Piden atención humanitaria para más de 1.400 habitantes de Chocó afectados por enfrentamientos armados

Una difícil situación humanitaria atraviesan las comunidades de la zona rural del municipio de Medio San Juan, Chocó, como consecuencia de los enfrentamientos que se registran entre guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia del Clan del Golfo.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estas confrontaciones han generado no solo zozobra entre la comunidad, sino que muchas familias han decidido abandonar sus casas o mantenerse confinados. Incluso, se han registrado daños a bienes de los civiles.

Según el reporte de ese organismo, debido a estos enfrentamientos al menos 400 personas se desplazaron hacia la cabecera municipal de Istmina y alrededor de mil personas de comunidades vecinas se encuentran confinadas y en alto riesgo de desplazamiento forzado.

“Estas familias corresponden a dos comunidades de Istmina (Doidó y Negría) y a cuatro comunidades de Sipí (San Agustín, las Brisas, Barranconcito y Chambacú)”, señaló.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional para que se garantice la atención humanitaria inmediata e integral de estas familias y se coordinen acciones eficaces para prevenir infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y así avanzar el acatamiento de las recomendaciones hechas en la Alerta Temprana 20 de 2021.

Entre tanto, un equipo de la Regional Chocó de esa entidad realizará este miércoles un acompañamiento especial en la zona de alojamientos en Istmina y participará en un comité de justicia transicional en el municipio de Medio San Juan.

Recordó que “se ha venido haciendo acompañamiento y seguimiento a la situación de riesgo de estas comunidades desde hace un año, ante el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales”.

“La comunidad de San Miguel fue desplazada hace exactamente un año, en septiembre de 2021, es decir, un mes después que la Defensoría del Pueblo advirtiera la grave situación de riesgo para esa comunidad en el marco de la disputa del territorio entre el ELN y las AGC”, puntualizó.

Atención prioritaria a líderes sindicales ante hechos violentos en su contra

De otra parte, la Defensoría del Pueblo denunció que en los primeros ocho meses de este año fueron asesinados cinco líderes sindicales en diferentes regiones del país, según el último mapa nacional de riesgos para líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.

Ante la situación, hizo un llamado para que se instalen mesas de trabajo regionales e interinstitucionales, inicialmente en los departamentos del Valle del Cauca, Santander, Magdalena Medio, Cesar, Antioquia, Risaralda y Arauca, para prevenir hechos de violencia y atender las demandas de los líderes sindicales, dados los recientes casos de amenazas y homicidios en su contra.

“Lamentamos que durante los primeros ocho meses de 2022 han sido asesinados cinco líderes sindicales: dos en Cali, uno en Restrepo (Valle del Cauca); uno en Dosquebradas (Risaralda) y uno en Saravena (Arauca), según el reporte de homicidios a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos que presentamos el pasado fin de semana”, dijo el jefe de ese despacho, Carlos Camargo.

A estas cifras se suma el asesinato de Sibaris Lamprea Vargas, de 42 años, líder sindical de la Unión Sindical Obrera (USO), sucedido el pasado fin de semana, en Barrancabermeja.

“Reitero nuestro mensaje de solidaridad a la familia del señor Lamprea Vargas, a sus compañeros de trabajo y a la USO. Es necesario garantizar el ejercicio del liderazgo sindical y desde el Estado urge garantizar que esa labor se realice con total libertad”, agregó.

En el mismo sentido, Camargo rechazó este tipo de acciones que atentan contra la libertad de asociación y manifestó su confianza en que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional puedan esclarecer estos crímenes, y crear líneas de acción en conjunto con la Unidad Nacional de Protección (UNP), para garantizar la vida e integridad de los líderes sindicales.

Señaló que es necesaria la articulación interinstitucional desde el nivel nacional, departamental y municipal para lograr la garantía de los derechos de los líderes sindicales.

La entidad destacó que como parte de las acciones de la Defensoría del Pueblo, a través de su delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), se ha venido haciendo la verificación de la situación en los territorios.

El pasado 30 de agosto se adelantaron reuniones en Barrancabermeja con líderes sindicales y autoridades de Santander para revisar la preocupante situación generada por las acciones de las bandas criminales y la delincuencia común que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos y de los líderes sindicales.

Señaló que en todos los casos se han denunciado varias situaciones que ponen en riesgo la actividad sindical, como:

- Demoras en los procesos de análisis de valoración del riesgo de parte del Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas (CERREM) y la UNP.

- Consideran insuficiente el otorgamiento de medidas de protección con el riesgo presente que viven los líderes sindicales.

- Las denuncias que se interponen a la Fiscalía no avanzan por insuficiencia de personal en las regiones, siendo la recomendación constante el aumento de despachos judiciales y de fiscales.

- Es necesario fortalecer las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo para adelantar los respectivos seguimientos a la actividad sindical.