Piden al ICBF información detallada sobre contratación de programas de alimentación para menores de la comunidad Wayúu

Para nadie es un secreto que la situación en esa región del país, en temas como el acceso a alimentos y demás, muchas veces se convierte en algo muy complejo. Por esa razón, la Procuraduría General de la Nación le pidió, de manera formal, a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de la Regional La Guajira, Yanerys Beatriz Cotes Cotes, información detallada sobre la contratación de los programas de alimentación que benefician a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Wayuu.

En comunicación enviada a la funcionaria, el Ministerio Público pide al ICBF especificar la fundación u operador contratado y aspectos de los negocios jurídicos como el valor, el número de beneficiarios, las comunidades donde se prestará el servicio y toda la información de la representación legal.

La Procuraduría explicó que las acciones preventivas se deben a “las denuncias realizadas por las autoridades del pueblo wayuu, los cuales manifiestan presuntos hechos de corrupción en la forma en que se está llevando la contratación directa para la modalidad propia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.

En este caso, la solicitud está en manos de la Procuraduría regional que inició un estricto seguimiento al presupuesto que ejecutó el ICBF con diferentes fundaciones, quienes prestan los servicios de atención a la nutrición y a la primera infancia, por medio de la modalidad familiar, con la entrega gratuita de leche, alimentos o complementos nutricionales y, la alimentación de niños y niñas de cero a cinco años en los diferentes Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del ICBF.

La Procuraduría recordó la importancia de acatar cabalmente la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada y al acceso al agua potable de los niños y niñas pertenecientes a la comunidad wayuu asentada en los municipios de Maicao, Uribía, Riohacha y Manaure

En el 2020, 65 niños y niñas fallecieron en La Guajira por causas prevenibles asociadas a la ausencia de agua potable. En los primeros cinco meses del 2021, según el Dane, habrían muerto 18 menores de edad más.

Ese fallo fue en 2016. La Corte Constitucional acordó en sala plena ordenarle al gobierno diseñar y ejecutar un plan para resolver “las dificultades de desnutrición” y salud de los niños indígenas wayúu, que habitan en el departamento de La Guajira (norte).

“Diseñar, coordinar y ejecutar un plan eficiente y eficaz que dé solución integral y definitiva a las dificultades de desnutrición, salud y falta de acceso al agua potable y salubre de los niños y niñas Wayúu, ordenó la Corte Suprema de Justicia a la Presidencia”, dijo el máximo tribunal en el comunicado emitido cuando se tomó la decisión.

La Corte determinó que el gobierno debería “trazar un organigrama con tiempos razonables y reales” para atender la situación en La Guajira.

La crisis no es nueva. Por ejemplo, en 2015 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) detectó casi 900 niños desnutridos.