con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ponente de la decisión de ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad, una decisión que fue apoyada por la mayoría de la Sala Plena con 8 votos.

La Corte Constitucional explica que, para llegar a esa conclusión, la Sala Plena tuvo en cuenta las intervenciones presentadas en el curso del proceso por las víctimas del conflicto armado, quienes explicaron que las medidas implementadas para mitigar y contener la pandemia generada por la covid-19 –entre ellas, el distanciamiento social, el aislamiento preventivo obligatorio y la prestación del servicio público a través de medios virtuales– impidieron la entrega de sus declaraciones y, en consecuencia, hicieron más complejo su derecho a la verdad.

“Lo que ha hecho la Corte es tener en cuenta las circunstancias que sucedieron el año pasado de carácter universal (la pandemia) por una parte, y la otra, que fueron analizadas con motivo de los decretos del Gobierno que terminan afectando a la Comisión por su dificultad para el acceso a territorio. Es un periodo efectivo de tres años, según lo que dijo la Corte desde 2018, ahora se precisa que en esos años hay que descontar el término en el que la Comisión no pudo cumplir con sus actividades. Por eso lo que hace es precisar que la actividad no vence el 27 de noviembre de este año, sino el 27 de junio del año entrante”, advierte Ibáñez.

SEMANA le preguntó al magistrado si es posible a través de algún recurso extender dicho periodo: “Si el legislador lo considera pertinente y si hay una razón o conveniencia jurídica para tal efecto, y lo quisiera ampliar por un periodo más, eso es un asunto de política legislativa. Si lo considera se puede ampliar pero me estoy anticipando a una situación que no se ha dado y que solo sabremos si fuera necesario hacerlo en ese momento”.

Y agrega que “es importante tener en cuenta que se hizo un acuerdo con las Farc en 2016. Si este es el término que se necesitaba, es probable, de otro lado, que no se necesite ampliación del plazo más allá de lo ya señalado”.

En este caso, el magistrado Ibáñez explicó que la decisión se tomó, justamente, para permitir una explicación más detallada de las dificultades del conflicto y la entrega del informe final: “de manera que promueva el entendimiento en la sociedad. Es que la Comisión no pudo, por la pandemia, con un enfoque territorial, acudir hasta los lugares para entrevistas personales o audiencias, realizar su misión consistente en promover al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos afectados en sus derechos y por eso se vio disminuida la actividad para promover la convivencia de los territorios”.

Precisamente, en agosto, el padre De Roux señaló que era necesario prolongar el tiempo en el que la Comisión funciona: “Para satisfacer el derecho a ser escuchadas del mayor número posible de víctimas y para contribuir a la comprensión de la verdad sobre el conflicto armado que quiere la sociedad, con el fin de poder avanzar hacia la construcción de un futuro compartido desde nuestras diferencias. Es muy importante que la Comisión pueda cumplir a cabalidad su tarea”.