NACIÓN
Personería anuncia investigación a funcionarios de la Secretaría de Ambiente de Bogotá por contaminación de río Tunjuelo
De acuerdo con el organismo de control la entidad, al ser autoridad ambiental, no habría ejercido el “control efectivo” a las afectaciones al afluente del río Bogotá.
La Personería de Bogotá anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra secretarios de despacho y subdirectores del Recurso Hídrico y del Suelo de la Secretaría de Ambiente de Bogotá. De acuerdo con el organismo de control, la entidad al ser autoridad ambiental no habría ejercido el “control efectivo” a las afectaciones al río Tunjuelo, afluente del río Bogotá.
“En un informe enviado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca advertimos las deficiencias en la desarticulación para la protección de las fuentes hídricas el distrito, especialmente en lo referente al río Bogotá”, señaló Martha Aramendiz, delegada para la coordinación de potestad disciplinaria de la entidad. “En 11 de las 20 localidades no se evidencia la aplicación de la norma para la protección del ambiente”, subrayó.
Con la investigación, la Personería señaló que se busca determinar si hubo omisiones por parte de la administración distrital frente al impacto ambiental que genera la operación del relleno sanitario Doña Juana, por el vertimiento de lixiviados al río.
“Hacemos un llamado a las autoridades distritales y locales para que se ejerza un trabajo coordinado por la protección y cuidado de medio ambiente y las fuentes hídricas,” sostuvo el ente de control.
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Denuncian abandono de plantas de tratamiento de aguas residuales en Sumapaz
Luego de evidenciar el estado de abandono en el que se encuentran las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de San Juan y la Unión de la localidad de Sumapaz, al sur de la capital del país, la Personería de Bogotá le solicitó a la administración local tomar medidas urgentes para enfrentar los graves problemas que generan de tipo sanitario, contaminación de fuentes hídricas, daño al medio ambiente, riesgo de deslizamiento y afectación de los derechos fundamentales de los habitantes de la localidad.
Según los resultados de la acción de prevención y control del organismo de control distrital, la PTAR de San Juan fue construida en el año 2009 y puesta en funcionamiento en el 2010. Mientras que la PTAR de la Unión no fue instalada en su totalidad, razón por la cual nunca inició su operación y fue declarado el incumplimiento del contrato, en mayo de 2015.
“El abandono en el que se encuentran las plantas de tratamiento de aguas residuales de San Juan y la unión en la localidad de Sumapaz es lamentable, en el caso de la unión, 7 años después no se ha concluido la instalación de las plantas de tratamiento y en San Juan luego de 13 años no se ha emprendido acciones concretas para lograr su mantenimiento y operación”, manifestó el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón.
Tras las visitas de inspección, la Personería identificó posibles observaciones de tipo disciplinario, fiscal (por presunto detrimento) y penal, por eso remitió el informe a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría Distrital, la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) e internamente a las delegadas del eje disciplinario para que inicien las acciones a que haya lugar.
Entre tanto, la comunidad ha manifestado su inconformidad y desconcierto, porque luego de 13 y 7 años, no se han emprendido acciones concretas para lograr su mantenimiento y operación, en el caso de San Juan, y la terminación y puesta en funcionamiento de la planta de La Unión.
Según el órgano de control distrital, esta planta está funcionando parcialmente. La carga de aguas residuales caseras que está ingresando al sistema es prácticamente la misma que está saliendo, contaminando las fuentes hídricas que a su vez son afluentes del río San Juan.
La revisión de la Personería a las estructuras de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) evidenció el mal estado en el que se encuentran sin cumplir ninguna función de utilidad y la total ausencia de mantenimiento. La falta de operatividad de la planta causa un rebosamiento que afecta las familias de predios contiguos, propietarias de ganado que consume el agua contaminada.