Piden a la JEP exigirle más compromiso a ex-Farc con la verdad sobre violencia en Urabá

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que les exija a los excomandantes del frente 34 de las Farc–EP un mayor compromiso en su aporte a la verdad por los hechos ocurridos durante el conflicto armado en la región del Urabá, una de las regiones más afectadas por el conflicto en la historia de Colombia.

En un escrito de observaciones a las versiones rendidas por excomandantes de ese frente en el macrocaso 04, en el que se investiga la situación territorial en esa región, el Ministerio Público requirió una “mayor colaboración en casos relacionados con el reclutamiento de menores de 15 años, desapariciones originadas en el ajusticiamiento de líderes comunitarios y miembros de la fuerza pública no combatientes, así como en hechos de violencia sexual y de género cometidos contra la comunidad y al interior de sus filas”.

En el documento conocido por SEMANA, se evidenció que si bien los comparecientes no reconocieron haber incurrido en desplazamiento forzado, los hechos asociados a la violencia ocurrida en Urabá, particularmente los ataques e incursiones perpetradas por ese frente, generaron indirectamente graves afectaciones al territorio y al tejido comunitario, social y familiar de sus pobladores, tanto en sus bienes materiales, como físicos y ambientales.

Responsabilidad de los comandantes

La Procuraduría pidió que se tenga en cuenta “un criterio preciso de fijación de responsabilidad tanto a nivel individual como colectivo, así como establecer la metodología para determinar la responsabilidad como máximos partícipes determinantes de los comparecientes Luis Óscar Úsuga, Francy María Orrego, José Ignacio Sánchez Ramírez, Pedro Baracutao García Ospina, Vianey de Jesús Hernández Benítez, Nelson Elías Benítez Urrego y José Gregorio Castro Fajardo, en su calidad de comandantes del frente”.

Con relación al reclutamiento de menores, el Ministerio Público solicitó entregar a los comparecientes un listado con los nombres de jóvenes de los cuales haya registro, “para que se haga por parte de esa organización un ejercicio de mayor investigación y contrastación con la información que tengan en sus bases, a fin de que exista un pleno reconocimiento de reclutamiento de menores por la estructura guerrillera”.

Finalmente, pidió que sean llamados a rendir versión voluntaria varios exmiembros de las Farc–EP, quienes, en su calidad de máximos responsables o partícipes determinantes, fueron mencionados en diligencias rendidas en 2021 y no han sido convocados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, no obstante haber sido evidenciada su participación en hechos considerados como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Al menos 37 municipios de Antioquia están en riesgo electoral ante las presidenciales

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas frente a las acciones delincuenciales que podrían ejecutar los grupos delincuenciales en el marco de la segunda jornada electoral del año. Si bien el riesgo incluye a 290 localidades de Colombia, Antioquia concentra el 12 % del grupo.

El temor está fundamentado en el amplio despliegue que tienen los ilegales sobre el departamento. En el radar del Ministerio Público están el ELN, Clan del Golfo y las disidencias de las Farc que disputan las actividades criminales del narcotráfico, minería ilegal, microtráfico, gota a gota, extorsiones, entre otras.

A juicio de la Defensoría, en siete municipios de Antioquia hay riesgo extremo y 30 están marcados con riesgo alto. Sin embargo, el Gobierno nacional solo reconoció la inestabilidad en 17 territorios localizados en las subregiones de oriente, noreste, Urabá y Magdalena Medio.