Fiscalía investiga a Pretelt por "crímenes de guerra"

La Fiscalía anunció este viernes que la esposa del magistrado Pretelt, Martha Ligia Patrón, tendrá que rendir interrogatorio el próximo 27 de marzo por presunto despojo de tierras a campesinos del Urabá.

Según informó el ente investigador, la semana pasada la Dirección Nacional de Justicia Transicional solicitó ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín la imposición de medidas cautelares sobre los predios La Corona y Alto Bonito. Al parecer, las fincas que adquirieron el magistrado y su esposa entre el 2002 y el 2003 estarían involucradas con casos de desplazamiento forzado.

Por esto, la Fiscalía investigará si con esta compra-venta se cometieron los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes indebidos.

Incluso, el asesor del vicefiscal Jorge Perdomo informó que por estos hechos fue acusada hace un mes la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba.

El Fiscal General, Eduardo Montelalegre, dio la orden de que todas las investigaciones sean trasladadas a Bogotá a la Dirección Nacional de Análisis y Contexto (Dinac). Esta dirección está conformada por un grupo de especialistas de 320 personas especializadas en contextualizar e investigar crímenes de lesa humanidad.

Para este caso, la Dirección destacará un grupo con siete fiscales, cinco analistas y cinco investigadores. Además, Montealegre ordenó que se trasladen copias de la investigación ante la Comisión de Acusaciones.

Las explicaciones que piden a Pretelt y Mendoza Diago

Como si hiciera falta, se caldea más la situación en torno del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, inmerso en un escándalo por presuntos actos de corrupción que lo tiene al borde de tener que renunciar a su cargo, lo que se le ha pedido insistentemente desde diferentes sectores.

Las cosas se le podrían complicar al togado aún más y no solo a él, sino también a personas que le han sido cercanas, como es el caso de la destituida directora de Fiscalías en Córdoba, Gilma Londoño. Esta vez el involucrado es el exfiscal general de la Nación Guillermo Mendoza Diago.

La historia es esta. El miércoles en la noche Noticias RCN divulgó un audio en el que se oye supuestamente a Pretelt conversando con el juez Carlos Martínez, al que presuntamente le gestionaba un alto cargo en la Fiscalía General de la Nación.

En medio de la conversación, el magistrado le pide prestado a su subalterno el vehículo blindado que le asignó el Consejo Superior de la Judicatura con motivo de un viaje personal. Pero no es lo peor. Punto seguido el togado le pide al juez Martínez, en apariencia, favorecer a 16 miembros de una banda criminal.

Exfiscal en escena

Para la época de los hechos, Mendoza Diago fungía como fiscal general. Lo que algunos creen es que él pudo haber consentido el nombramiento del entonces juez. También se lo señala porque la investigación que avanzaba a partir de las grabaciones –que datan de agosto del 2010- se hubiera supuestamente ‘engavetado’.

El antiguo jefe del ente acusador (que fue encargado de esa posición por cerca de un año, tras desempeñarse como vicefiscal general en la administración de Mario Iguarán), le dijo este jueves a La FM que no tuvo que ver con el asunto y que el juez Martínez no fue nombrado. Ha dicho, además, que una investigación no puede tener un resultado inmediato. Esto, para advertir que en su administración esa investigación no se escondió, como ahora se sospecha.

Pero no es la primera vez que Mendoza Diago viene de ser objeto de suspicacias por cuenta de Pretelt, de quien es familiar lejano.

La firma Fidupetrol, eje del escándalo que tiene al cuestionado magistrado contra las cuerdas, fue representada por el exfiscal en un proceso ante la Contraloría General, por el que cobró -según él mismo contó- 100 millones de pesos.

Por si fuera poco, en medio de estas coincidencias, su esposa, Norah Vélez de García, funge como abogada sustanciadora en el equipo de trabajo de Pretelt en la Corte Constitucional y cobra, según reveló Mendoza Diago, un sueldo mensual de cinco millones de pesos.

El exalto funcionario aclaró dos cosas. En primera instancia, este tipo de procesos es ahora su fuente de ingresos como abogado que es y, como cualquiera, tiene derecho a trabajar. En segundo lugar, señaló que la tutela que interpuso Fidupetrol contra una decisión de la Corte Suprema, que fue escogida para su estudio por la Corte Constitucional, nunca llegó al despacho de Pretelt, así que su esposa nunca habría tenido acceso a ella.

Viene proceso

Mientras los audios transitan por los medios y se abren los respectivos expedientes de investigación, la Red de Veedurías interpuso una denuncia este mismo jueves ante la Comisión de Acusaciones -para el caso de Pretelt y del exfiscal Mendoza Diago- y en la Fiscalía y Procuraduría para en cuanto al juez Martínez, por los presuntos delitos cometidos que se derivan de estas conversaciones.

La Red considera que las autoridades están obligadas a investigar los presuntos delitos de Concierto para delinquir, tráfico de influencias, infidelidad a los deberes profesionales, encubrimiento, fraude procesal, violencia contra empleado oficial, perturbación de actos oficiales y favorecimiento. En fin, un arsenal de presuntos delitos.

La Red aprovecha para pedirle a la Fiscalía que investigue a otras personas que han aparecido dentro del escándalo que rodea al magistrado. Las autoridades tienen la palabra de este caso, que parece estar lejos de terminar.