Petición de nulidad aumenta el riesgo de prescripción del proceso contra Luis Carlos Restrepo

Una nueva petición de nulidad se registró en el proceso que se adelanta contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo por su presunta participación en la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc registrada en marzo de 2016 en el municipio de Alvarado (Tolima). El recurso fue presentado frente a la decisión del juzgado primero especializado de Cundinamarca que excluyó varias pruebas solicitadas por la defensa para el desarrollo del juicio.

Las pruebas rechazadas están relacionadas con la tesis de la defensa de que dicha compañía guerrillera no fue una invención y que sí existió en realidad, cometiendo actividades delictivas en el norte del departamento del Tolima. Estas peticiones de nulidad y apelación deberán ser resueltas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, lo que potencializa aun más el riesgo de prescripción de este proceso penal que inició en el año 2011.

Pese a que han pasado diez años, el juicio contra Restrepo no ha iniciado debido a diferentes factores que han extendido la audiencia preparatorias, en las cuales se definen las pruebas que serán tenidas en cuenta. Entre estos se encuentra el cambio de fiscal, las recusaciones, la renuncia de abogados de la defensoría pública, solicitudes de aplazamiento, demoras en la entrega de las pruebas, entre muchos otros.

Debido a todo esto, algunos delitos por los que fue llamado a juicio Restrepo —quien es desde hace una década un prófugo de la justicia— ya han prescrito, puesto que se superó el tiempo para su juzgamiento. En enero se 2019 se cayó la investigación por el delito de tráfico de armas de uso personal.

Los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, concierto para delinquir, fraude procesal y tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares prescribirían el próximo 22 de febrero.

En la audiencia que se celebró el pasado 29 de enero el juez y el fiscal del caso hicieron un llamado para evitar los aplazamientos y suspensiones injustificadas de la audiencia preparatoria.

La falsa desmovilización

En el escrito de acusación radicado en junio de 2012 se advierte que en el año 2006 fueron contactados habitantes de calle, personas con problemas de drogadicción, prostitutas y desempleados con el fin que se presentaran como guerrilleros que querían dejar las armas y volver a la vida civil.

Para esto fueron trasladados hasta un campamento ubicado en zona rural del municipio de Alvarado con el fin de entrenarlos rápidamente en el uso de armamento, darles camuflado y presentarlos ante la Oficina del Alto Comisionado de Paz como una estructura guerrillera que se iba a desmovilizar.

Pocas semanas después aparecieron en un acto protocolario vestidos de camuflado, entregando armas de fuego (fusiles y pistolas) y firmando un acta en la que anunciaban su desmovilización. Sin embargo, para la Fiscalía, tanto el Ejército Nacional como la Oficina del Alto Comisionado de Paz, sabían que ellos no eran subversivos y que la compañía guerrillera no existía.

Los militares, según indica la acusación, fueron los encargados de conseguir el armamento y los camuflados, así como realizar el respectivo traslado desde diferentes regiones del país de estas personas.

Por estos hechos son procesados los coroneles en retiro Hugo Hernán Castellanos y Jaime Joaquín Ariza Girón, así como los desmovilizados Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, Felipe Alejandro Salazar Pacheco, alias Biófilo, y los hermanos Miguel Alcides Pacheco Ramos. Flor Inés Pacheco Ramos, José Alfredo Pacheco Ramos.