Piden al Gobierno Petro frenar la violencia en el sur de Bolívar; organizaciones sociales advierten que líderes sociales están en riesgo

El pasado 21 de abril Narciso Beleño, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), fue atacado por hombres armados cerca de las 9:00 de la noche, frente a su casa en el barrio El Recreo, del municipio de Santa Rosa Sur.

De inmediato, el presidente, Gustavo Petro, y la comunidad internacional condenaron el asesinato del líder campesino y defensor de los derechos humanos en el Sur del departamento de Bolívar.

“Le hemos fallado a Narciso Beleño. Tenía y tiene razón. No habrá paz mientras haya exclusión. Se me pide que no luche tanto por la igualdad, pero lo que hay es que ser más eficaces y tener menos miedo. Luchar contra la exclusión es esencial en una verdadera democracia”, dijo Petro.

En otro trino pidió investigar la muerte del líder campesino: “Los asesinos de Narciso Beleño deben ser descubiertos. Un campesino que impulsaba la reforma agraria en el sur de Bolívar. Un campesinado que tenga tierra es el cimiento más fuerte de la Paz en Colombia”.

Por esa razón, diferentes organizaciones de la sociedad civil colombiana y organizaciones internacionales acompañantes, pidieron al Gobierno Petro que se proteja de manera efectiva a las comunidades del sur de Bolívar y se den soluciones estructurales para garantizar la no repetición de los hechos de violencia, se protejan los liderazgos sociales y el derecho a defender derechos, y que la participación en los mecanismos para la paz no genere más riesgos a las comunidades y sus liderazgos.

“Narciso era un dirigente campesino de larga trayectoria, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, liderando la lucha de las comunidades del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio en sus esfuerzos para alcanzar una vida digna, sin los impactos de la violencia. Su trabajo por la construcción de paz y justicia social fue incansable, y su muerte deja en zozobra a los pobladores en el territorio”, dicen en el comunicado.

Además, indican que la violencia en esa región está desbordada y que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia están incursionando en esa zona del país generando temor y zozobra en la ciudadanía.

“El asesinato de Narciso se suma a múltiples agresiones, entre ellas las retenciones arbitrarias de pobladores y asesinatos en los municipios de Morales y Arenal. El día 21 de abril aproximadamente 150 personas provenientes de las comunidades del corregimiento de Micoahumado y otras veredas del municipio de Morales se desplazaron forzosamente hacia la cabecera municipal de Morales, refugiándose en la Institución Educativa Vicente Hondarza, para salvaguardar su vida e integridad”, reiteran.

Resaltan que las alertas de la comunidad y de la Defensoría del Pueblo deben ser tenidas en cuenta porque en varias ocasiones se han hecho llamados para frenar la violencia en el sur de Bolívar.

“Las comunidades de esta región tienen derecho a permanecer en sus territorios, a llevar una vida libre de todas las formas de violencia, tienen el derecho a la protección del Estado, a la acción de las autoridades de la fuerza pública, mandatarios locales, la fiscalía y los jueces, para garantizar que en este territorio no actúen de manera criminal y con plena impunidad, las organizaciones armadas ilegales. Las comunidades del sur de Bolívar tienen derecho a esperar que los agentes del Estado, en particular los miembros de la fuerza pública actúen de acuerdo con la Constitución y las leyes, y que todas las partes involucradas en los conflictos armados acaten incondicionalmente las normas y principios del derecho internacional humanitario”.

Por ello, piden al presidente Gustavo Petro que la presencia institucional llegue a esta región para frenar la expansión de los grupos criminales ya que este ha sido un problema de décadas anteriores.

“Esperamos que este crimen y miles de agresiones perpetradas en el Sur de Bolívar sean investigadas y sancionadas por el sistema judicial, y se ponga punto final al horror y sufrimiento de las comunidades que viven y trabajan bajo el asedio de los grupos armados criminales que dominan la región”.