Piden libertad condicional para Roberto Prieto

Roberto Prieto estuvo en el ojo de varias investigaciones en la Fiscalía y solo por una, que se convirtió en un acuerdo con el ente acusador, fue condenado. Las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la construcción del Puente Largo en el municipio de Plato (Magdalena) y que se conoció como la Ruta del Sol 3.

El preacuerdo con la Fiscalía fue por los delitos de contrato sin requisitos legales, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado; esa negociación le valió la condena a cinco años de prisión y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo.

El exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014 fue investigado también en los millonarios contratos que se revisaron entre Odebrecht y algunos gastos que no fueron reportados en las cuentas de la campaña presidencial y que la Fiscalía compulsó al Consejo Nacional Electoral.

El proceso que derivó en su condena incluyó un supuesto pago de 690 millones de pesos que –de acuerdo con la Fiscalía– recibió por sus gestiones ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y que terminó en la adjudicación del millonario contrato a Yuma Concesionaria.

Al inicio del proceso y de los otros que transitaron por la Fiscalía sobre la financiación de la campaña Santos Presidente 2014, Roberto Prieto se declaró inocente, pero tras llegar a un acuerdo el exgerente de campaña aceptó cargos en el primer proceso y se fijó la condena, además de una reparación económica superior a los 800 millones de pesos en favor del Estado.

“Cuatro títulos judiciales del Banco Agrario de Colombia divididos así: el 13 de noviembre de 2018 por un valor de $165 millones, el 23 de abril de 2019 se consignó la suma de 48 millones de pesos, el 24 de abril de 2019 consigna 225 millones de pesos y el 25 de abril de 2019 reintegra 438 millones de pesos para un total de 877 millones”, señaló el juez que aprobó el preacuerdo entre Roberto Prieto y la Fiscalía.

Lo que no quedó claro en ese acuerdo con el ente acusador fue la posibilidad de servir como testigo; en otras palabras, aceptó cargos, asumió responsabilidad y no anticipó ayudar a la justicia para aclarar o entender el escándalo del que fue protagonista Odebrecht.

Roberto Prieto estuvo en la cárcel La Modelo de Bogotá y luego fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía, Cespo, el mismo lugar que pidió como reclusión el exdirector anticorrupción Luis Gustavo Moreno y que le fue negado, tras considerar, en criterio de la Policía, que Cespo no era una cárcel.

Ahora, y tras cumplirse las tres quintas partes de la condena, su defensa solicitó ante los jueces de ejecución de penas la libertad condicional. La solicitud está hecha y ahora se espera que una vez los jueces regresen de la vacancia judicial se defina la libertad del exgerente de la campaña Santos Presidente 2014.

Hace unas semanas, mientras en la Procuraduría se adelantaba un juicio disciplinario, Roberto Prieto fue citado a declarar, como testigo, en la Fiscalía General de la Nación, en un capítulo del escándalo de Odebrecht. Sin embargo, la diligencia se aplazó y hasta el momento no se conoce una reprogramación de la citación.

Son muchas las dudas que existen y que en criterio de varios sectores políticos y jurídicos podrían ser resueltas por Roberto Prieto. Pero con las condiciones que resumieron el acuerdo con la Fiscalía, seguramente seguirán ocultas.