“No solo la vida de los dirigentes de izquierda vale”

Se ha vuelto costumbre que cada 2 de noviembre, al despacho del fiscal general de la nación, llegue una carta exigiendo que el crimen de Álvaro Gómez Hurtado se declare como de lesa humanidad. El pasado jueves, cuando se cumplieron 22 años del asesinato del dirigente conservador, no fue la excepción. Esta vez, un congresista del Centro Democrático fue el remitente.

Samuel Hoyos, representante a la Cámara, se ha convertido en el abanderado de esta causa desde hace un par de años. Una batalla que para muchos parece perdida. La Fiscalía, de forma sistemática, ha venido rechazando esta petición, que en el fondo lo que busca es que el proceso por este magnicidio no prescriba y se siga investigando a los responsables.

Para la Fiscalía, el de Gómez Huurtado no puede ser crimen de lesa humanidad porque no cumple los requisitos para tener esa calificación. Entre otras, porque no se trató de un ataque sistematizado y generalizado contra una población civil, ni que fue una política sistemática contra el conservatismo.

Actualmente el proceso está vigente porque la Fiscalía prorrogó por cinco años el término para su prescripción. En teoría, la acción penal por el caso de Gómez Hurtado prescribirá en el 2020.

Hoyos controvierte la tesis de la Fiscalía y considera que Álvaro Gómez “fue asesinado por una estructura criminal cuya política cobró su vida y la de otras personas en el marco de múltiples asesinatos selectivos alrededor de lo que el país conoció como el proceso 8.000”.

El 2 de noviembre de 1995, cuando sicarios interceptaron y balearon el vehículo en el que se movilizaba Álvaro Gómez Hurtado en el norte de Bogotá, no sólo era uno de los más férreos opositores al gobierno de Ernesto Samper. También era periodista.

Alternaba sus funciones de director del diario El Nuevo Siglo, periódico que siempre ha sido tribuna del pensamiento conservador y donde escribía duros editoriales contra lo que llamaba el “régimen”, con la dirección del Noticiero 24 Horas, del cual era uno de los mayores accionistas. Allí solía aparecer como entrevistado, despachando titulares contra el gobierno de la época.

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Esa doble condición de dirigente político y periodista es a la que Hoyos acude para pedirle al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que declare la condición de crimen de lesa humanidad el homicidio de Gómez Hurtado.

En la carta que le dirigió el pasado jueves dice que cuatro expresidentes han solicitado que se declare crimen de lesa humanidad, Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, y que no solo se ajusta a la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional y la jurisprudencia nacional, sino que por el contexto y las circunstancias que rodearon aquel hecho violento, la convierten en un caso análogo a los asesinatos de algunos líderes de izquierda. Menciona los casos del periodista Jaime Garzón o del congresista Manuel Cepeda Vargas (UP), y el candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa (UP).

“No es la primera vez que hago esta petición a la entidad que usted hoy dirige y que hasta ahora parecía más interesada en proteger a los victimarios que en hacer justicia –dice Hoyos en la carta que le envió al fiscal Martínez Neira-. Espero que le demuestre al país que aún se puede confiar en nuestras instituciones, que no solo la vida de los dirigentes de izquierda vale, y que algo queda de nuestra justicia”.