Pesca deportiva en Colombia: ¿por qué le preocupa a la comunidad su prohibición?

Colombia es un país biodiverso en el 100 % de su territorio, no solamente en fauna, sino también en flora, lo que permite, además de divisar maravillosos paisajes, por lo que gran parte de la economía del mismo, se mueva a través del turismo.

Así las cosas, una de las prácticas que genera la movilización de miles de turistas en el país, es la llamada pesca deportiva, que se realiza en diferentes partes del mundo, y consiste en pescar (valga la redundancia) a los peces que se encuentran navegando en determinadas zonas, pero sin causarles daño con un anzuelo. Para, luego, devolverlos a su hábitat natural.

Prácticamente, en palabras simples ‘sacarlo para tomar la foto y ya’, por lo que suele hacerse con peces que son de diferentes colores y de tamaños, normalmente grandes. Es decir, no se hace con los que generalmente se consumen en los hogares colombianos.

En Colombia se generan alrededor de $276.713.500.000 por la pesca, sin tener en cuenta hoteles, transportes, pasajes aéreos, restaurantes, combustible y permisos. Por lo que, al menos 117 operadores logísticos, 1640 guías, 272 auxiliares, 78 tiendas, 31 comunidades y más de 2.510 familias que dependen económicamente de esta actividad en todo el país, quedarían sin empleo si se prohíbe dicha actividad.

Y es que eso es lo que manifiesta la sentencia de la Corte Constitucional (C148-22) que declara inconstitucional la pesca deportiva, afectando así a miles de familias indígenas y campesinas que derivan su sustento de esta práctica.

Al respecto, Delio Suárez, Capitán y máxima autoridad indígena de la comunidad de La Ceiba, en el departamento del Guainía, aseguró que hacen un llamado “respetuoso a la Corte Constitucional y a las autoridades para que no prohíban de tajo una actividad que representa desarrollo sostenible para las regiones y para las comunidades e indígenas que dependemos de ella para no incurrir en actividades ilícitas o que puedan afectar de manera permanente el ecosistema”.

Asimismo, afirmó a SEMANA que después de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, su producción se ha reorientado para realizar actividades productivas sostenibles como el turismo. “Hace años, en mi comunidad nos dedicábamos a la tala de madera para la expansión de cultivos de ganado vacuno o monocultivos y a conseguir peces exóticos para peceras en las ciudades, ahora aplicamos un plan de manejo para el cuidado de nuestras lagunas”.

De igual manera, expresó que “gracias al Sena, el Ministerio de Medio Ambiente, la Aunap y la WWF, nos capacitamos en turismo y entendimos mejor el círculo virtuoso de la pesca deportiva de conservación, ahora en asocio con los operadores logísticos recibimos a los pescadores que respetan nuestra cultura y los hermosos paisajes que tenemos en el Guainía”.

Delio, asevera que el fallo de la corte no tuvo en cuenta ni el impacto sobre nuestras comunidades ni el hecho de que la pesca deportiva por naturaleza cuida el ambiente y los ecosistemas en donde se desarrolla. “Con esta decisión nos obligan a cambiar un proyecto en el que hemos trabajado por años y nos hace deshacer lo que hemos andado en años, y esto no es fácil en zonas tan alejadas como son nuestros territorios. Porque no solo hablo del Guainía, sino también de regiones como el Vichada, el Casanare, el Meta, el Chocó, por nombrar algunos”, agregó a SEMANA el líder indígena.

Por lo cual, piden la nulidad de la sentencia, buscando que “nuestras voces sean escuchadas y nos garanticen la participación, no solo de mi comunidad, sino también para que otras muchas voces indígenas y afros puedan ser escuchadas, para encontrar una solución proporcional que tenga en cuenta nuestra perspectiva de pueblos originarios”.

Y así, considerar que el “desarrollo de esta actividad es esencial en el cuidado del medio ambiente, para nosotros es importante que la Corte tenga claro que la responsabilidad de cuidar el ambiente es la primera en la prioridad de todas nuestras comunidades y el ejercicio de la pesca deportiva”, destacando que estas comunidades están protegidas especialmente por la Constitución, por normas internacionales y por el Acuerdo de paz.

Finalmente, piden que se les permita participar en el proceso y “dar a conocer toda la lógica virtuosa de relaciones humanas y económicas en la que estamos involucrados los pueblos indígenas, así como los afrodescendientes y también los campesinos, en torno a esta actividad de la que hoy vivimos muchas familias”.