Pese a reforma laboral, denuncian graves irregularidades por contratos de prestación de servicios en la Agencia Nacional de Tierras

Los constantes abusos que se cometen contra quienes trabajan por prestación de servicios llevaron al Gobierno a proponer su eliminación en la reforma laboral que ya fue radicada en el Congreso y que pronto iniciará su trámite legislativo. No obstante, una cosa parece ser el discurso de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y de los ponentes de la iniciativa, como la representante María Fernanda Carrascal, y otra cosa lo que está sucediendo al interior de las entidades estatales.

SEMANA recibió denuncias de un nutrido grupo de abogados que fueron convocados para trabajar en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mediante un contrato de prestación de servicios inicialmente por seis meses y con posibilidad de renovación, pero de un momento a otro les cambiaron las condiciones, les bajaron el período del contrato a un mes y les hicieron exigencias que no son acordes a este tipo de contratación laboral.

La convocatoria se hizo en febrero pasado y desde marzo y principios de mayo, más de 80 abogados ingresaron a la entidad para prestar sus servicios profesionales con el fin de “apoyar la revisión, análisis y emisión de información y documentación jurídica necesaria para desarrollar los procesos relacionados con el Registro de Sujetos de Ordenamiento RESO”, dice el contrato de uno los pocos abogados que ya logró tenerlo firmado, pues muchos arrancaron a trabajar sin contrato y aún siguen en la misma condición.

El RESO es uno de los compromisos que se pactaron en los diálogos de paz con las antiguas Farc y básicamente se refiere a la entrega de tierras a miles de campesinos, pero es un proceso que está muy atrasado. Para acelerarlo y que más personas tuvieran acceso, en la ANT desarrollaron una línea de WhatsApp en la que los interesados pudieran hacer sus ofertas de venta o adquisición de tierra. Como resultado, la entidad tuvo una avalancha de solicitudes, al pasar de 160.000 en los 6 primeros años de la iniciativa a 600.000 entre diciembre pasado y abril de este año. En consecuencia, la cual la ANT se vio forzada a contratar a un ejército de abogados que ayudara con estos trámites.

Uno de los denunciantes informó a SEMANA que la oferta laboral les resultó atractiva debido a varios motivos. En primer lugar, implicaba un pago mensual promedio de 5,3 millones de pesos, lo cual resultaba bastante tentador. Además, les ofrecía la posibilidad de desarrollo profesional y la oportunidad de renovar y continuar trabajando con la entidad. Estos aspectos los motivaron a comenzar a trabajar sin haber firmado el contrato, confiando en la promesa de que se les pagaría bajo esas condiciones. Sin embargo, se llevaron una sorpresa al ver que las circunstancias cambiaron de manera abrupta, algo que no esperaban

“De un momento a otro cambiaron a la directora de ordenamiento territorial de la entidad, que era la encargada de la contratación -lo que sucedió tras el cambio de la ministra de Agricultura-. A ella la reemplaza el abogado Tony Luis Lozano Berrocal, un profesional que está cuestionado y que desde septiembre del año pasado se desempeñaba como experto grado 8 de la ANT”, explica uno de los abogados afectados y añade que el problema de Lozano Berrocal, quien en el pasado se desempeñó como secretario de Gobierno de Apartadó, fue que en 2017 el Consejo Superior de la Judicatura le ratificó una sanción de 2015 por “incurrir en falta de honradez y no entregar a la menor brevedad posibles dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional o demorar la comunicación de este recibo”, informó en su momento el medio Noticias Urabá.

El caso es que el pasado lunes 15 de mayo Lozano Berrocal citó a todos los abogados contratados por prestación de servicio a la oficina a la ANT (en el CAN en Bogotá) para una reunión urgente, pese a que la mayoría estaba en una capacitación virtual sobre los programas que usa la entidad. En dicha reunión, el funcionario se mostró insatisfecho con el trabajo de los abogados, dijo que sobraba mucha gente, que iban a revisar contrato por contrato y mientras tanto les anunció que los contratos serían a un mes, que debían cumplir horarios en las oficinas y que si no aceptaban las nuevas condiciones no les pagarían el tiempo que ya habían trabajado. “Acá hay mucho cacique y poco indio y necesitamos indios para trabajar”, habría dicho enfático Lozano Berrocal.

“El problema es que muchos de los abogados renunciaron a sus trabajos y se desplazaron de otras ciudades del país para realizar este trabajo en la ANT y ahora se van a quedar volando. Los abogados se necesitan porque este es un trabajo de largo aliento que va a tomar muchos años y que además se puede hacer de forma remota”, dijo otro de los juristas que habló con SEMANA.

Los cambios abruptos del contrato de prestación de servicios, muchos de ellos sin firmar pese a que los contratistas ya están trabajando, estarían motivando el establecimiento de una demanda de los abogados que sienten vulnerados sus derechos, pues hay un contrato realidad que no se está cumpliendo y además habría daños y perjuicios de los que tuvieron que trasladarse a Bogotá.

“No es posible que el Gobierno pregone en beneficio de los trabajadores en la reforma laboral y en la práctica haga otra cosa”, insiste una de las abogadas que aún no tiene contrato firmado.

Aquí no solo se afectan estos profesionales, sino también los miles de campesinos que están a la espera de tierras.