Petro: a la espera de la absolución mientras sus sanciones rondan $1 billón

El camino de Gustavo Petro a las elecciones presidenciales está empantanado. Y no precisamente por falta de fuerza electoral, pues a la luz de la última encuesta Pulso País, publicada esta semana, tiene la segunda intención de voto con el 13,1%, solo por detrás de Sergio Fajardo (17,3%). Los talanqueras del exalcalde pasan por el viejo lío de las basuras que le valió la destitución efímera de su cargo y que le sigue acumulando sanciones. Esta semana trascendió que la Contraloría Distrital le impuso dos nuevas.

Una de ellas tiene que ver con una multa que el Distrito le pagó a la Superintendencia de Industria y Comercio por, supuestamente, violar la libre competencia en la contratación del esquema de basuras. Para la Contraloría, Petro y otros siete funcionarios suyos deben devolverle 97.000 millones al erario. La otra multa, que comparte con Diego Bravo, exgerente del Acueducto de Bogotá, es por 40.000 millones por un posible detrimento patrimonial.

Además, el exalcalde ya tiene otra sanción de la misma entidad por 217.000 millones por no subir el precio de los pasajes de Transmilenio. Y hay otro juicio fiscal en marcha en la contraloría distrital por la recompra de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), en la que se presume un detrimento por 800.000 millones de pesos.

Esas multas, que podrían sumar más de un billón de pesos, le truncarían su camino al Palacio de Nariño porque, aunque no lo inhabilita para presentarse como candidato, según la misma interpretación que ha hecho el exalcalde, le impediría posesionarse como presidente en caso de ganar las elecciones sin haber pagado el monto adeudado. Y por el nivel que ya alcanza la cuenta, pagar parece imposible.

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Pero a la par que el caso de las basuras le genera sanciones, en el Consejo de Estado ronda una ponencia que lo eximiría de culpas en ese mismo caso. Fue elaborada por el magistrado César Palomino y, de ser aprobada por la mayoría de los togados, tumbaría definitivamente la inhabilidad que le interpuso el entonces procurador Alejandro Ordóñez en 2013, y que actualmente está suspendida por las medidas cautelares expedidas por ese mismo tribunal.

El 9 de diciembre de ese año, la Procuraduría declaró la responsabilidad disciplinaria de Petro por la emergencia que vivió la ciudad durante el cambio del esquema de aseo que implementó el entonces alcalde con la firma de dos contratos (uno con la UAESP y otro con la EAAB, a través de Aguas de Bogotá) y dos decretos.

Para ese ente, esa transición era el detonante de la crisis ambiental vivida durante el 18, 19 y 20 de diciembre de 2012, cuando buena parte de la ciudad estuvo inundada de basuras. Los argumentos pasaban porque no se habían tomado las precauciones y disposiciones necesarios y, entre otras, se había puesto a entidades del distrito, supuestamente sin la experiencia y la capacidad, a la cabeza de la prestación de aquel servicio. Como resultado, Petro fue destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos.

El Consejo de Estado devolvió a Petro a su cargo tras cobijarlo con medidas cautelares el 13 de mayo de 2014, pero no ha resuelto el caso de fondo. La responsabilidad de proponer una respuesta definitiva quedó en las manos del magistrado César Palomino, que en agosto pasado dejó lista su ponencia, en la que revoca definitivamente la sanción de la Procuraduría. Es decir, tumba la inhabilidad y le abre el camino para las elecciones presidenciales.

El proyecto, sin embargo, no ha sido votado por la sala plena y aunque la decisión sigue pendiente, al parecer saldría de ese tribunal a favor de Petro. Se espera que esa determinación se tome en las próximas semanas, pues estaba frenada por un impedimento de una magistrada que ya se resolvió.

Así las cosas, el palo en la rueda para sus aspiraciones electorales queda en la Contraloría Distrital. El marco de la implementación del esquema de basuras de Petro es amplio, y la sanción de la Contraloría va, concretamente, por la compra de 116 vehículos de recolección de basura que no fueron utilizados. Eso, según las cuentas del ente, constituyó un detrimento patrimonial de 33.000 millones de pesos (al cambio de entonces) para las arcas distritales.

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Parte del análisis que hace el ente de control indica que Petro "incurrió en una conducta gravemente culposa", porque determinó la firma de los contratos para adquirir esos vehículos a través de la EAAB, aún cuando la Contraloría le había advertido que los vehículos llegarían tarde para la implementación del nuevo esquema del servicio de aseo, "con lo cual se ponía en riesgo la oportuna, eficiencia y efectividad de la gestión fiscal para garantizar la continuidad del mismo".

El ente de control va más allá, al señalar que el exalcalde "actuó sin que acompañara a dicho proceso la debida planeación" y que sus acciones estaban guiadas "más por su convencimiento que por estudios técnicos, jurídicos y financieron sólidos que garantizaran procesos comproblables, reales y definitivos".

Lo paradójico es que los mismos hechos, el cambio del esquema de basuras en Bogotá, le generen tanto la ponencia que lo exime de culpas disciplinarias como la sanciones que le atribuyen responsabilidades fiscales.

Por su parte, la lectura del magistrado César Palomino pone el foco en todo el esquema de basuras, y no particularmente en la compra de los carros. El togado tiene una lectura distinta de la supuesta culpa del acalde. Indica que el cambio en el esquema de basuras estuvo motivado por la intención del Distrito de darle cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional.

El togado se refiere a un fallo del 2003 que es la respuesta a una tutela de los recicladores de la ciudad, en la que abogaban por su derecho al trabajo. El tribunal ordenó entonces que en el nuevo esquema, ellos tendrían que ser incluidos. Eso implicaba "definir y designar un esquema que dignificara la actividad de reciclable".

La Procuraduría también había dicho que en la crisis de las basuras de Bogotá hubo una "culpa gravísima" del alcalde. Un argumento similar al de la Contraloría Distrital, que aseguró que "acciones y omisiones valoradas en conjunto demuestran que en el propósito de implementar el sistema de aseo de la ciudad de Bogotá, tanto como alcalde mayor o como miembro de la Junta Directiva de la EAAB, no tuvieron la sincronización y coherencia requerida".

Sin embargo, para que esa "culpa gravísima" se configure, explica el magistrado, es necesario que se demuestre la intención o el dolo del alcalde de incurrir en irregularidades. Así, para el togado, no se puede mostrar la "voluntariedad", un "presupuesto esencial de la culpabilidad". Ese es uno de sus argumentos para sepultar la decisión de la Procuraduría.

Lo concreto es que, con esos líos a cuestas, el exalcalde sigue en campaña por todo el país, recogiendo firmas para sustentar su candidatura a la Presidencia, con la incertidumbre de las millonarias sanciones a cuestas.