Piden a la JEP que el sector empresarial tenga un capítulo especial como víctima

Al despacho de la procuradora general, Margarita Cabello, llegó un derecho de petición con el que se pretende lograr la apertura del macro caso y el capítulo especial para el sector empresarial. El documento, que fue presentado por diez centros de pensamiento del país, recopila un listado de afectaciones que ha vivido en los últimos 50 años el eslabón productivo que mueve la economía de Colombia.

“El país no puede cometer el histórico error de no reconocer y evidenciar en este paso trascendental que se está dando en materia de reconciliación, las graves afectaciones que pequeños, medianos y grandes empresarios sufrieron como consecuencia del conflicto narcoterrorista que como colombianos hemos sido víctimas durante el último siglo, para lo cual, un verdadero paso es dejar la evidencia necesaria consignada, respaldando al sector productivo, importante generador de empleo y desarrollo como víctima en este atroz conflicto”, se resalta en uno de los apartes del documento.

La pretensión busca que no solo JEP preste atención a los casos, sino también la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (CEV). La idea es que sean escuchados casos de empresarios, agropecuarios, industriales y el gremio de comerciantes que durante años han denunciado abusos por parte de los actores del conflicto, así como el capítulo especial sobre los patrones de victimización y graves afectaciones vividas.

Entre las múltiples afectaciones que mencionan en la misiva aclaran que esta es una situación que va más allá de las implicaciones económicas, también tienen connotaciones sociales, culturales y ambientales. Señalan en uno de los ocho puntos clave a tener cuenta que “el ataque a la actividad empresarial es un mecanismo de control empleado por los actores violentos para incrementar su poderío y sus capacidades por esa razón el reconocer la victimización de la actividad empresarial es fundamental para el esclarecimiento de la verdad, la justicia, la reconciliación, la no repetición, y, sobre todo, para la reconstrucción económica y social de las comunidades”.

Los firmantes del derecho de petición son: Libertank, Yo Protejo mi País, País Posible, Mejorasi, Corporación Excelencia en la Justicia, Únete por Colombia, Corporación Pensamiento Siglo XXI, Visión Colombia 2022, nueva democracia y foro Atenas. Los directivos de dichas organizaciones consideran que en muchas oportunidades en el marco del conflicto las empresas fueron tildadas de victimarías, más allá de ser consideradas víctimas.

Es de resaltar que durante años se ha conocido que empresarios fueron atacados o utilizados por los grupos criminales en su actuar delictivo, como lo ha señalado el comerciante Javier Cadavid y su familia, quienes también han solicitado a la JEP que lleve su caso, ya que por la justicia penal ordinaria el comerciante fue condenado a 20 años de prisión pese a que los mismos exguerrilleros han señalado que él simplemente fue una víctima de las circunstancias.

En 2007 Cadavid tenía un supermercado en el corregimiento de Puerto Venus (Antioquia). Para esa época, en esa región apartada muchos campesinos no tenían cuentas bancarias, así que las familias o comerciantes le consignaban dinero a la cuanta de Cadavid y él lo entregaba en efectivo o especie a los pobladores, según lo que requirieran. “Ese señor, era tan humanitario y bella persona que a uno no le cobraba por transacciones, hacía las veces de un corresponsal bancario, pero sin ningún interés”, en esa versión coinciden varios de los habitantes del municipio consultados por este medio.

La guerrilla vio en esa cuenta la mejor oportunidad para lograr su cometido a la hora de extorsionar, dijo Mariela Toro, esposa del comerciante. Según las autoridades, en esa cuenta consignaron dinero de actividades ilícitas, alrededor de 80 millones de pesos, pero a Cadavid le decían que eran para diferentes campesinos que iban al supermercado a reclamar, al parecer instrumentalizados por los grupos armados.

Esa situación acabó con la vida de Javier Cadavid y su familia; los niños que estaban apenas entrando en la adolescencia tuvieron que crecer sin su padre, mientras Mariela tuvo que vender todas sus pertenecías para pagar a los abogados y finalmente quebraron. Ante la justicia, los guerrilleros de esa zona que iban siendo detenidos hablaban de la inocencia de Cadavid, pero nada de eso fue suficiente para los jueces.