Piden al presidente Petro no frenar actividades mineras y agrícolas en varios municipios de Antioquia

El borrador de una resolución del Ministerio de Ambiente, que promete delimitar temporalmente como zona de protección 92.701 hectáreas de bosque, tiene con los pelos de punta a los habitantes de once municipios del departamento de Antioquia.

Bajo la lupa del Gobierno nacional están las montañas de Caramanta, Jardín, Valparaíso, Andes, Támesis, La Pintada, Jericó, Pueblorrico, Tarso, Fredonia y Santa Bárbara. La medida también cobijaría a Riosucio y Aguadas en Caldas, y Mistrató en Risaralda.

La mano dura se aplicaría con el propósito de proteger las riquezas naturales y el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, dando por sentada la obligación del Estado de conservar las áreas de especial importancia ecológica, tal como lo prometió Petro.

Esta iniciativa no ha caído muy bien en las poblaciones que resultarían afectadas porque se les pondría freno a algunas actividades. Con base en la interpretación de las administraciones municipales, en la lista estarían la minería y la agricultura a gran escala.

Por esa razón, se envió una carta abierta a la Casa de Nariño en la que se le pide al presidente Gustavo Petro no frenar las actividades mineras agrícolas en esos municipios de Antioquia. La comunicación está respaldada con un gran número de firmantes que acompañan la solicitud y le piden que reciba a una comisión para tener un diálogo directo sobre el tema. “Nos gustaría que nos diera una cita junto con la ministra de Minas y de Ambiente para que en esta ocasión nos escuchen nuestra visión de territorio. La última vez que vinieron teníamos todo el interés de participar, pero fue imposible y solo se escuchó una visión que no compartimos”.

Los habitantes de Jericó (Antioquia) le dicen al presidente Petro que si se avanza en esa prohibición sería perjudicial para el desarrollo sostenible de la región y que antes de avanzar en una delimitación se deben hacer estudios de agua en el territorio que son los que podrían determinar si las distintas actividades económicas de la región son compatibles. “Los estudios de la Universidad de Antioquia que refiere el borrador de resolución no son concluyentes”, dice la carta.

La misiva agrega: “El cobre que tenemos en Jericó es una riqueza natural que ni usted, ni nosotros, ni nadie, decidió ponerla en nuestro territorio. Es una riqueza que la misma naturaleza decidió ponerla aquí y si se demuestra que se puede extraer de manera respetuosa con el ambiente y generando beneficios para la sociedad, consideramos que la debemos aprovechar responsablemente y más en un país como el nuestro con tantas deudas sociales”.

Los campesinos tienen temor que la producción de café también sea restringida, a razón de que en el perímetro citado por el Gobierno abunda esta actividad. Así lo contó en SEMANA el alcalde del municipio de Caramanta, Julián Andrés Granada Restrepo.

“Se generarían problemáticas con el tema del aguante, café, minería para la construcción y otros temas. Vemos con preocupación algunos temas de la resolución, falta que sea más detallado. Nosotros no nos oponemos a la protección del ambiente”, dijo el mandatario.

En un documento radicado ante el Ministerio de Ambiente, las alcaldías del suroeste antioqueño le plantearon al Gobierno la necesidad de hacer un estudio detallado que evidencie la necesidad de la delimitación por las ‘lagunas’ que tendría el que está siendo citado.

La misma petición se está tramitando en el Congreso de la República. Buena parte de la bancada de senadores y representantes a la Cámara de esta región del país han expresado intranquilidad por los alcances económicos que tendría el borrador de la resolución.

Desde el Centro Democrático se afirmó que la medida sería autoritaria y acabaría con las actividades agrícolas. Así lo afirmó el congresista Hernán Cadavid: “acabarán con otras actividades productivas en el suroeste. Mientras la ilegalidad suelta en otras subregiones”.

El partido Conversador, usando como vocero a Nicolás Echeverry, resumió que el documento es improvisado y viola los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, “cuyo desconocimiento afecta la integridad del territorio y el medio ambiente”.