Pese a constantes amenazas, jueces de Barranquilla no cuentan con esquema de seguridad ni vehículos blindados

El pasado 27 de julio, en medio de una audiencia en la que se iba a definir la medida de aseguramiento en contra de los jefes de la banda criminal de Los Rastrojos Costeños, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, y Jesús Armando Olivares Guzmán, Comandante 07, el juez penal municipal ambulante con funciones de control de garantías de Barranquilla fue víctima de una clara amenaza de muerte.

Un usuario ingresó a la audiencia virtual y en el chat declaró objetivo militar al juez. En el mensaje, que quedó grabado inmediatamente en la retina de todos los asistentes, daba información privada del juez, esto como muestra que lo estaban siguiendo y tenían información sobre su lugar de residencia y movimientos diarios en la ciudad de Santa Marta.

En la amenaza se advierte que el juez le negó el “uso de la palabra a nuestro máximo líder (...). Nadie irrespeta a nuestro máximo líder, quedan advertidos (SIC)”. La situación fue puesta de presente en la diligencia judicial, puesto que se estaba resolvieron la situación jurídica de los dos máximos comandantes de esa banda criminal en la región.

La gravedad de la situación motivó que inmediatamente pidieron medidas de protección y seguridad para el funcionario judicial. Igualmente, SEMANA conoció una carta enviada a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el que se piden medidas de protección y seguridad.

Los jueces especializados de Barranquilla, quienes firman la misiva, reseñan que son varios los casos en los cuales los funcionarios judiciales son víctimas de estas amenazas, hecho que los pone en “un peligro inminente”. Jueces y fiscales reciben, casi que a diario, mensajes por WhatsApp en los que son intimidados y declarados objetivo militar.

Los jueces especializados de Barranquilla revelaron que tienen que realizar las audiencias de manera presencial, obligándose a trasladarse desde los despachos hasta los juzgados, lo que aumenta su riesgo. Estos funcionarios son los que tienen que resolver los procesos que se adelantan en contra de integrantes de “organizaciones delictivas peligrosas”.

Entre estos se encuentran los grupos conocidos como Los Costeños, Los Rastrojos, Las Pirañas, Los Bakring, Los Pachencas y el Clan del Golfo. “Con ocasión al trabajo que se realiza, estamos evacuando diariamente audiencias con los miembros de esas bandas delincuenciales, quienes están privados de la libertad y, según los escritos de acusación que presenta la fiscalía, pertenecen a grupos y organizaciones criminales que delinquen en toda la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico”, señala uno de los apartes del comunicado.

Estas personas tienen procesos relacionados con homicidios con fines terroristas, asesinatos de líderes sociales, periodistas y personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, extorsiones, tráfico de armas, concierto para delinquir, homicidios, tráfico de drogas, así como violación a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

Pese a esto, los juzgados penales especializados no cuentan con un esquema de seguridad, ni tampoco con escoltas o los vehículos apropiados “para el desempeño de nuestras funciones, nos estamos transportando en los carros privados de uso personal sin tener un lugar siquiera donde parquear”.

En marzo de 2022 le habían hecho la solicitud a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura en Atlántico y al Director Seccional de la carrera de administración judicial, sin embargo, hasta la fecha, no han recibido respuesta alguna.

Frente a esta grave situación piden que se tomen medidas con el fin de que se disponga un esquema de seguridad para que se garantice su vida e integridad.