Piden informe urgente sobre obras de mejoramiento de entornos educativos para menores de 3 años en centros de reclusión de mujeres

Prioridad a la intervención de los espacios de los niños y niñas menores de tres años de edad que conviven con sus madres en ocho (8) establecimientos carcelarios del país, requirió la Procuraduría General de la Nación a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, luego de visitas realizadas al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Mediana Seguridad de Medellín, el Pedregal y a la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad para Mujeres de Bogotá.

En la comunicación, enviada al Director de Infraestructura y en poder de SEMANA, el ente de control hizo un llamado al director de la Unidad, por el presunto incumplimiento de los cronogramas de actividades de intervención a la infraestructura para la adecuación e intervención de los espacios locativos de los entornos educativos, Unidades de Servicio – UDS y las reformas en los espacios conocidos como “entorno hogar”, demoras que se evidenciaron luego de la visita del ente de control, también referidas en el caso de Bogotá a la Secretaría Distrital de Salud.

Asimismo, frente a las denuncias por el aumento de tiempo en las intervenciones, el aplazamiento de las obras y la falta de materiales para la finalización de las adecuaciones, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer solicitó a la USPEC, allegar el avance de ejecución para el mantenimiento de la infraestructura de estos espacios, de manera que se garanticen los derechos y la protección integral de los niños y niñas beneficiarios de esta modalidad.

La historia

Existe una preocupación en el Ministerio Público actualmente: las constantes demoras en la atención en salud a los niños y niñas menores de tres años que conviven con sus madres en los establecimientos de reclusión del orden nacional -ERON-. Por esa razón, la Procuraduría General de la Nación pidió al Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, Andrés Ernesto Díaz Hernández, un informe detallado sobre la prestación del servicio integral a esta población de especial protección constitucional.

La solicitud se origina, según explica la Procuraduría, luego de que, en el Comité Técnico de seguimiento preventivo realizado por la Procuraduría en septiembre y octubre de este año, se referenciaron quejas sobre la prestación del servicio de salud, a cargo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, a través del fideicomiso que proporciona este servicio a las personas privadas de la libertad y a los menores de tres años. Lo que encontraron los investigadores no es de poca monta.

Según lo reportado, “existen barreras para el goce efectivo del derecho a la salud, como dificultades en la aprobación de las órdenes médicas, en la coordinación de brigadas de prevención; para contar con las historias clínicas en formatos digitales, tardanza en la autorización para la asignación de la cita, reprocesamiento en la toma de la historia clínica, entre otras”.

De acuerdo con lo informado por la Procuraduría, “30 mujeres y 24 menores de 3 años de edad se encuentran conviviendo en 10 centros de reclusión del país, en donde también reciben el servicio de atención a la primera infancia en los Centros de Desarrollo Infantil a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, el Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC- y las Entidades Prestadoras del Servicio - EAS”.

Entre otras cosas, la Procuraduría pide, a través de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, referenciar la ruta de atención en salud para los niños y niñas menores de tres años de edad, las Entidades Prestadoras de Salud -EPS- e Instituciones Prestadoras de Salud -IPS- que atienden estos servicios y los mecanismos de supervisión que ejerce la -USPEC-.

La propuesta de MinJusticia sobre el hacinamiento en Colombia

En medio de una de las peores crisis carcelarias y penitenciarias en la historia reciente del país, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hizo una propuesta para que se defina la situación jurídica de 180.000 personas que permanecen privadas de la libertad.

Según Osuna, es necesario hacer este conteo con el fin de definir los casos de personas que deben seguir en los centros carcelarios de Colombia y quienes pueden recibir beneficios como la detención domiciliaria o la libertad condicional con el brazalete electrónico.

Por esto les pidió a todos los consultorios jurídicos de las universidades públicas y privadas del país que los acompañen para la definición de la situación jurídica de esas 180.000 personas: “Nos acompañen con abogados voluntarios porque no es suficiente el personal para hacer un censo fidedigno”.