Piden investigar al comisionado de paz, Danilo Rueda, por no presentar denuncia de narcos que se quieren colar en la ‘paz total’

“Hemos tenido información e indicios de que está sucediendo una operación irregular e ilegal, en donde quizás algunos clientes están siendo engañados al recibir ofrecimientos para ser gestores de paz”, esta fue la declaración que entregó el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, a SEMANA y se armó un alboroto que no para, y no es para menos, el asunto es de extrema gravedad, pues estarían torciendo la que puede ser la apuesta más importante del presidente Gustavo Petro: la paz total. Lo que se sabe es que habría un cartel de abogados ofreciendo impunidad a cambio de un botín tasado en un millón de dólares.

Pues la gravedad de esta denuncia, reconocida por el comisionado Rueda, ahora se convirtió en una solicitud formal, radicada ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, en las que piden abrirles investigaciones penales y disciplinarias al alto funcionario por “los delitos de calumnia e injuria y atentar contra el buen nombre de los abogados litigantes y para proteger los derechos inalienables de las víctimas del conflicto armado”.

Señala la denuncia de los denominados defensores de derechos humanos que Rueda tenía la obligación constitucional de presentar, en primer lugar, la denuncia de los presuntos pagos para colarse en las listas de vinculados al proceso de paz total ante las autoridades judiciales, es decir, ante la Fiscalía.

Además, sostienen que, por el contrario, decidió decir en SEMANA se han acercado a su oficina junto a sus abogados, que los ha atendido por medio de audiencias virtuales y presenciales en ”ningún acercamiento de estos está asegurando que se va a asignar una gestoría o que haya impunidad frente a los procesos que están en curso”.

Señala el documento radicado en la Fiscalía que hizo “una denuncia ambigua, sin nombre propio de los abogados, lo que termina afectando la imagen y buen nombre de los profesionales del derecho que litigan, que tienen clientes en las cárceles y que colaboran con la paz total. Nuestras organizaciones sociales sin ánimo de lucro, como nuestros abogados, tiene contacto legal y humanitario con varios actores del conflicto armado”, señala el documento firmado por nueve organizaciones y personas naturales.

El hermano de Petro, a declarar

El fiscal general Francisco Barbosa anunció que citó a declarar al comisionado de Paz, Danilo Rojas, y a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, por la denuncia hecha por SEMANA sobre los pagos que estaría haciendo un grupo de narcotraficantes para ser nombrados como gestores de paz.

El jefe del ente investigador aseguró que es necesario aclarar las presiones que se estarían presentando para que personas que no cumplen los requisitos sean nombrados. “Son elementos notarios que vamos de oficio a llamar a las diferentes personas que han venido apareciendo en esas informaciones. El presidente Gustavo Petro fue el primero en decirme que esto se aclare, no quiere que el proyecto de ‘paz total’ termine en enredos, vamos a ir hasta las últimas consecuencias en este asunto”.

Estas declaraciones fueron hechas tras la reunión que sostuvo este lunes el fiscal Barbosa con el presidente Petro para hablar temas del proyecto de la ‘paz total’, entre estos la liberación de integrantes de bandas criminales (Clan del Golfo y Los Pachelly) así como de narcotraficantes que fueron designados por el Gobierno para ser gestores dentro del proyecto de la ‘paz total’.

En su más reciente edición, SEMANA reveló un sofisticado, oscuro y millonario plan que amenaza la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro. Un grupo de narcotraficantes le estarían pagando hasta un millón de dólares a un cartel de abogados a cambio de ser nombrados gestores de paz para así evitar su extradición a Estados Unidos y quedar en libertad. La situación más crítica se vive en las cárceles de Antioquia y en La Picota, en Bogotá. La escandalosa trampa tiene las alarmas encendidas en la Casa de Nariño, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Inpec.

El negocio sucio empezó a gestarse en la pasada campaña presidencial, cuando estalló la polémica por las visitas a las cárceles por parte de Piedad Córdoba y Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente Gustavo Petro. En ese entonces se habló de un “perdón social” que incluiría a corruptos, asesinos y narcotraficantes. En el caso de Córdoba, se denunciaron supuestos ofrecimientos a los extraditables para no ser enviados a Estados Unidos si Petro ganaba las elecciones. Ninguna autoridad investigó el tema y el candidato apartó a Córdoba de su equipo. Desde entonces, un cartel de abogados, muy oportunista, puso en marcha la macabra estrategia que hoy destapa SEMANA.

Varios abogados consultados por este medio dieron fe, bajo reserva, de lo que está ocurriendo en las cárceles donde están recluidos los narcos. “A mi cliente le contaron que con ese pago se garantiza la no extradición, mientras, al mismo tiempo, era posible apuntar a unos beneficios. El tema surgió y se conversó. La información circuló entre varios abogados. Algunos aseguran que tienen audios y chats que confirman las exigencias de dinero”, sostuvo una abogada que defiende a varios capos.

Y agregó: “Incluso se conoce el caso de un narco extraditado, con el nombre o el alias de Álex, que hizo un pago de un millón de dólares a una ONG que le aseguró que ese trámite quedaría congelado, pero no le cumplieron y seguramente estará denunciando ese pago ante las autoridades de Estados Unidos”.

Sobre las pruebas, otra fuente indicó: “Hay un abogado que tiene todas las grabaciones con las exigencias de dinero de dos reconocidos personajes a los narcos para incluirlos en la ‘paz total’. Pero tiene miedo de entregarlas”.

Ante estas graves denuncias, el comisionado de paz, Danilo Rueda, expresó que su oficina está al tanto de los hechos: “Hemos tenido información e indicios de que está sucediendo una operación irregular e ilegal, en donde quizás algunos clientes están siendo engañados al recibir ofrecimientos para ser gestores de paz”.

Otro caso que activó las alertas en el Gobierno fue el de José Ómar Henao Acevedo, alias Ómar, señalado de ser un gran capo de la mafia en Antioquia y de comandar la tenebrosa banda de Los Pachelly. Este grupo criminal ha manifestado públicamente su voluntad de formar parte de la ‘paz total’ de Petro. Henao Acevedo estaba preso en una URI de Medellín, pero las autoridades descubrieron una información delicada: le habría pagado a un abogado hasta 120 millones de pesos para ser trasladado a la cárcel de Itagüí. Sin embargo, ya estaba “perfilado” para ser recluido en La Picota, en Bogotá, dijo una alta fuente del Inpec. Por eso, su plan falló y puso en evidencia una primera movida corrupta para obtener beneficios.

El comisionado Rueda explicó a este medio que muchos narcos se han acercado a su oficina a través de abogados y él mismo, acompañado de sus funcionarios de confianza, los ha atendido en audiencias presenciales y, en dos ocasiones, virtuales. “Ningún acercamiento de estos está asegurando que se va a asignar una gestoría o que haya una impunidad frente a los procesos que están en curso”, explicó Rueda.

Según él, hay un examen exhaustivo de los documentos que sustentan el deseo de los narcos de participar en la ‘paz total’. No cualquiera cabe allí. De ocho solicitudes de traslado para colaborar “en labores de paz urbana en diferentes lugares del territorio colombiano”, solo cuatro están vigentes. Todas ellas, justamente, de capos recluidos en Buenaventura y en la cárcel de Itagüí, a donde quería llegar de manera tramposa alias Ómar, jefe de Los Pachelly. Todos los informes presentados se cotejan con quien lleva el proceso penal del narcotraficante.

Los traslados son parte del proceso para que los condenados sean llevados a un solo centro penitenciario que facilite las gestiones de paz frente a aquellos que siguen activos en las calles, dedicados al tráfico de drogas. Sin embargo, aún falta el marco jurídico que permita que formalmente estas personas puedan ser reconocidas como gestoras de paz, y ese trámite, inevitablemente, tiene que darse en el Congreso.

También hay un filtro de la comisión de investigación del Inpec que tiene que expedir una especie de certificado de buena conducta del detenido. Muchos abogados nunca regresan a la Oficina del Comisionado de Paz después del primer contacto. “Uno no sabe lo que pasa después”, dijo el comisionado Rueda, quien sostuvo que, básicamente, están estafando o tumbando a los narcos con falsas promesas. “Ser gestor de paz no tiene precio. Las gestorías solamente se otorgan con condiciones en la medida en que haya un proceso de construcción hacia la paz. Esto no es ni una boleta que se compra, ni tampoco algo que se rifa. Hay unos protocolos rigurosos para que pueda entregarse o designarse a alguien con esa categoría. Si se hace de otra manera, eso es corrupción”, advirtió el comisionado Rueda. ¿Es un delito? “Sí, es un delito”, dijo el funcionario.

Fuentes del Gobierno confirmaron que hace unos días un abogado que dijo venir de Cali en nombre de narcotraficantes, con conexiones con grupos armados ilegales en zonas rurales, se presentó ante el comisionado Rueda, quien lo escuchó y le dejó claros los requisitos. Al terminar el encuentro, el funcionario fue alertado de que esta persona estaba exigiéndoles dinero a los narcos con la promesa de que los convertiría en gestores de paz. Sus peticiones fueron descartadas de manera inmediata.

En libertad, una reconocida narcotraficante de Santa Marta, ligada a Los Pachenca, también estaría gestionando su ingreso a la ‘paz total’ a cualquier precio.