Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por nueve años a exalcalde de Teusaquillo por irregularidades contractuales

La Personería de Bogotá, a través de la delegada para la Potestad Disciplinaria IV, sancionó con destitución e inhabilidad general, por un término de nueve años, al exalcalde de la localidad de Teusaquillo, Julián Rodrigo Bernal Balmes, mediante el auto 661 del 1 de diciembre de 2022.

El Ministerio Público Distrital evidenció que el funcionario local incurrió en una falta gravísima al adjudicar al Consorcio JR Sede, la licitación pública FDLT-LP-019-2016 el cual tenía por objeto la construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo y suscribir con este mismo consorcio el contrato de obra pública No. 088 de 2016 sin que el contratista contara con la experiencia específica señalada en el pliego de condiciones.

“En este caso se determinó el desconocimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva por parte del investigado”, indicó Daniela Marín, delegada para la Potestad Disciplinaria IV.

La funcionaria agregó: “En el proceso disciplinario se estableció que el exalcalde le otorgó puntaje en el factor de calidad, sin que contara con la certificación de calidad de obra ejecutada y en el factor ambiental, sin tener la certificación del sitio de disposición de residuos no aprovechables y sin establecer el porcentaje de reutilización de residuos en el plan de manejo ambiental”.

Fiscalía llamó a interrogatorio a 16 alcaldes locales de Bogotá por contratos de ayudas alimentarias

Hace varios meses se conoció que la Fiscalía llamó a interrogatorio a 16 alcaldes locales de Bogotá por posibles irregularidades en contratos de ayudas alimentarias, a principios de 2020, cuando la capital del país empezaba a sufrir los estragos por la llegada de la pandemia del covid-19.

La decisión del ente investigador se da luego de las denuncias hechas por el concejal de Bogotá, Jorge Colmenares, en contra de los 16 mandatarios locales, por los contratos celebrados a través de los Fondos de Desarrollo Local. Allí se evidenciarían presuntamente varios delitos en la contratación pública.

Los mandatarios citados son los de las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usaquén, Kennedy, Engativá, Usme, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Suba, Chapinero, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Sumapaz.

“Celebro la decisión de la Fiscalía porque estamos hablando de un detrimento patrimonial de cerca de $10.000 millones que estamos pagando los ciudadanos y es necesario que se investigue la actuación de estos alcaldes locales mediante orden de la Secretaría de Gobierno, porque de ser cierto, mientras los ciudadanos nos encontrábamos en pandemia, la Alcaldía, la Secretaría de Gobierno y los alcaldes locales estaban haciendo fiesta con la urgencia manifiesta”, aseguró en su momento el concejal Colmenares a SEMANA.

Según Colmenares, los contratos se realizaron bajo la figura de urgencia manifiesta, pero esta modalidad no se cumplió puesto que esa figura no requiere planeación.

Sin embargo, el Distrito, por el contrario, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, realizó varias acciones, entre ellas, expidió la Directiva 001 de 2020 que estableció las directrices para la implementación del Banco de Hojas de Vida; creó el Manual Operativo de Bogotá Solidaria en Casa; estableció los lineamientos de contratación; elaboró la solicitud de ofertas a varios oferentes; la proyección del contrato de la urgencia manifiesta y adelantó varias reuniones con los alcaldes locales. Es así que solo 70 días después de haberse declarado el Estado de Emergencia, los ciudadanos recibieron la primera ayuda.

De acuerdo con el concejal, el contrato con la Cruz Roja generó unos sobrecostos enormes para la ciudad representados en $10.600 millones, de esos $6.641 millones en sobrecostos de los mercados y kit de aseo y más de $3.000 millones en costos de administración que cobró la Cruz Roja.

Frente a la violación de la figura de urgencia manifiesta, Colmenares llamó la atención que en el contrato se estableció un pago anticipado por parte del Distrito a favor de la Cruz Roja por valor de $33.000 millones; sin embargo, la Cruz Roja adelantó un proceso de selección de oferentes y dio un mayor puntaje a quien tuviera mayor capacidad financiera y aceptara el pago a 60 días.